Una investigación periodística reveló que el PAMI publicó de manera abierta en internet expedientes con información médica confidencial de jubilados y pensionados. Entre los documentos expuestos figuran historias clínicas completas, estudios médicos, certificados de discapacidad y copias de DNI, una situación que especialistas consideran una grave vulneración de la privacidad y de las leyes de protección de datos personales.
Según informó el sitio Chequeado, los archivos estaban disponibles en el buscador de compras de las Unidades de Gestión Local (UGL) de la obra social estatal. Allí se detectaron al menos 40 casos durante un relevamiento realizado sobre expedientes correspondientes a los primeros meses de 2026.
La filtración incluye documentación extremadamente sensible. En algunos expedientes podían verse diagnósticos médicos detallados, resultados de análisis clínicos, imágenes de estudios, certificados de discapacidad e incluso fotocopias completas de documentos nacionales de identidad, sin ningún tipo de resguardo o anonimización.
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Uno de los casos más graves fue detectado en la UGL de Jujuy, donde una afiliada que había solicitado una trombectomía tenía publicada su historia clínica completa junto a datos personales y domicilio. También se encontraron expedientes con análisis de sangre y orina completos, además de fotografías de lesiones e imágenes médicas de alta resolución. La investigación también detectó situaciones similares en delegaciones de Misiones y de Chivilcoy, en la provincia de Buenos Aires, donde quedaron expuestos diagnósticos, tratamientos y prescripciones médicas de afiliados.
Desde el PAMI reconocieron ante Chequeado que se trata de «una anomalía grave y absolutamente contraria a los protocolos y estándares de protección de datos vigentes«. Además, señalaron que se ordenó la baja inmediata de los expedientes y accesos vinculados a información sensible, al tiempo que se iniciaron sumarios administrativos para determinar responsabilidades.
Especialistas en derecho y protección de datos advirtieron que la difusión de esta información viola la Ley de Protección de Datos Personales, que considera sensibles los datos de salud, y también la Ley de Derechos del Paciente, que garantiza la confidencialidad de toda documentación clínica. La normativa vigente establece que los organismos de salud sólo pueden tratar este tipo de información bajo estrictas condiciones de confidencialidad y con consentimiento expreso de los pacientes, salvo excepciones previstas por la ley.
Alejandro Segarra, codirector de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger especialmente los datos sensibles de los ciudadanos y remarcó que cualquier publicación de este tipo debería realizarse únicamente mediante mecanismos de anonimización y disociación de identidad.
El caso vuelve a poner en debate la seguridad informática y los protocolos de manejo de información sensible en organismos públicos, especialmente en instituciones que administran datos médicos de millones de personas. El PAMI brinda cobertura a más de 5,7 millones de jubilados y pensionados en todo el país.
Fuente: Chequeado
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