El Gobierno nacional logró mantener el superávit fiscal durante mayo, uno de los principales pilares de la política económica de la gestión de Javier Milei. Sin embargo, los números muestran señales de desgaste: la caída de la recaudación fue superior al ajuste del gasto y provocó una reducción significativa tanto del superávit primario como del financiero.
De acuerdo con un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el superávit primario registrado en mayo de 2026 fue un 14,9% menor en términos reales respecto del mismo mes del año anterior. A su vez, el gasto destinado al pago de intereses de la deuda aumentó un 4,9% interanual en términos reales.
Como consecuencia, el superávit financiero —el resultado que surge luego de descontar el pago de intereses— sufrió una caída mucho más pronunciada: se redujo un 45,7% en comparación con mayo de 2025.
La recaudación no acompaña
El deterioro de las cuentas públicas tiene como principal explicación la evolución de los ingresos. Según el análisis de la ejecución presupuestaria del Sector Público Nacional No Financiero (SPNNF), durante los primeros cinco meses de 2026 los ingresos totales registraron una caída real interanual del 4,3%.
La baja estuvo impulsada por una disminución del 6,1% en los ingresos tributarios, que constituyen la principal fuente de financiamiento del Estado nacional. Aunque los ingresos no tributarios crecieron un 19,4% en términos reales, ese incremento no alcanzó para compensar la pérdida de recursos provenientes de impuestos.
Si la recaudación continúa debilitándose, el margen para sostener el superávit dependerá cada vez más de nuevos recortes de las cuentas públicas.
Las provincias, nuevamente bajo presión
Entre las partidas que más se redujeron aparece el gasto de capital destinado a las provincias, que registró una caída del 35,4%. Se trata de fondos nacionales que financian obras de infraestructura, construcción de viviendas, escuelas, hospitales, rutas y adquisición de equipamiento.
La reducción de estas transferencias no es un fenómeno aislado de mayo. Por el contrario, forma parte de una política que se mantiene desde el inicio de la gestión libertaria y que ha impactado de manera directa en las inversiones públicas dentro de las provincias.
Para muchos gobiernos provinciales, la retracción de los recursos nacionales obligó a asumir con fondos propios parte de las obras y servicios que antes contaban con financiamiento federal, presionando sobre sus presupuestos.
El objetivo del FMI obliga a profundizar el ajuste
La situación adquiere mayor relevancia al observar los compromisos asumidos por la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según datos citados por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la meta acordada con el organismo exige alcanzar durante 2026 un superávit primario equivalente a $16,26 billones. Sin embargo, hasta mayo el Gobierno había acumulado apenas $6,98 billones y está en una tendencia hacia la baja.
La diferencia entre lo obtenido y la meta comprometida abre interrogantes sobre cómo buscará el Ejecutivo cerrar esa brecha durante la segunda mitad del año. Para distintos analistas, la respuesta podría traducirse en una profundización de la política de ajuste sobre distintas áreas del Estado y, especialmente, sobre las transferencias hacia las provincias.
Provincias con cuentas cada vez más ajustadas
El impacto ya comienza a reflejarse en las finanzas provinciales. Otro informe del IARAF señala que las cuentas fiscales de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerraron 2025 con déficit, luego de haber registrado superávit durante 2024.
El estudio indica que los ingresos totales de las jurisdicciones crecieron un 3,4% en términos reales entre 2024 y 2025, mientras que el gasto público aumentó un 6,9%.
Esta diferencia responde, en parte, a la necesidad de compensar la menor inversión nacional en los territorios. Aunque las provincias también implementaron ajustes en sus administraciones, muchas debieron incrementar gastos para sostener servicios, infraestructura y programas que dejaron de recibir respaldo financiero de la Nación.
En este contexto, la caída de la recaudación nacional y la necesidad de cumplir con las metas fiscales pactadas con el FMI anticipan un escenario complejo para el segundo semestre. Con menos recursos disponibles y mayores exigencias de ajuste, las provincias podrían volver a convertirse en uno de los principales objetivos de la estrategia de recorte del gasto público impulsada por el Gobierno nacional.
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