El Gobierno de Javier Milei avanzó con la presentación del proyecto de Ley de Libertad Educativa, una iniciativa que propone reemplazar la Ley de Educación Nacional N.º 26.206, vigente desde 2006. Las conclusiones del Consejo de Mayo fueron comunicadas por el Vocero Presidencial Manuel Adorni e introducen modificaciones de fondo en la organización del sistema educativo, con foco en los niveles inicial, primario y secundario, aunque también incluye cambios en el financiamiento universitario.
El Poder Ejecutivo insiste con que la solución a los problemas escolares recientes es la ampliación de la autonomía escolar, pero varios sectores se muestran en desacuerdo y advierten sobre posibles impactos en la igualdad educativa, los derechos laborales docentes y la protección de niñas, niños y adolescentes.
Autonomía escolar y cambios en la organización institucional
Uno de los ejes centrales del proyecto es la mayor autonomía de las instituciones educativas. La iniciativa habilita a cada escuela estatal a definir su plan de estudios, métodos pedagógicos, organización interna y calendario escolar. Cada escuela “podrá establecer su propio calendario escolar conforme a su proyecto pedagógico”, aunque los ministerios provinciales podrán brindar “criterios orientativos”. Estos contenidos no podrán ocupar más del 75% del tiempo escolar, mientras que el 25% restante quedará a criterio de cada institución.
El proyecto también otorga mayores facultades a los directores de escuelas estatales, quienes podrán proponer la contratación, suspensión o separación de docentes y personal no docente, con ratificación de las autoridades provinciales. Para el Gobierno, este esquema busca mejorar la gestión y la eficiencia pero para algunos especialistas, podría generar desigualdades entre escuelas según su capacidad de organización y recursos disponibles.
Calendario escolar y carga horaria mínima
La iniciativa fija mínimos de horas de clase anuales: 540 horas para el nivel inicial y 720 horas para primaria y secundaria. Este piso es inferior al acordado en 2024 por el Consejo Federal de Educación, que establecía 760 horas para primaria y 900 para secundaria.
Más allá de ese mínimo, cada institución podrá definir su propio calendario escolar conforme a su proyecto pedagógico, con orientaciones generales de las autoridades provinciales. Además, este punto genera grandes dudas sobre el impacto que la flexibilidad horaria podría tener en la calidad educativa y en la homogeneidad del sistema, especialmente en provincias con mayores dificultades presupuestarias.
Educación como “servicio esencial” y el conflicto con los gremios
El proyecto declara a la educación básica como servicio esencial, lo que implica que ante medidas de fuerza deberá garantizarse una continuidad mínima del servicio educativo. Esta disposición, que ya había sido aprobada previamente pero quedó suspendida por la Justicia, anticipa un nuevo foco de conflicto con los sindicatos docentes.
Desde distintos gremios se advierte que la declaración de esencialidad podría limitar el derecho constitucional a huelga y afectar la negociación colectiva. Hay que tener en cuenta que esta medida llega justo en medio de reclamos salariales y debates sobre el financiamiento educativo.
El rol de las familias y el homeschooling
El proyecto quiere crear consejos de padres en las escuelas estatales, con participación en el nombramiento y remoción de los equipos directivos y en la elaboración de los reglamentos internos. También quiere reconocer como derecho la capacidad de las familias a elegir proyectos educativos acordes a sus convicciones.
Uno de los puntos más debatidos es la formalización de la educación en el hogar (homeschooling) y la habilitación de la educación virtual o híbrida, incluso a cargo de instituciones extranjeras. El proyecto prevé registros provinciales de estudiantes que opten por estas modalidades y evaluaciones estandarizadas para acreditar los contenidos mínimos comunes.
En Estados Unidos ya rige el homeschooling y la experiencia no ha sido del todo buena. La educación en casa presenta una regulación limitada y escasa supervisión, lo que genera advertencias sobre déficits de aprendizaje y dificultades para detectar situaciones de abuso o violencia infantil. Si bien el proyecto argentino incorpora registros y evaluaciones, los especialistas señalan que la clave estará en la capacidad del Estado para controlar efectivamente estas prácticas y garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Evaluación educativa y cambios en el financiamiento
La iniciativa mantiene las evaluaciones nacionales Aprender e incorpora el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), una evaluación individual y voluntaria que integrará contenidos de Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. También se refuerza la evaluación docente periódica, vinculando la estabilidad laboral al desempeño, la formación continua y la ética profesional, y se crea el Instituto Nacional de Formación y Carrera Docente en reemplazo del actual INFoD.
Además, el proyecto elimina la meta de inversión del 6% del PBI. El Estado Nacional pasaría a financiar únicamente las políticas educativas propias, mientras que la educación básica quedaría principalmente bajo responsabilidad de las provincias. Se mantiene el aporte a escuelas privadas y se incorporan esquemas de financiamiento por demanda.
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