Dentro de los más de 300 puntos del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Javier Milei se encuentra la derogación de la Ley de Tierras, que limitaba la cantidad de tierras rurales que pueden estar bajo titularidad extranjera.
Permitir a extranjeros la libre compra y venta de tierras rurales abre la puerta para que grandes conglomerados adquieran grandes extensiones de tierra para generar monocultivos e interferir en el modelo productivo de los distintos sectores. Además, a los ecologistas les preocupa que esto pueda poner presión sobre la explotación de áreas que están protegidas para conservar la biodiversidad.
Desde NEA HOY dialogamos con el ambientalista Eduardo Luján sobre el impacto que e+sta medida podría tener en la provincia de Misiones.
La selva misionera
La Ley de Tierras pone límites a la cantidad de hectáreas que pueden estar bajo la titularidad de personas o empresas extranjeras en cada provincia. Este límite es de 1.000 hectáreas en las zonas agrícolas núcleo (como la pampa húmeda) y un total de 15% de la zona rural de cada provincia. De esta manera se evita que un gran cúmulo de tierras queden en posesión de pocas empresas, evitando que sus ganancias expulsen a los productores a las ciudades.
“En el caso de la provincia de Misiones esto sucedió en épocas cuando se le permitió a empresas como Alto Paraná (Arauco) concentrar la gran cantidad de tierras que tienen hoy” explicó Luján, “ellos han impuesto un modelo basado en el monocultivo de pino y la provincia no tienen ningún tipo de poder para contener eso”.
Según el Registro Nacional de Tierras Rurales (RNTR) en Misiones el 13% de las tierras rurales tienen titularidad extranjera, un total de 414.233 hectáreas. La mayor parte de éstas tierras se ubican entre los municipios de Puerto Libertad, San Pedro, Bernardo de Hirigoyen y Puerto Piray y están en posesión de la empresa chilena Arauco, la más importante empresa forestal del país.
Arauco compró la empresa Alto Paraná en 1996, y desde allí ha impulsado en Misiones un modelo de negocios basado en el monocultivo de pino. Solo en Piray, el capital extranjero posee el 62,5% de la tierra y en todo Misiones tiene titularidad de más de 230 mil ha, el 10% del suelo provincial.
La Ley de Tierras no comprometía necesariamente la producción de empresas como Arauco, pero ponía un freno a la compra de tierras, debiendo tercerizar sus producciones, utilizando tierras de otros productores.
Una derogación de la Ley de Tierras vuelve a abrir la puerta a este proceso, permitiendo no solo que empresas como Arauco adquieran más hectáreas sino también nuevas empresas como el Grupo Kabour, dedicados a la exportación de Yerba Mate.
Coincidentemente, el mismo DNU que deroga la Ley de Tierras es el que quita legitimidad al INYM para regular el precio de la Yerba Mate, habilitando un proceso similar al de los 90 en la que las grandes empresas desplazaron a los pequeños productores.
“Lo que está en riesgo es el modelo de producción que debe proteger a las pequeñas y medianas empresas, esto queda en riesgo con este tipo de medidas”, expuso Luján, “tanto la derogación de la Ley de Tierras como la desregulación de los precios de producciones como la Yerba deja en inferioridad de condiciones a los pequeños y medianos productores, ya pasó en la década de los 90 cuando la eliminación de la CRYM hizo que desaparecieran un montón de pequeños productores y peones rurales que terminaron en los barrios marginales de las ciudades”.
La selva autóctona protegida por la Ley de tierras Arg. en Misiones vs. soja en Br y Py. @carusopablo @Luispa0 pic.twitter.com/dkvzyqKYVM
— Emanuel (@EmaVentu) July 5, 2016
La posibilidad de que grandes empresas extranjeras compren más tierras para su producción también pone presión sobre los recursos naturales y áreas protegidas. La propia Arauco fue muchas veces acusada de deforestar monte y selva misionera y de contaminar recursos hídricos mediante el desecho de productos agrotóxicos.
De la misma manera que pasó con la Selva Amazonas en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro, sin un marco normativo nacional, una provincia como Misiones podría no tener el poder para detener el avance de empresas extranjeras para evitar la deforestación de áreas protegidas como la reserva Yabotí o el parque Iguazú.
El agua
Si bien la derogación de la Ley de Tierras no habilita la compra de grandes extensiones de agua, lo que preocupa a expertos y ecologistas es que permite la compra de su acceso. Esto significa que en todo el país podrían repetirse situaciones como la de Lago Escondido en Bariloche, en la que un magnate compra grandes extensiones de tierras alrededor de un lago evitando su acceso a la población.
Para Eduardo Luján, esto es especialmente posible en Misiones, ya que aún con la Ley de Tierras, muchos municipios han cedido la compra de bajadas al río a particulares e incluso el uso y explotación de los territorios alrededor de los ríos y arroyos que deberían ser de uso público para garantizar su acceso.
“En la costa del Río Paraná prácticamente no hay lugares de acceso gratuito, hoy uno tiene que desembolsar bastante dinero para tener acceso al río”, explicó, “es lógico que ante la desaparición de éstas leyes esto facilita aún más que se profundice éste sistema”.
Así como pasó en Bariloche, la llegada de un capital extranjero podría ser muy tentador para un municipio que pueda ceder la compra o venta de, por ejemplo, las tierras que dan acceso a arroyos claves para la vida de una comunidad o incluso los saltos del Moconá, comprometiendo cientos de fuentes de trabajo.
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