Cuando el Gobierno de Javier Milei presentó la primera Ley Bases en el 2024, una sorpresa para muchos fue la inclusión de una modificación que habilitaba la educación a distancia como alternativa a la presencialidad a partir del segundo ciclo de la escuela primaria. La iniciativa cayó junto con el fracaso parlamentario de aquella ley. Dos años después, el oficialismo vuelve a poner sobre la mesa el homeschooling dentro del proyecto de Ley de Libertad Educativa. Lo que hace que nos preguntemos porqué el Gobierno insiste tanto en una propuesta que tiene tan poca presencia en Argentina.
Para numerosos especialistas, el homeschooling funciona como la cara más visible de una reforma mucho más profunda. Detrás de la posibilidad de que las familias eduquen a sus hijos en sus hogares aparece una discusión sobre el papel del Estado, el sentido de la escuela pública y el lugar que ocupa la educación dentro de una sociedad democrática.
Mucho más que estudiar desde casa
Durante más de un siglo, el sistema educativo argentino se apoyó en la idea de que la enseñanza constituye un derecho social garantizado por el Estado. Ese principio, consolidado con la Ley 1420 y reafirmado posteriormente por la Ley de Educación Nacional 26.206, entiende que la escuela no sólo transmite conocimientos, sino que también construye ciudadanía, promueve la integración social y busca reducir desigualdades entre quienes nacen en contextos muy diferentes. La propuesta oficial introduce otra lógica.
Para Gabriel Brener, especialista en Gestión y Conducción de Sistemas Educativos por FLACSO, el homeschooling debe analizarse dentro de un cambio de paradigma. «Trasladar la responsabilidad a las familias significa desplazar la responsabilidad del Estado hacia las posibilidades de cada hogar. Más que formar ciudadanía, ese modelo apunta a consumidores y debilita la educación como derecho social», sostiene. Entonces el Estado deja de ocupar el rol de garante principal y las familias asumen cada vez más responsabilidades. Se presenta como libertad pero puede terminar en un proceso de desresponsabilización estatal.
La referencia permanente a Estados Unidos para defender este tipo de iniciativas tampoco resulta casual. Ahí el homeschooling tiene una larga tradición y actualmente alcanza a alrededor de 3,4 millones de estudiantes, según el National Home Education Research Institute (NHERI). Sin embargo, responde a una historia política y cultural muy distinta a la argentina, donde la escuela pública nació con un fuerte objetivo integrador.
La escuela como espacio de igualdad
Argentina presenta una realidad diferente. La escuela pública fue concebida como una institución integradora en un país atravesado por desigualdades sociales, económicas y territoriales. Desde siempre, la escuela pública es uno de los principales ámbitos de socialización, convivencia democrática y detección temprana de situaciones de violencia, abuso o vulneración de derechos. Los especialistas advierten que trasladar la escolaridad obligatoria al ámbito doméstico podría profundizar desigualdades ya existentes.
No todas las familias cuentan con el mismo tiempo, los mismos recursos, el mismo capital cultural ni las mismas condiciones materiales para asumir una tarea educativa de esa magnitud. Esa preocupación también aparece reflejada en el informe ¿Desigualdad social, desigualdad escolar?, elaborado por Argentinos por la Educación en 2024. El estudio señala que, aunque la segregación escolar constituye un problema importante, las escuelas estatales siguen siendo los espacios donde conviven estudiantes de orígenes sociales más diversos.
Además, destaca que existen instituciones capaces de obtener mejores resultados educativos que los esperables para contextos de alta vulnerabilidad, demostrando que la escuela puede actuar como un factor de compensación frente a las desigualdades de origen. Para Brener, ahí reside uno de los principales riesgos del proyecto oficial. «¿No será que, en nombre de una supuesta libertad, se desarticulan las posibilidades de construir una mayor justicia escolar y una distribución más equitativa de oportunidades?», planteó.
Del derecho a la educación a la lógica del mercado
El debate sobre el homeschooling tampoco puede separarse del contexto que atraviesa la educación pública. Investigadores del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, estimaron que entre 2024 y 2025 el presupuesto nacional destinado a Educación y Cultura registró una caída real cercana al 48%. Si las proyecciones para 2026 se concretan, el sistema educativo acumularía 3 años consecutivos de retracción en la inversión pública. Para muchos, esa reducción presupuestaria y la reforma impulsada por el Gobierno responden a una misma orientación política de disminuir progresivamente el papel del Estado en la provisión de derechos sociales.
Brener incluso establece un paralelismo con el mercado laboral y define este proceso como una «uberización educativa»: así como las plataformas digitales trasladan al trabajador la responsabilidad sobre sus ingresos y condiciones laborales, el homeschooling podría trasladar crecientemente a las familias la responsabilidad de garantizar la educación obligatoria. Quienes defienden esta modalidad sostienen que representa una ampliación de la libertad educativa y permite adaptar la enseñanza a las necesidades particulares de cada estudiante. Sus críticos, en cambio, sostienen que el debate excede esa modalidad y pone en discusión el lugar que ocupará la escuela pública en las próximas décadas.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Qué plantea la reforma del Estatuto Docente que abrió una fuerte discusión en Corrientes
Educación en Misiones: disminuye la cantidad de alumnos en jardines y reconfiguran la oferta escolar
