Desde el Boletín Oficial llegó esta semana una resolución que, aunque técnica en su redacción, tiene consecuencias concretas para miles de personas en todo el país. La Secretaría de Transporte suprimió el régimen de compensaciones económicas que el Estado abonaba a las empresas de transporte automotor de larga distancia cuando emitían pasajes sin cargo para personas con discapacidad, trasplantados y niños con tratamiento oncológico. El sistema llevaba seis años funcionando. Ahora ya no existe.
La medida no deroga los derechos consagrados en las leyes que amparan a esos colectivos. Las empresas siguen obligadas, al menos formalmente, a entregar esos pasajes, pero ya no recibirán ninguna compensación del Estado por hacerlo. Y esa diferencia, para quienes dependen de ese beneficio, lo cambia todo.
Un derecho que ya era difícil de ejercer
Andrés Terrile tiene memoria larga sobre este tema. «Mi primer pasaje lo intenté conseguir en 2007«, contó a NEA HOY. «Nunca era fácil. Siempre ponían excusas, te daban pasaje para dentro de un mes a un horario determinado, o te decían que no había cupo«.
Terrile describe un mecanismo en el que la asimetría de información operaba siempre en favor de la empresa. El pasajero llegaba a la boletería sin manera de verificar si el cupo disponible era real o no. «Vos no tenés forma de saber si es verdad o mentira. Nadie te muestra en pantalla quién sacó el pasaje o cuál es el cupo. Era prácticamente un acto de fe«.
Con esa experiencia acumulada, su lectura sobre el impacto de la nueva resolución es contundente: «Esta quita lo único que va a hacer es ponerle el broche de oro a algo que ya era difícil conseguir. Las empresas van a encontrar la excusa, la forma de no dar más ni un pasaje«.
Sin subsidio, sin control
El argumento oficial para eliminar las compensaciones se apoya en el proceso de desregulación del sector, iniciado con el Decreto 883/2024. Bajo ese marco, las empresas fijan recorridos, tarifas y horarios con mayor autonomía. El Estado redujo su rol regulador, y ahora también redujo su rol como financiador de los derechos que él mismo reconoce por ley.
Pero la pregunta que queda suspendida es quién controla que esos derechos se cumplan. Terrile señala directamente a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, la CNRT. «Si vos ibas a la CNRT y decías que no conseguías pasaje, te respondían que debía ser que no había cupo. Sabíamos que lo del cupo era mentira, pero si la CNRT está del lado de la empresa, no hacían mucho«.
Sin compensación económica y sin un organismo de control que fiscalice con independencia, el derecho al pasaje gratuito queda reducido a letra en un papel. «Las leyes son de cumplimiento optativo muchas veces«, dice Terrile. «¿Qué sanción le va a caber a una empresa que ya cuando las condiciones eran más positivas no hacía las cosas?»
El impacto en la vida cotidiana
Terrile prefiere no quedarse solo en lo más evidente. Sí, hay personas con discapacidad que viajan periódicamente a Buenos Aires u otras ciudades para recibir tratamientos médicos de alta complejidad, rehabilitación o seguimiento oncológico. Para ellas, perder ese pasaje puede significar una pérdida directa en su calidad de vida.
Pero hay un segundo plano que también preocupa. «De mínima, muchas personas con discapacidad que usaban esos pasajes para ir de vacaciones, visitar a la abuela o lo que fuera, ya no van a poder viajar. Y eso genera aislamiento en un grupo que ya de por sí muchas veces está aislado«.
El dato de fondo que Terrile pone sobre la mesa es que el 80% de las personas con discapacidad en Argentina está desocupado. Resignar un derecho de movilidad en ese contexto no es un ajuste menor: es quitarle una herramienta de inclusión a quienes menos recursos tienen para reemplazarla. «Cada uno queda excluido en su casa porque no puede pagar el pasaje, porque no tiene plata. Y la exclusión de las personas con discapacidad se sigue reafirmando«, resume.
La respuesta legislativa
En la Cámara de Diputados, el santafesino Diego Giuliano presentó un proyecto para dejar sin efecto la resolución y restituir las compensaciones. El texto también exhorta al presidente Javier Milei a restablecer los mecanismos que garanticen el acceso real al transporte gratuito. La iniciativa cuenta con el respaldo del jefe del bloque opositor Unión por la Patria, Germán Martínez.
«No se puede sostener formalmente un derecho mientras se eliminan las herramientas para ejercerlo«, sostuvo Giuliano al presentar el proyecto. Por ahora, sin embargo, la resolución está vigente. Y miles de personas en el interior del país, muchas de ellas dependientes del transporte de larga distancia para acceder a atención médica, esperan saber si ese derecho que la ley les reconoce seguirá teniendo algún peso en la práctica.
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