Villa Carlos Paz fue noticia hace pocos días, no por el furor turístico de las vacaciones, si no por su creativa decisión de cobrar la atención médica (privatización de la salud) a todos los que no fueran residentes de la ciudad cordobesa. La noticia no generó mucha simpatía, menos en el sector turístico que busca desesperadamente fomentar las visitas a la ciudad, así que puede ser por eso que dieron marcha atrás con la idea de cobrar a los turistas y sólo cobrarán a los no residentes que no sean turistas.
En este caso, se presume que se dio marcha atrás con el proyecto por intereses políticos contrapuestos, pero hay algo que se está articulando que debería preocuparnos. Poco a poco, surgen noticias por el estilo que prueban la percepción pública llevándola lentamente a aceptar la transformación del acceso a la salud de manera irreversible. En este caso el chivo expiatorio fue más bien un becerro de oro, pero cuando se pone de excusa al extranjero la historia es otra.
En este contexto de ajuste fiscal y crisis económica, los gobiernos locales justifican estas medidas a través de la falta de recursos, pero los especialistas advierten que el trasfondo es otro: la instauración de un sistema de salud cada vez más privatizado que ignora principios fundamentales consagrados en la Constitución Nacional.
El caso de Villa Carlos Paz: la medida antipática
La semana pasada, el municipio de Villa Carlos Paz anunció que a partir del 2025 los turistas que se atiendan en el hospital público local debían pagar el costo del servicio. La guardia saldría unos $5.000 mientras que la camilla de la terapia intensiva costaría unos $60.000 diarios. Supuestamente la decisión fue tomada para equilibrar las finanzas del sistema local (que también sufrió la motosierra del Gobierno de Javier Milei).
“Son los primeros hacia la privatización del sistema de salud público en la Argentina”, advirtió el Dr. Oscar Atienza, médico y docente en salud pública. “Estos primeros pasos van a desencadenar un efecto cascada muy rápido en el que pareciera que somos todos extranjeros dentro de nuestro país”, sostuvo en una entrevista radial. Lo que el médico explica es que lo que está en juego es la transformación del sistema de salud público en un sistema de salud privado.
Sin embargo, sea por evaluación del impacto, sea porque se mal interpretó, la Municipalidad de Carlos Paz salió a dar marcha atrás con el anuncio. El municipio explicó que la medida no alcanzaría a los turistas que vacacionen ahí. La medida no alcanza a los argentinos no residentes, aclarando que los atenderán sin costo en urgencias y emergencias en la red de centros de salud municipales.
Esta vez, la marcha atrás puede haberse dado porque muchos se reconocieron entre los afectados, cosa que puede seguir pasando. Esto es otra cosa que advierte Atienza: “a nivel general, en todas las provincias, uno ve un aumento en la cantidad de prestaciones en el sistema público. Las prepagas aumentaron su cuota, la gente ya no puede pagarlas y no les queda otra alternativa que atenderse en el sistema público de salud.”
El caso de Salta: extranjeros y accidentes viales
Córdoba no es la pionera en esta idea, Salta fue la primera provincia en implementar el cobro de la salud a los extranjeros. “Esta regulación comenzó con un decreto de necesidad y urgencia implementado en febrero último, lo que ha resultado en un ahorro importante para la provincia y una reducción drástica en la atención médica a extranjeros, especialmente de países vecinos como Bolivia, Chile y Paraguay”, explicaron las autoridades salteñas.
Sin embargo, en el documento oficial indican que “se prevé que la atención sanitaria a los extranjeros en casos de urgencia o emergencia (cualquiera sea la categoría que éstos revistan), no podrá serles negada ni restringida, toda vez que se trata de una cuestión humanitaria”.
Otra cosa que implementó la provincia es que los conductores que choquen bajo los efectos del alcohol o de las drogas deberán hacerse cargo de sus gastos médicos en los hospitales públicos de Salta. Así lo decidió la Legislatura provincial, a partir de un proyecto de ley que envió el gobernador Gustavo Sáenz, que obtuvo sanción en ambas Cámaras.
Los ejemplos de Salta y Villa Carlos Paz fueron deliberadamente elegidos para mostrar las 2 caras de la moneda en cuanto a la opinión pública, las que caen simpáticas y las que no. Pero en ambos casos Atienza advierte: “siempre apelan a medidas poco creativas ante la falta de presupuesto nacional. Creo que en pocos meses va a terminar con la privatización de la salud. Se van a pagar impuestos municipales, provinciales y nacionales para cubrir salud, pero además en el centro se va a pagar la prestación de salud”.
El caso de Jujuy: la Ley SEPROSA y la privatización de la salud encubierta
Pero el colmo de la privatización encubierta se da en Jujuy. El gobierno provincial sancionó la Ley 6453, que establece un «Seguro Provincial de Salud» (SEPROSA) obligatorio para los residentes sin obra social. Esto significa que las personas que no tengan una cobertura médica tienen que pagar un bono mensual de $50.000.
“Las cautelares lloverán porque el cobro a no residentes es absolutamente inconstitucional. Lo que votaron los diputados jujeños es un mamarracho”, aseguró el médico cirujano y profesor universitario Jorge Rachid. Además agregó que: “siempre estuvo la tendencia a la entrada violenta del lucro y la mercantilización de la medicina por sobre los sistemas solidarios de salud, que son las obras sociales gremiales, las obras sociales provinciales el PAMI y el sector público hospitalario”.
Pero no es el único en oponerse. “la Ley 6453 no es más que la privatización de la salud pública en Jujuy», denunciaron organizaciones sociales. La que mejor explica el fenómeno es la antropóloga de la Universidad Nacional de Jujuy Gabriela Karasik: “cuando trascendió el pago a los extranjeros muchos salieron ingenuamente a decir que estaban a favor, y al día siguiente vinieron por todos».
El riesgo de la privatización del sistema de salud
La excusa recurrente para este tipo de medidas es la falta de recursos. Los gobiernos provinciales y municipales justifican la necesidad de cobrar por los servicios de salud debido a la escasez de fondos y a los recortes presupuestarios provenientes del Gobierno Nacional. Sin embargo, los especialistas en salud pública advierten que, más allá de la crisis económica, lo que está en juego es un cambio estructural en el modelo de atención sanitaria.
Hace poco surgió una nota en un medio nacional sobre la idea del Gobierno Nacional de avanzar en aplicar en Argentina el «modelo español». Este sistema elimina la jurisprudencia nacional y deja la salud en manos de las comunidades autónomas (acá serían las provincias) y la salud pública depende casi un 100% de los presupuestos votados en las comunidades autónomas.
Por supuesto que hacerse cargo de la salud se hizo costoso para las comunidades. Es así como la gestión de hospitales y centros de salud, pasaron a manos privadas. Se les dio algo parecido a una “concesión” como en Argentina pasa con las autopistas. Algunos opinan que la salud debería trabajar así.
Sin embargo, la experiencia internacional demuestra que cuando la salud se convierte en un negocio, lo primero que se recorta es la calidad de la atención. Las empresas privadas de salud buscan maximizar sus ganancias, lo que implica reducir prestaciones, aumentar costos y priorizar la atención a los pacientes más rentables. Tampoco olvidemos que la Constitución Nacional establece el derecho a la salud como un derecho fundamental.
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