El 15 de julio de 2010 Argentina marcó un antes y un después en la historia. Esa madrugada, tras un debate que atravesó al Congreso, a las iglesias, a los medios de comunicación y a toda la sociedad, el Senado convirtió en ley el Matrimonio Igualitario. Con la sanción de la Ley 26.618, el país se convirtió en el primero de la región en reconocer el derecho de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio con los mismos derechos y obligaciones que cualquier otra.
16 años después, el matrimonio igualitario vuelve a ocupar el centro de la discusión pública. Pero ya no porque se debata su aprobación, sino porque algunos sectores intentan instalar la idea de que existe un supuesto «retroceso» de la llamada «agenda woke» o de la «agenda gay», una expresión que reduce derechos humanos a una estrategia política o de marketing.
La discusión reapareció luego de que una encuesta global de Ipsos mostrara que en Argentina el apoyo al matrimonio igualitario pasó del 82% en 2021 al 65% en 2026. Si bien 7 de cada 10 argentinos continúan respaldando la ley, algunos análisis mediáticos presentaron esa caída como un síntoma del supuesto agotamiento de las políticas de diversidad. Sin embargo, la verdadera pregunta es: ¿qué hacemos pensando que los derechos fundamentales pueden depender de la aprobación circunstancial de una mayoría?
Derechos, no concesiones
La Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos incorporados a ella parten del principio básico de que los derechos no son concesiones otorgadas por las mayorías, sino garantías que el Estado debe proteger incluso cuando resultan impopulares. Si la vigencia de un derecho dependiera exclusivamente de las encuestas, cualquier minoría quedaría expuesta a perder protecciones cada vez que cambiara el clima político o cultural.
Ese fue precisamente el espíritu que atravesó el debate parlamentario de 2010. La discusión no consistía en determinar si una mayoría estaba de acuerdo con las familias diversas, sino si el Estado podía seguir negándoles igualdad ante la ley. La Ley 26.618 eliminó una discriminación jurídica que impedía a miles de personas acceder al matrimonio civil, a la adopción conjunta, a derechos hereditarios, previsionales, de salud y de seguridad social. No creó privilegios, eliminó una desigualdad.
La estrategia de importar la «guerra cultural»
La discusión actual tampoco puede separarse del contexto político internacional. En Estados Unidos, el ascenso del movimiento conservador encabezado por Donald Trump impulsó una ofensiva contra distintos derechos vinculados a la diversidad sexual y de género. Esa agenda fue replicada por gobernadores republicanos mediante restricciones a derechos de las personas trans, limitaciones en escuelas, prohibiciones deportivas y proyectos para cuestionar fallos históricos de la Corte Suprema.
Incluso encuestas recientes de Gallup muestran una leve caída en el apoyo al matrimonio igualitario entre votantes republicanos, aunque continúa siendo ampliamente respaldado por demócratas e independientes. Ese escenario comenzó a ser importado por sus voceros locales. La idea de que existe una «agenda woke» responsable de distintos problemas sociales se convirtió en uno de los ejes del discurso de la nueva derecha global, que busca presentar los avances en materia de igualdad como privilegios de determinadas minorías. Hablar de «agenda gay» transforma derechos civiles en una plataforma ideológica, cuando en realidad el matrimonio igualitario forma parte del sistema de protección de derechos humanos reconocido por el Estado argentino.
la falta de responsabilidad de @mendelevicha de decir «la gente se hartó de la agenda gay» cuando más del 65% de la población apoya el matrimonio igualitario y 7 de 10 leyes antidiscriminatorias. solo tenía ganas de hacer una columna de mierda y que la levanten. rip periodismo.
— make argentina gay again (@makearggayagain) July 1, 2026
Los medios también construyen sentido
En ese contexto se inscribió la presentación realizada días atrás por la periodista de un conocido medio nacional, quien, al analizar el estudio de Ipsos, afirmó que «la gente se hartó de la agenda gay». Más adelante intentó aclarar que utilizaba esa expresión para referirse a políticas contra la discriminación, aunque durante toda la exposición mantuvo ese encuadre, pero la elección de las palabras no es un detalle menor. No es lo mismo informar que descendió el apoyo al matrimonio igualitario que sostener que cayó el respaldo a una supuesta «agenda gay».
En el primer caso se describe un dato estadístico, en el segundo se construye un marco interpretativo que asocia derechos conquistados con una agenda política determinada. La diferencia importa porque el lenguaje también moldea la manera en que una sociedad entiende los derechos. Si la historia argentina hubiera esperado unanimidades sociales para ampliar derechos, probablemente muchas leyes fundamentales nunca habrían existido. El voto femenino encontró fuertes resistencias. El divorcio vincular fue duramente cuestionado. La educación pública, gratuita y obligatoria también enfrentó enormes oposiciones.
Con el paso del tiempo, todas esas conquistas dejaron de discutirse como privilegios para convertirse en derechos plenamente incorporados a la vida democrática. El matrimonio igualitario recorrió un camino similar. Hoy miles de familias se constituyen bajo esa ley, miles de niños crecieron en hogares reconocidos legalmente y cientos de parejas pudieron acceder a los mismos derechos civiles que cualquier otra.
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