El conflicto entre el Poder Judicial de Corrientes y el gobierno de Juan Pablo Valdés atraviesa horas clave. La falta de pago del aumento salarial del 6% correspondiente a abril abrió una crisis institucional que podría escalar en las próximas horas, en medio de advertencias por posibles medidas judiciales de alto impacto.
El origen de la disputa se remonta a una acordada del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que estableció una recomposición salarial del 12% en dos tramos: un 6% en marzo —ya abonado— y otro 6% en abril, que aún no fue liquidado. La negativa del Ejecutivo provincial a efectivizar este segundo tramo, bajo argumentos presupuestarios, dejó el incremento incompleto y desató un fuerte malestar en el ámbito judicial.
Desde el sector, advierten que la decisión del Ministerio de Hacienda no solo afecta los salarios, sino que representa un avance sobre la independencia de poderes.
En diálogo con NEA HOY, la secretaria general de SITRAJ, Liliana Caamaño, fue contundente sobre el momento que atraviesa el conflicto: «Hoy la pregunta es si el documento sigue firme. Nosotros queremos saber si el Superior Tribunal está de pie o está de rodillas. Nos preocupa el salario, pero también la falta de independencia. Ese 6% no resuelve el problema de fondo, pero si estas cosas pasan y no ocurre nada, quedan impunes».
Ver esta publicación en Instagram
Expectativa por definiciones del Superior Tribunal
En medio de la escalada, ayer se concretó una reunión entre integrantes del Superior Tribunal y funcionarios del Gobierno de Juan Pablo Valdés. Sin embargo, no hubo declaraciones públicas ni precisiones sobre el resultado del encuentro.
Ahora, la expectativa está puesta en la reunión que mantienen los miembros del STJ en estas horas.
Antecedentes y posibles medidas drásticas
El escenario abre la puerta a medidas excepcionales en caso de que el conflicto se profundice. Existen antecedentes en la provincia donde la Justicia avanzó sobre fondos del Ejecutivo para garantizar el cumplimiento de decisiones salariales.
Uno de los casos más significativos ocurrió en 1990, cuando el STJ ordenó la incautación de recursos provinciales y coparticipables a través del Banco de Corrientes para asegurar el pago de aumentos. Años más tarde, en 2004, un conflicto similar durante la gestión de Ricardo Colombi derivó en una escalada judicial que terminó en un acuerdo ante la posibilidad de una medida de ese tipo.
En paralelo, dentro del STJ comenzó a circular una propuesta impulsada por el ministro Alejandro Chaín que plantea ordenar directamente la liquidación del aumento, comunicar la decisión a los otros poderes del Estado y dar intervención a la Fiscalía General ante la posible comisión de un delito.
Salarios en caída y mayor presión sobre el sistema
Más allá del conflicto puntual, el trasfondo expone una problemática estructural. Según SITRAJ, los trabajadores judiciales acumulan una pérdida de poder adquisitivo cercana al 40% desde 2016, en un contexto de creciente demanda del servicio de justicia.
«Las exigencias son cada vez mayores, hay más causas, más normativas, más judicialización de conflictos sociales, pero la cantidad de trabajadores sigue siendo la misma», explicó Caamaño.
Un desenlace abierto en las próximas horas
Con el conflicto en plena escalada, todas las miradas están puestas en las decisiones que adopte el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes en las próximas horas.
“Nos preocupa el salario, pero también la independencia judicial. En el fondo estamos hablando de seguridad jurídica”, concluyó la dirigente.
El desenlace, que podría definirse entre el envío de fondos o una profundización del conflicto, marcará no solo el futuro inmediato de los trabajadores judiciales, sino también el equilibrio entre poderes en la provincia.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Segundo puente y Autovía 12: sin definiciones claras, aumenta la incertidumbre en Corrientes
Corrientes: encontraron a Nahuá y a su padre en Paraje Duraznillo
