El juicio por el asesinato de Berta Cáceres podría concluir en unas semanas. David Castillo, quien fuera director de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), está acusado de ser autor intelectual en el crimen.
El pedido de justicia de la familia de Cáceres viene destrabando estructuras de corrupción a cinco años de su muerte. El caso de la ambientalista hondureña refleja un entramado de poder y corrupción que se fue entretejiendo en el país desde el golpe del 2009 a partir de los proyectos mineros e hidroeléctricos.
La militancia ambiental de Berta
Berta Cáceres fue una mujer indígena lenca, reconocida por ser una de las más prominentes defensoras de derechos humanos en Honduras que, durante los últimos 20 años, trabajó en la defensa del territorio y los derechos del pueblo Lenca.
En 1993, con sólo 22 años, Berta co-fundó el Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas Populares (COPINH), el cual organizó campañas contra los megaproyectos que representaban violaciones a los derechos de las personas indígenas en el país.
Su militancia le hizo merecedora del reconocimiento internacional: fue finalista del Premio Front Line Defenders para defensores/as de derechos humanos en riesgo 2014, y recibió el Premio Ambientalista Goldman en 2015.
El conflicto por el Río Gualcarque
Al tomar el poder después del golpe de Estado de 2009, el gobierno de Roberto Micheletti brindó una gran cantidad de concesiones a constructoras y mineras para realizar megaproyectos en territorio indígena. Entre estas, entregó por veinte años el río Gualcarque, un recurso indispensable para la subsistencia de la comunidad Lenca, para el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Se trató de una alianza comercial para construir cuatro represas hidroeléctricas en el río Gualcarque. Los actores implicados fueron la compañía china Sinohydro (la mayor compañía constructora de presas del mundo), la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Banco Mundial y la compañía hondureña DESA.
Berta Cáceres protagonizó el levantamiento del pueblo lenca contra el proyecto, manifestando que al no haber sido consultados, el proyecto violaba el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Gracias al impacto de esta campaña se logró que la constructora Sinophydro y el DFI se retiraran del proyecto.
Asesinato y persecución a ambientalistas
Una de sus principales acciones de los activistas contra el proyecto Agua Zarca fue el bloqueo del acceso al área de construcción por más de un añpo; pese a que los activistas locales fueron repetidamente desalojados por la Policía Nacional de Honduras.
El 15 de julio de 2013, los militares de Honduras abrieron fuego contra algunos miembros del COPINH, quienes realizaban una protesta pacífica, y causaron la muerte del dirigente Tomás García. En mayo de 2014 se produjeron dos asesinatos más y otros tres activistas resultaron gravemente heridos.
Desde entonces, las compañías constructoras, la policía y los militares vienen montando una campaña sistemática de represión, acoso y amenaza contra activistas locales y grupos indígenas, a la vez que los criminalizan y presentan en los medios de comunicación como violentos y peligrosos.
Como presidenta de COPINH y principal figura de la oposición al proyecto, Cáceres fue constantemente hostigada públicamente por figuras de la política hondureña. Los familiares de Berta declararon que desde el 2013 hasta su asesinato en marzo del 2016, la ambientalista había recibido 33 amenazas de muerte.
Honduras: el país más peligroso para ambientalistas
Según la ONG Global Witness en el 2016, Honduras era el país más peligroso del mundo para el activismo ambiental, con un total de doce activistas medioambientales asesinados en 2014 y más de 120 personas asesinadas desde 2010 por oponerse a proyectos de represas.
El informe plantea que la culpa es principalmente de la corrupción del Gobierno que rodea a los proyectos de desarrollo como presas, minas y plantaciones de aceite de palma.
El ejército hondureño y los cuerpos de policía, que reciben ayudas y entrenamiento de los Estados Unidos, se han visto implicados en numerosas violaciones de los derechos humanos en el país.
Juicios a los autores
El 30 de noviembre de 2018, el Tribunal Penal Nacional de Honduras condenó a siete personas por el asesinato de Berta Cáceres: entre ellas se encuentran el ex jefe de seguridad de DESA y ex Teniente del Ejército entrenado Douglas Geovanny Bustillo, el ex sargento de las Fuerzas Especiales Mariano Díaz Chávez y el gerente ambiental de DESA Sergio Ramón Rodríguez Orellana.
Además, en un juicio todavía en marcha se acusa a David Castillo, quien fuera director de la empresa DESA, responsable por el proyecto hidroeléctrico Aguas Zarca. Castillo fue oficial de inteligencia militar entrenado en los EEUU.
🔴 #CastilloCulpable| En el juicio contra David Castillo ha quedado demostrado que él consideraba a #BertaCaceres una amenaza a su propósito de desarrollar el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
(1/3) 👇🏽 pic.twitter.com/ejwJBdHuKh— COPINH (@COPINHHONDURAS) July 1, 2021
Durante el transcurso del juicio, se presentaron 62 pruebas de la implicación de David Castillo en el crimen. Muchas de ellas llamadas telefónicas a Douglas Bustillo que realizó monitoreo y vigilancia a Berta que luego notificaba a Castillo.
La familia de Cáceres afirma que existen más “autores intelectuales” del crimen, refiriéndose a ejecutivos de la empresa DESA y otros empresarios ligados al sector eléctrico, funcionarios del gobierno y militares.
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