En 2005 la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida (23.492 y 23.521, respectivamente) son inválidas e inconstitucionales. Las mismas, dividieron a la opinión pública del país durante el Gobierno de Raúl Alfonsín y el legado que dejaba a los sucesores presidentes respecto a los juicios de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
La puerta hacia la impunidad
Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida establecieron la impunidad, es decir, la extinción de la acción penal y la no punibilidad de los delitos cometidos en el marco de la represión sistemática durante la dictadura cívico militar instaurada en 1976.
Cerraba el tercer año de Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, ya se hablaba sobre los delitos y crímenes de lesa humanidad, las abuelas y madres de plaza de mayo eran reconocidas en el mundo entero por reclamar con vida a los detenidos desaparecidos y a los bebés que fueron expropiados. Este grupo de mujeres logró establecer quiénes fueron los responsables de los crímenes de lesa humanidad y promover su enjuiciamiento.
¿Qué fue la Ley de Punto Final?
El debate por un proyecto de ley del oficialismo, estaba siendo repudiado por amplios sectores políticos y la totalidad de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos porque daba paso a la impunidad para la inmensa mayoría de los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura.
El martes 23, la Cámara de Diputados convirtió el proyecto en ley. Sin perder el tiempo, el Ejecutivo la promulgó el miércoles 24. La norma llevaba el número 23.492, pero ya se la conocía como “La Ley de Punto Final”.
Así se convirtió en la primera ley de impunidad para los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Hubo un gran debate en el oficialismo y una marcha multitudinaria de los organismos de derechos humanos.
¿Qué fue la Ley de Obediencia Debida?
Poco después de la sanción de la ley de Punto Final hubo un levantamiento carapintada en Semana Santa de 1987 comandado por Aldo Rico. Enseguida se promulgó la Ley de Obediencia Debida que limitaba al grado de Coronel el juzgamiento de los crímenes de la dictadura.
Durante el juicio a la Junta Militar se conoció parte del horror cometido por los genocidas durante la dictadura cívico-militar; a ellos solo se los juzgaron por 280 casos de los casi 9.000 denunciados ante la CONADEP.
Antes del juicio a las Juntas cientos de miles de personas no se habían animado a denunciar que tenían familiares desaparecidos durante el terrorismo de Estado. Tampoco los detenidos denunciaron que fueron víctimas de torturas, violaciones y todo tipo de vejaciones durante su cautiverio.
El expresidente Raúl Alfonsín, presionado por la cúpula de las fuerzas armadas, anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para establecer un plazo de 60 días para denunciar los delitos, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia.
Antes de terminar el plazo fijado por la ley de Punto Final, la Cámara Federal condenó a cinco de los nueve acusados de las juntas militares por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976.
Todo parecía indicar que se había terminado, sin embargo, seguían apareciendo cada vez más denuncias ante la Justicia y militares de todos los rangos implicados. Pero la ley de Obediencia Debida, impuso a los jueces que investigaban los hechos cometidos en el marco de la represión ilegal, una realidad según la cual los imputados habían actuado en virtud de órdenes superiores.
Círculo de impunidad
El círculo de impunidad quedaría casi cerrado. Los indultos llegaron con Carlos Menem frente a una masiva movilización que marchó de Plaza de Mayo a Plaza del Congreso en reclamo por los derechos humanos.
El ex presidente indultó en su Gobierno a ex comandantes de la última dictadura cívico-militar condenados por delitos de lesa humanidad y también fueron alcanzados por los decretos de indulto los militares carapintadas que se sublevaron contra el Gobierno de Raúl Alfonsín.
Carlos Menem firmó cuatro decretos por los cuales les otorgó el perdón a 220 militares y 70 civiles.
Finalmente, en 2003, el Senado de la Nación había sancionado la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que impedían que se juzgue a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.
En septiembre de ese mismo año el Poder Ejecutivo, a cargo del entonces Presidente Néstor Kirchner, promulgó la ley 25.779 que declaró la nulidad de las leyes.
Y el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declaró en la causa “Simón” que ambas eran inconstitucionales. Lo que permitió que cientos de represores, civiles y militares, cuyos enjuiciamientos se habían interrumpido, sean juzgados.
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