No es raro que un gobierno llegue al poder prometiendo una Justicia independiente, pero que termine descubriendo rápidamente que los tribunales también son un terreno de disputa política. La diferencia es que la administración libertaria no solo busca avanzar sobre la conformación del Poder Judicial mediante el nombramiento de jueces y fiscales, sino que lo hace mientras varias causas sensibles para el Gobierno transitan por los pasillos de Comodoro Py, alimentando interrogantes sobre la independencia judicial.
La coincidencia temporal resulta, cuanto menos, llamativa. Mientras el Senado se prepara para tratar más de 30 pliegos judiciales impulsados por el oficialismo, el Gobierno también envió los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para integrar la Cámara Federal porteña, el tribunal que revisa las decisiones de los jueces de primera instancia de Comodoro Py, incluidas las vinculadas a la causa $LIBRA. En paralelo, el Gobierno decidió modificar por decreto el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema, eliminando mecanismos de participación ciudadana y reduciendo instancias de control que habían sido incorporadas en 2003 justamente para transparentar un proceso históricamente cuestionado.
El Decreto 222/03, firmado durante el gobierno de Néstor Kirchner, establecía un procedimiento que obligaba a publicar los antecedentes de los candidatos, habilitaba impugnaciones de organizaciones civiles, colegios profesionales y ciudadanos, y promovía criterios de diversidad de género, representación regional y especialización. El Gobierno sostiene que esas instancias duplicaban procedimientos porque el Senado ya analiza los pliegos. Sin embargo, el nuevo esquema concentra un mayor margen de decisión en el Poder Ejecutivo al eliminar instancias previas de participación ciudadana.
Las causas que incomodan al oficialismo
Esta flexibilización coincide con un momento en el que el oficialismo busca avanzar en la cobertura de cargos judiciales mientras varias investigaciones sensibles involucran a funcionarios del Gobierno. Una de ellas es la causa por la criptomoneda $LIBRA. A más de un año y medio del lanzamiento del token promocionado por Javier Milei, la investigación continúa sin que los principales investigados hayan sido citados a declaración indagatoria y, lejos de acelerarse, el expediente dio un giro que debilitó la posición procesal de quienes se presentan como damnificados.
El juez Marcelo Martínez de Giorgi resolvió excluir a los querellantes de la causa al considerar que no lograron acreditar de manera suficiente la titularidad de las billeteras virtuales ni el origen de los fondos utilizados para adquirir los activos digitales. La decisión fue inmediatamente apelada por el abogado Juan Grabois y otros representantes legales de las presuntas víctimas, quienes sostienen que apartar a los damnificados implica dejar la investigación prácticamente en manos exclusivas de la fiscalía, reduciendo los controles sobre el avance del expediente. La resolución debilitó la principal hipótesis impulsada por las querellas y fue interpretada por distintos sectores como un alivio político para el Gobierno en la causa que más incomodidad le genera desde el inicio de la gestión.
Nombramientos y señales hacia Comodoro Py
En las últimas horas, Javier Milei envió al Senado los pliegos de Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para ocupar 2 lugares en la Cámara Federal porteña, el tribunal de apelaciones por el que pasan prácticamente todas las decisiones de los jueces federales de Comodoro Py. La Sala I será la encargada de revisar la apelación presentada por las querellas luego de que Martínez de Giorgi las excluyera de la investigación por la criptomoneda $LIBRA.
El oficialismo también impulsa al juez Pablo Yadarola para reemplazar a Leopoldo Bruglia. Si ambos pliegos obtienen el aval del Senado, la Sala I quedará integrada por Mariano Llorens, Bertuzzi y Yadarola. A esto podría sumarse una tercera vacante: el camarista Martín Irurzun cumple 75 años y, si finalmente deja el cargo, el Poder Ejecutivo tendrá la posibilidad de proponer un nuevo integrante para la Sala II. De concretarse ese escenario, el Gobierno podría influir en la renovación de la mitad de la Cámara Federal, uno de los tribunales con mayor peso dentro de Comodoro Py.
En ese contexto también resultó llamativo el reciente viaje conjunto del juez Ariel Lijo y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, a la reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en París. Oficialmente se explicó que el magistrado asistió por invitación del organismo internacional, sin embargo, esa versión fue cuestionada públicamente por María Eugenia Talarico, ex vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), quien sostuvo que los jueces participan de esas delegaciones únicamente cuando son propuestos por el Poder Ejecutivo.
La independencia judicial
El discurso de Javier Milei contra la «casta» pierde consistencia cuando reproduce algunos de los mecanismos que históricamente cuestionó, como criticar los privilegios judiciales mientras se aceleran designaciones estratégicas, reducir controles sobre los nombramientos y avanzar sobre la integración de la Cámara Federal, que justamente es el tribunal encargado de revisar las principales causas de corrupción y los expedientes que involucran al propio Gobierno.
Si bien ninguno de estos movimientos demuestra por sí mismo una interferencia indebida sobre las investigaciones en curso, cuando coinciden con causas sensibles para el oficialismo y con una creciente concentración de poder en el proceso de designación de magistrados, resulta inevitable que se multipliquen las dudas sobre la independencia judicial. La democracia necesita un Poder Judicial que sea independiente y en el que la sociedad confíe.
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