El ajuste impulsado por el Gobierno nacional continúa profundizándose. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), durante el primer semestre de 2026 la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional cayó un 34% en términos reales respecto de igual período de 2023, consolidando uno de los mayores recortes del gasto público de los últimos años.
Mientras áreas estratégicas como salud, educación, ciencia, transporte, desarrollo social y obra pública registran fuertes reducciones o incluso la paralización total de programas, el estudio destaca una excepción: la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó un 17% su ejecución presupuestaria en comparación con 2023. Al mismo tiempo, los Servicios de la Deuda Pública ya representan el 13% del gasto total ejecutado, reflejando el creciente peso del pago de los compromisos financieros dentro de las cuentas nacionales.
El informe sostiene que la política fiscal mantiene un marcado sesgo contractivo y advierte que la magnitud de los recortes compromete la continuidad de programas esenciales en un contexto de deterioro económico y social. La comparación con 2023 busca evitar las distorsiones generadas por el fuerte ajuste aplicado durante 2024 y ofrece una dimensión más amplia del cambio en la orientación del gasto público.
Salud: hospitales, medicamentos y prevención entre los más afectados
El área sanitaria aparece entre las más golpeadas por la reducción presupuestaria. La Superintendencia de Servicios de Salud registra una caída del 64%, mientras que la ANMAT disminuyó un 42% y el Instituto Malbrán un 32%. Los hospitales nacionales también muestran retrocesos importantes: el Hospital Sommer cayó un 44%, el Hospital Laura Bonaparte un 31%, el Posadas un 17% y el Ramón Carrillo un 18%.
A esto se suma la virtual paralización de programas sanitarios. La Atención Sanitaria en el Territorio, la Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles y la Prevención de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles presentan ejecuciones nulas, con recortes del 100% respecto de 2023. También disminuyeron los recursos destinados a la respuesta frente al VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra (-62%) y a la prevención de enfermedades endémicas (-60%).
En educación, el panorama también resulta crítico. El informe señala que Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) no registraron ejecución presupuestaria durante el primer semestre de 2026. Además, las becas estudiantiles retrocedieron un 83%, la formación docente un 90% y la infraestructura educativa un 96%, mientras que el financiamiento para la educación superior disminuyó un 31%.
La ciencia tampoco escapó al ajuste. El programa de Promoción de la Investigación y la Innovación sufrió un recorte del 88%, mientras que la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) perdió un 64% de su presupuesto y el CONICET registró una reducción del 35%. También disminuyeron los recursos para el Servicio Meteorológico Nacional, la CONEAU y la Fundación Miguel Lillo.
El ajuste golpea a varios sectores
Las políticas sociales muestran algunos de los mayores ajustes. El programa de Economía Social no tuvo ejecución durante el semestre, al igual que el Plan Nacional de Protección Social. El apoyo al Plan Nacional de Primera Infancia cayó un 93%, mientras que los recursos destinados a comedores comunitarios y merenderos disminuyeron un 65%. La Prestación Alimentar también registró una reducción real del 37%. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia redujo su ejecución un 75%, mientras que la ANSES presenta una caída del 15% respecto de 2023.
La infraestructura pública continúa siendo una de las áreas más afectadas por la política de ajuste. El informe describe una ejecución «extremadamente baja» y señala que numerosos programas registran caídas del 100%, entre ellos Infraestructura en Municipios, Obras de Seguridad en Rutas Nacionales y Obras Viales fuera de la Red Nacional.
También se desplomaron el Desarrollo de Obra Pública (-98%), Rutas Nuevas y Obras de Pavimentación (-96%), Construcción de Rutas Seguras (-96%), Infraestructura Hidráulica (-85%) y Consolidación Urbana y Mejoramiento de Barrios (-86%). La cooperación y asistencia técnica a municipios cayó un 97%, mientras que la asistencia financiera a provincias y municipios se redujo un 99%. El Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires directamente dejó de ejecutarse, registrando una caída del 100%.
En un escenario de reducción generalizada del gasto público, el informe identifica dos rubros que escaparon a la lógica del ajuste. Por un lado, la Secretaría de Inteligencia del Estado incrementó un 17% su ejecución presupuestaria respecto de 2023. Por otro, los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 13% del gasto total ejecutado, consolidándose como uno de los principales destinos de los recursos nacionales.
Para el CEPA, la combinación de fuertes recortes en salud, educación, ciencia, desarrollo social e infraestructura con un mayor peso relativo del gasto destinado a Inteligencia y al pago de la deuda configura un cambio profundo en las prioridades presupuestarias del Estado nacional y plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de políticas públicas esenciales en los próximos meses.
Fuente: Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
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