La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó un fuerte rechazo a la reciente decisión del Gobierno nacional de eliminar las compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos otorgados a personas con discapacidad, personas trasplantadas y pacientes oncológicos.
La advertencia apunta a que la medida podría traducirse en un “vaciamiento operativo” de un derecho que sigue vigente en la ley, pero que podría volverse inaccesible en la práctica.
El planteo fue encabezado por José Leonardo Gialluca, vicepresidente de ADPRA, quien sostuvo que la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte elimina los incentivos económicos sin crear mecanismos de control, auditoría ni sanción que garanticen el cumplimiento efectivo de la gratuidad.
Según remarcaron desde la entidad, la quita de subsidios podría derivar en menos cupos disponibles, más trabas burocráticas y mayores dificultades para acceder a tratamientos médicos, rehabilitaciones o turnos de salud en distintas provincias del país.
Un derecho que podría quedar limitado en la práctica
Desde ADPRA señalaron que la gratuidad de los pasajes para personas con discapacidad continúa vigente por ley, pero advirtieron que la eliminación de compensaciones económicas a las empresas podría traducirse en un incumplimiento progresivo del sistema. La preocupación central es que el beneficio siga existiendo formalmente, aunque con crecientes obstáculos para acceder a él.
En ese sentido, los defensores del pueblo alertaron sobre posibles rechazos en las reservas, reducción de frecuencias y dificultades adicionales en rutas menos rentables. También plantearon que las personas que viven en localidades alejadas serían las más perjudicadas, ya que muchas dependen exclusivamente del transporte terrestre para acceder a servicios médicos especializados.
La entidad sostuvo además que la decisión del Gobierno nacional profundiza la incertidumbre en un contexto económico delicado, donde distintas organizaciones vinculadas a la discapacidad ya vienen denunciando recortes y demoras en prestaciones esenciales. Para ADPRA, el riesgo es que el ajuste económico termine impactando directamente sobre derechos básicos.
Reclamos por controles y garantías
Uno de los puntos centrales del documento difundido por ADPRA es la ausencia de mecanismos de control que acompañen la medida. Según explicaron, la Resolución 28/2026 elimina las compensaciones económicas, pero no establece sistemas de fiscalización que garanticen que las empresas continúen entregando los pasajes gratuitos.
Por eso, los defensores reclamaron la intervención activa de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), a fin de implementar herramientas de seguimiento y trazabilidad sobre los boletos otorgados. También pidieron sanciones más severas para las compañías que incumplan con la normativa vigente.
Además, solicitaron que se habiliten canales alternativos de acceso para personas que no cuentan con conectividad digital o tienen dificultades para realizar trámites online. Desde la entidad remarcaron que la accesibilidad no debe depender únicamente de plataformas digitales, especialmente en sectores vulnerables o regiones con baja conectividad.
El trasfondo del ajuste y la preocupación social
El pronunciamiento de ADPRA se suma a una serie de cuestionamientos que distintas organizaciones sociales y de discapacidad vienen realizando contra las políticas de ajuste impulsadas por el Gobierno nacional. En las últimas semanas, crecieron las denuncias por atrasos arancelarios, falta de actualización de prestaciones y dificultades para sostener servicios de atención.
En ese contexto, la eliminación de compensaciones al transporte aparece como una nueva señal de preocupación para familias y pacientes que necesitan trasladarse regularmente por cuestiones de salud. Muchas personas utilizan estos pasajes para acceder a hospitales de mayor complejidad, tratamientos prolongados o controles médicos fuera de sus provincias.
Desde ADPRA insistieron en que el Estado argentino tiene obligaciones constitucionales e internacionales en materia de accesibilidad y movilidad. Recordaron además que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad posee jerarquía constitucional y exige garantizar condiciones reales para el ejercicio efectivo de esos derechos.
Fuente: Defensoría del Pueblo de Formosa
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