Este viernes vence el plazo que la justicia federal de Córdoba le impuso al Gobierno para que regularice las deudas que mantiene con los prestadores del sistema de discapacidad de esa provincia. El titular del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, dio lugar a un amparo impulsado por familias y organizaciones que denunciaron al Programa Incluir Salud -la obra social pública de las personas con discapacidad- por no pagar desde diciembre pasado. Para el juez, al Ministerio de Salud se le acabaron las excusas, y ordenó pagar.
Desde el Gobierno aseguran que la deuda se debe a un problema administrativo más que político, pero lo cierto es que las instituciones reclaman que se cumpla con uno de los puntos centrales de la Ley de Emergencia: la compensación hacia adelante de la deuda que el Estado acumuló con ellos desde fines de 2023. Las organizaciones calculan ese atraso en un 40 por ciento y exigen que el ministerio se ponga al día.
En el fallo de este miércoles, la justicia de Córdoba le dio 72hs de plazo para pagar a los prestadores. Para el juez, la cuestión administrativa ya no es excusa. “El Ministerio había contestado que estaban atrasados con los pagos por una cuestión organizativa. Si no hay problemas de dinero, ni problemas administrativos ninguno, simplemente se trata de un atraso, bueno, esperamos que puedan cumplir con esta ley”, dijo Vaca Narvaja tras el fallo.
Mas allá de las deudas, el Gobierno actualizó este jueves el “nomenclador” (el valor de las prestaciones que pagan por igual las prepagas, las obras sociales y el PAMI e Incluir Salud) de las prestaciones en un 2,6%. Es decir, con el número de inflación de abril. Ese es por ahora el apartado de la Ley de Emergencia que le Gobierno sí está cumpliendo y que las organizaciones pueden anotarse como un triunfo, aunque parcial, porque la deuda para atrás se sigue acumulando.
“La actualización del 2,6 es una buena noticia. El problema es que si no compensan lo que perdimos por los dos primeros años de motosierra es casi lo mismo que nada. Ese reclamo sigue firme y es la parte central de la Ley de Emergencia que no están cumpliendo. Es angustiante. Eso está llevando a muchos a la quiebra”, resumió Pablo Molero, titular del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El amparo colectivo impulsado menciona dos casos desesperantes:
- El Centro Educativo Mi Lugar, que brinda terapias de fonoaudiología, kinesiología, psicomotricidad y psicopedagogía a niños y adultos con discapacidad, dice que “el retraso en los pagos es un agravante sustancial de su situación, que pone seriamente en riesgo la continuidad de las prestaciones con la normalidad que requiere una población altamente vulnerable…”
- El Pequeño Cottolengo Don Orione, también de Córdoba, mantiene una deuda de $60 millones con ARCA sólo en intereses de cuotas vencidas de seguridad social. “A la vez afrontó el pago desdoblado de los haberes del personal, falta de pago a proveedores, reclamos del personal por la imposibilidad de afrontar sus obligaciones etc”, cita el juez. “También se ha discontinuado la entrega de medicamentos en los meses de febrero, marzo y abril”.
El abandono al sector también impacta a las personas que dependen de la entrega de medicamentos para seguir vivos. Es el caso de Paola, mamá de Melody, una joven de 24 años con síndrome de Lennox-Gastaut y parálisis cerebral. Melody toma 23 tipo de medicamentos, y el Estado, desde este mes, sólo le paga 8.
Los recortes vienen desde marzo. “Me dejaron de pagar la internación domiciliaria hace seis meses”, cuenta Paola. Hace dos años está reclamando al ministerio un botón gástrico. Hasta tiene un amparo, pero no se lo dan. “Pedimos que paguen para que Melody tenga sus médicos y sus aparatos para vivir”, relató.
Fuente: Página 12
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