La Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes Nº1 de Resistencia solicitó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial que confirme la sentencia que ordenó una transformación integral del Espacio Convivencial Alternativo (ECA) Nº1, al considerar que el Gobierno del Chaco continúa sin cumplir con las medidas judiciales destinadas a garantizar los derechos de los niños alojados en la institución.
La presentación fue realizada por la asesora Natalia Facchin, quien sostuvo que, pese al fallo dictado en junio por el Juzgado Civil y Comercial Nº4, las principales deficiencias del hogar convivencial permanecen sin resolverse. La sentencia había calificado la situación del establecimiento como un caso de violencia institucional, resolución que fue apelada por el Ejecutivo provincial.
Persisten las falencias en la atención
En su dictamen, Facchin señaló que actualmente el ECA Nº1 alberga a 33 niños, entre ellos 10 bebés, además de otros menores que permanecen bajo medidas de vinculación familiar o internados en el Hospital Pediátrico. Según indicó, el aumento de la población no fue acompañado por mayores recursos humanos ni materiales.
Uno de los principales reclamos continúa siendo la falta de cobertura permanente de enfermería. La Asesoría advirtió que el servicio presencial solo funciona durante el turno matutino, mientras que por la tarde y la noche las consultas se realizan únicamente por vía telefónica.
Para la funcionaria, este esquema resulta insuficiente para un hogar que aloja a bebés y niños pequeños con necesidades de cuidado permanente, por lo que consideró que la situación institucional «no se ha visto modificada en lo sustancial» desde que se dictó la sentencia.
Advierten sobre el incumplimiento de estándares internacionales
La presentación también rechaza los argumentos del Gobierno provincial vinculados a restricciones presupuestarias. Facchin sostuvo que esas razones no pueden justificar el incumplimiento del derecho a la protección integral de la niñez. En ese sentido, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que cualquier medida de ajuste en áreas sensibles debe garantizar la protección reforzada de los grupos vulnerables, como los niños institucionalizados.
Además, afirmó que la sentencia judicial supera el denominado «test de convencionalidad» y que el Estado debe realizar el máximo esfuerzo para garantizar condiciones adecuadas de atención. Como respaldo del pedido, la Asesoría acompañó el acta de una audiencia realizada el 15 de julio, en la que se analizó la situación de un bebé que debía regresar al ECA Nº1 tras una internación.
Durante esa audiencia quedó registrado que el hogar no cuenta con atención nocturna especializada para niños con necesidades especiales y que el personal trabaja en condiciones de fuerte sobrecarga. Ante ese escenario, la jueza Patricia Noemí Zamudio resolvió que el niño permaneciera temporalmente con su resguardante, con asistencia de un cuidador nocturno designado por el organismo administrativo.
Para la Asesoría, este caso refleja que las condiciones que motivaron la sentencia judicial continúan vigentes y demuestra la brecha entre las obligaciones impuestas por la Justicia y las respuestas brindadas por el Gobierno del Chaco.
Fuente: Litigio Periodismo Judicial
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