El 20 de agosto, el Día del Activismo por la Diversidad Sexual, recuerda la muerte de Carlos Jáuregui, uno de los fundadores y primer presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), y una figura central en la construcción del movimiento LGBT local. Jáuregui murió el 20 de agosto de 1996, a los 38 años, después de haber convertido una consigna en una herramienta política: «En una sociedad que nos educa para la vergüenza, el orgullo es una respuesta política».
30 años después, aquella pelea atraviesa una nueva etapa. Porque si durante las últimas décadas la militancia LGBT consiguió transformar reivindicaciones en leyes, durante el Gobierno de Javier Milei el conflicto pasa por evitar perder lo conquistado. Argentina sigue teniendo matrimonio igualitario, Ley de Identidad de Género, cupo laboral travesti-trans y reconocimiento de identidades no binarias, las leyes no desaparecieron. Pero el Estado que debía garantizar su cumplimiento fue desarmando buena parte de las estructuras creadas para hacerlo. Entonces, ¿qué queda de un derecho cuando existe formalmente, pero cada vez hay menos políticas públicas para garantizarlo?
Del orgullo como conquista al Estado como territorio de disputa
La historia reciente de los derechos LGBT en Argentina es, en buena medida, la historia de un movimiento que consiguió convertir la visibilidad en ciudadanía. El matrimonio igualitario, aprobado en 2010, la Ley de Identidad de Género de 2012, el DNI no binario y la Ley de Cupo Laboral Travesti-Trans fueron conquistas que producto de décadas de organización, movilización y disputa política. La Ley Diana Sacayán-Lohana Berkins, por ejemplo, estableció un piso del 1% de los cargos del Estado nacional para personas travestis, transexuales y transgénero, con el objetivo de enfrentar una exclusión laboral histórica.
El problema es que una ley necesita presupuesto, organismos, trabajadores, capacitación y decisión política. Durante el gobierno de Milei, justamente esos instrumentos fueron puestos bajo la motosierra. En febrero de 2024, el Ejecutivo anunció el cierre del INADI y posteriormente el Decreto 696/2024 formalizó su disolución. El organismo había sido una de las principales puertas institucionales para denunciar situaciones de discriminación, incluidas aquellas vinculadas con la orientación sexual y la identidad de género.
A esto se sumó el desmantelamiento de las estructuras estatales dedicadas a género y diversidad. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad fue degradado primero y cerrado después, mientras organizaciones LGBT denunciaron el vaciamiento de políticas específicas. Lo que para el Gobierno de Milei es una cuestión de eficacia, para el colectivo es que mientras desaparecen los organismos que reciben denuncias, producen estadísticas, capacitan funcionarios o implementan programas específicos, también desaparece la capacidad estatal para responder ante la discriminación.
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La ofensiva contra los derechos trans
En febrero de 2025, el Gobierno modificó mediante el DNU 62/2025 el artículo 11 de la Ley 26.743 y restringió el acceso de menores de 18 años a tratamientos hormonales e intervenciones de afirmación de género. El Ejecutivo justificó la medida apelando a la protección de niños y adolescentes, pero organizaciones LGBT y especialistas cuestionaron que el Poder Ejecutivo modificara mediante un DNU una ley sancionada por el Congreso y denunciaron un retroceso en derechos.
La Justicia terminó interviniendo. En julio de 2026, la Sala V de la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió cautelarmente el DNU 62/2025, restituyendo la vigencia de la Ley de Identidad de Género y la posibilidad de garantizar la continuidad de tratamientos contemplados por la normativa. Algo similar ocurre con el cupo laboral travesti-trans. La ley continúa vigente, pero los despidos y la reducción del Estado golpearon especialmente a quienes habían conseguido ingresar a la administración pública mediante esa herramienta. En junio de 2026, ATE informó incluso la reincorporación judicial de una trabajadora trans despedida y denunció el incumplimiento de la legislación vigente. El problema es que mientras tanto, el Gobierno comenzó a trabajar en una iniciativa para eliminar lo que denomina “discriminación positiva”, que incluiría el cupo laboral trans y el DNI no binario.
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Lo que queda no es poco: el orgullo como resistencia
Es falso decir que en Argentina ya no existen derechos LGBT. El matrimonio igualitario sigue siendo ley. La identidad de género continúa reconocida jurídicamente. El cupo laboral travesti-trans no fue derogado. Las identidades no binarias siguen teniendo reconocimiento documental. Pero tampoco alcanza con enumerar leyes para decir que todo sigue igual. Los derechos son también políticas públicas, acceso a la salud, empleo, educación, protección frente a la violencia y mecanismos para denunciar la discriminación. Cuando esos dispositivos se desfinancian o desaparecen, la igualdad formal puede convivir perfectamente con desigualdades concretas.
Por eso el Día del Activismo por la Diversidad Sexual con Milei tiene un significado distinto. El orgullo que reivindicaba Jáuregui nació como una respuesta política frente a la vergüenza y la persecución. Hoy vuelve a ser resistencia. En la Argentina de Milei, la bandera del arcoíris no representa solamente una celebración de lo conquistado. También funciona como una advertencia: los derechos pueden estar escritos en una ley, pero para que sigan siendo derechos necesitan una sociedad dispuesta a defenderlos.
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