En una jornada marcada por fuertes acusaciones, el juicio oral de la causa conocida como «Cuadernos» sumó un nuevo capítulo de alto impacto: tres empresarios señalaron que sus declaraciones como «arrepentidos» fueron realizadas bajo coacción y que incluyeron afirmaciones falsas para evitar ser detenidos.
Se trata de Mario Rovella, titular de la constructora Rovella-Carranza; Oscar Sansiseña, dueño de Cleanosol Argentina; y Guillermo Escolar, directivo de la misma firma. Los tres coincidieron en que, antes de declarar en 2018, recurrieron a escribanías para dejar constancia de que mentirían en sus indagatorias debido a presiones ejercidas por el entonces juez Claudio Bonadio —fallecido— y el fiscal Carlos Stornelli.
Durante su exposición, Rovella fue contundente: afirmó que nunca realizó pagos ilegales y que su declaración previa respondió a una «coacción psicológica«. Según explicó, enfrentaba una disyuntiva clara: declarar en los términos que se le exigían o quedar detenido. En ese contexto, decidió dejar asentado por escrito que su testimonio no sería veraz.
En la misma línea, Sansiseña negó haber realizado aportes o pagos indebidos, mientras que Escolar describió un clima de intimidación en los tribunales. Relató, por ejemplo, que un empresario detenido fue exhibido con casco y chaleco antibalas como forma de presión hacia quienes debían declarar, sugiriendo las consecuencias de no colaborar con la versión impulsada por la fiscalía.
A partir de estas declaraciones, los abogados defensores solicitaron que se extraigan testimonios para investigar posibles delitos de coacción. El planteo apunta directamente a Stornelli, dado que Bonadio falleció en 2020. Sin embargo, el Tribunal Oral Federal 7 resolvió diferir cualquier decisión hasta el final del juicio, lo que fue interpretado por las defensas como una maniobra dilatoria que evita abrir una investigación paralela.
El episodio reaviva cuestionamientos sobre el uso de la figura del «arrepentido» y las condiciones en las que se tomaron las declaraciones durante la etapa de instrucción. También pone en debate el accionar de los funcionarios judiciales involucrados y la validez de pruebas clave en uno de los expedientes más sensibles de los últimos años.
Mientras tanto, el juicio continúa atravesado por tensiones y planteos cruzados, con un trasfondo que excede lo estrictamente judicial y vuelve a instalar el debate sobre la transparencia, las garantías procesales y el rol del Poder Judicial en causas de alto contenido político.
Fuente: Página 12
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