Mientras España acaba de convertir las terapias de conversión en un delito penado con hasta 2 años de prisión, Estados Unidos hace casi lo contrario. A principios de abril, la Corte Suprema estadounidense invalidó una ley de Colorado que prohibía estas prácticas sobre menores de edad, al considerar que vulneraba la libertad de expresión de profesionales de la salud mental. Dos decisiones opuestas que reflejan una disputa global sobre los derechos de las personas LGBTIQ+.
En Argentina, aunque no existe una ley que prohíba explícitamente las terapias de conversión, las denuncias continúan apareciendo. Una investigación reciente reveló el funcionamiento de organizaciones religiosas, principalmente vinculadas a sectores evangelistas, que buscan «corregir» la orientación sexual o la identidad de género de las personas mediante prácticas de manipulación psicológica, aislamiento, culpa y coerción espiritual. El problema, advierten especialistas y organizaciones de derechos humanos, es que estas prácticas permanecen invisibilizadas y encuentran un vacío legal que dificulta sancionarlas.
Hoy, con las mal llamadas terapias de conversión penalizadas, las víctimas ya no se sienten solas al denunciar.
🏳️🌈 @yoursaulmate, presidente de @noesterapia_net, en la jornada «Nada que curar, mucho que celebrar». pic.twitter.com/jZ0JrFdx51
— PSOE Congreso (@gpscongreso) July 2, 2026
Qué son y por qué se consideran una forma de tortura
Las llamadas terapias de conversión, también conocidas como esfuerzos de cambio de la orientación sexual o la identidad de género (ECOSIEG), comprenden cualquier práctica destinada a modificar la orientación sexual o la identidad de género de una persona para adecuarla a la heterosexualidad o impedir una transición de género. Pero desde médicos hasta organismos internacionales sostienen, desde hace años, que no poseen ningún respaldo científico. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) afirmó en 2012 que representan una «grave amenaza para la salud y los derechos humanos», mientras que expertos de Naciones Unidas las describieron como prácticas que pueden constituir tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Las principales asociaciones médicas y psicológicas del mundo coinciden en que la homosexualidad y las identidades trans no son enfermedades y, por lo tanto, no requieren ningún tipo de tratamiento o cura. Sin embargo, estas prácticas siguen existiendo bajo distintos formatos. Algunas se presentan como acompañamiento psicológico, otras como retiros espirituales, sesiones de oración, grupos de apoyo religioso, cursos de liderazgo o espacios de «sanación». En muchos casos ya no hablan de «curar la homosexualidad», sino de abandonar un supuesto «estilo de vida equivocado» o de recuperar la «identidad verdadera» de las personas. Diversos estudios internacionales las vinculan con mayores niveles de ansiedad, depresión, estrés postraumático, consumo problemático de sustancias e intentos de suicidio.
Ver esta publicación en Instagram
Un vacío legal y prácticas que continúan funcionando
La legislación argentina establece que nadie puede diagnosticar a una persona en función de su orientación sexual o identidad de género. Así lo determina la Ley Nacional de Salud Mental, que impide considerar estas características como patologías. Sin embargo, la norma no menciona de forma específica las terapias de conversión. Esa ausencia genera un importante vacío legal. Una investigación documentó testimonios de personas que atravesaron estas prácticas dentro de iglesias evangélicas y otros espacios religiosos. Uno de ellos es Leonel, quien ingresó siendo adolescente a una congregación en Tandil. Allí le hicieron creer que su orientación sexual era consecuencia de traumas, lo convencieron de terminar su relación con otro joven, lo sometieron a exorcismos, ayunos, aislamiento de sus amistades y largas jornadas de trabajo voluntario para la iglesia. Con el tiempo comprendió que había sido víctima de una terapia de conversión.
Según explicó el abogado e investigador Lucas Mendos, cualquier esfuerzo sostenido para modificar la orientación sexual o impedir una transición de género constituye una terapia de conversión, independientemente del nombre que reciba. Desde la organización 100% Diversidad y Derechos advierten que estas prácticas suelen esconderse detrás de discursos de «amor» o «acompañamiento», evitando presentarse abiertamente como tratamientos de reconversión. En el NEA también existen antecedentes preocupantes. En Misiones, la muerte de Federico Gómez en 2021 motivó que la organización solicitara investigar si el hostigamiento sufrido dentro de su comunidad religiosa por ser gay podía haber constituido una terapia de conversión e incluso una instigación al suicidio. La entidad también registró denuncias sobre comunidades evangelistas en Chaco donde persisten discursos que sostienen que las personas LGBTIQ+ deben abandonar el «pecado», promoviendo presiones familiares y comunitarias para modificar su orientación sexual.
Ver esta publicación en Instagram
El impacto sobre la salud mental
Los efectos de estas prácticas no son únicamente individuales. El Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en Argentina mostró la magnitud de la discriminación que aún enfrenta el colectivo. La investigación, realizada sobre más de 15.000 personas, reveló que entre el 20% y el 36% de gays, lesbianas y personas trans afirmaron que sus familias intentaron buscar profesionales o referentes religiosos para «corregir» sus identidades u orientaciones sexuales.
El estudio también encontró que seis de cada diez personas LGBTIQ+ manifestaron haber tenido ideación suicida alguna vez en su vida, una cifra que asciende al 85% entre los varones trans. Especialistas sostienen que décadas de discriminación, violencia familiar, exclusión social y discursos que presentan la diversidad como algo que debe ser corregido generan estos indicadores, y no las identidades sexuales o de género en sí mismas.
ADEMÁS EN NEA HOY:
A 16 años del Matrimonio Igualitario: los derechos no se plebiscitan
