La llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia no solo consolidó a uno de los operadores judiciales más influyentes del país en el corazón del Gobierno de Javier Milei. También terminó de afianzar una estructura familiar que hoy ocupa posiciones estratégicas en distintos niveles del sistema judicial y estatal. Mientras el oficialismo impulsa reformas que reducen instancias de control y participación ciudadana, el apellido Mahiques aparece cada vez más asociado a decisiones clave sobre el presente y el futuro de la Justicia argentina.
La situación genera fuertes cuestionamientos por la concentración de poder en manos de una familia. En apenas unos meses, el padre del ministro logró extender su permanencia en la Cámara Federal de Casación Penal hasta los 80 años; uno de sus hermanos fue nombrado jefe de Gabinete de Asesores del propio Ministerio de Justicia; y otro heredó un importante cargo académico en la Ciudad de Buenos Aires que había dejado vacante el propio Juan Bautista Mahiques al asumir como ministro.
La polémica se profundizó esta semana cuando el Gobierno eliminó, mediante un decreto impulsado por el Ministerio de Justicia, las instancias de impugnación y observación ciudadana para futuros candidatos a la Corte Suprema. La medida reduce mecanismos de transparencia vigentes desde hace más de dos décadas y allana el camino para nombramientos con menos controles públicos, precisamente en un momento en que el Ejecutivo debe cubrir vacantes clave en el máximo tribunal del país.
El ascenso de los Mahiques dentro de las estructuras judiciales no es nuevo. Juan Bautista construyó buena parte de su carrera durante los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal, donde ocupó cargos estratégicos vinculados al Consejo de la Magistratura, organismo encargado de seleccionar y sancionar jueces. Desde allí participó en procesos que marcaron la reconfiguración de Comodoro Py y fue señalado por impulsar traslados de magistrados sin concurso, entre ellos el de su propio padre.
Carlos «Coco» Mahiques es una de las figuras más influyentes del fuero penal federal. Su llegada a la Cámara Federal de Casación Penal en 2017 estuvo rodeada de controversias por haberse concretado mediante un traslado sin concurso. Ahora, a pocos meses de alcanzar el límite constitucional de 75 años para ejercer como juez federal, obtuvo una prórroga de cinco años adicionales gracias a una decisión avalada por el Gobierno nacional y respaldada por el Senado.
La presencia familiar también se extiende al propio Ministerio de Justicia. En abril, Esteban Mahiques fue designado jefe de Gabinete de Asesores de la cartera que conduce su hermano. Aunque el cargo es ad honorem, le otorga acceso directo al núcleo de decisiones de un organismo que actualmente administra los nombramientos más relevantes del sistema judicial argentino.
Por su parte, Ignacio Mahiques, juez de Cámara en la Ciudad de Buenos Aires y conocido por su intervención en causas judiciales contra Cristina Fernández de Kirchner, fue designado al frente del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad (IUSE), cargo que ocupaba hasta entonces Juan Bautista Mahiques. La sucesión directa entre hermanos alimentó nuevas críticas sobre la lógica de distribución de cargos dentro de espacios de poder vinculados al Estado.
En este contexto, la reciente reforma impulsada por el Ministerio de Justicia encendió alarmas entre especialistas en derecho constitucional. La eliminación de las impugnaciones ciudadanas y de criterios de diversidad para la selección de integrantes de la Corte Suprema fue interpretada como un retroceso institucional. Para los críticos, lejos de resolver los problemas estructurales que afectan al Poder Judicial, la medida reduce la transparencia y fortalece la discrecionalidad política en los nombramientos.
La consolidación de la familia Mahiques en puestos estratégicos coincide así con una etapa en la que el Gobierno de Milei busca acelerar cambios profundos en la Justicia. Para amplios sectores de la oposición y del ámbito jurídico, la combinación entre concentración familiar de cargos y reducción de controles públicos configura un escenario preocupante para la independencia judicial y la calidad institucional del país.
Fuente: el Diario Ar
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