Durante el mes de junio el Gobierno de Nicaragua realizó una serie de detenciones a opositores bajo pretexto de que infringieron una ley aprobada en diciembre del año pasado: ya suman 20 detenidos entre los cuales se encuentran 5 referentes que se perfilaban a candidatearse en las próximas elecciones del 17 de noviembre.
La serie de detenciones multiplicó la condena internacional contra el Ejecutivo, que fundamentó sus decisiones en “la intención de promover un levantamiento como el del 18 de abril del 2018 o pedir intervenciones militares extranjeras” que tendrían las personas aprehendidas.
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— Maradiaga (@maradiaga) June 8, 2021
¿Por qué se dieron los arrestos en Nicaragua?
Después de la aprobación de la ley 1055, la cadena France24 publicó la opinión del jurista José Pallais, quien la calificó como “inconstitucional, nula y sin ningún valor“. El pasado 2 de junio se realizó una redada policial en la que Pallais y otros referentes de la oposición fueron detenidos acusados de “realizar actos que menoscaban la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pedir intervenciones militares”
Entre los detenidos se incluyen los precandidatos que se perfilaban como posibles rivales del actual presidente, Daniel Ortega, para las elecciones presidenciales del 7 de noviembre: Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora.
#Infografía Los cinco aspirantes presidenciales detenidos en Nicaragua en los últimos días #AFP pic.twitter.com/xS2RuMlJFX
— Agence France-Presse (@AFPespanol) June 21, 2021
La aspirante a la presidencia Cristiana Chamorro, quien se encuentra bajo arresto domiciliario, es la única de todos los detenidos a quien no se la encuadra como alcanzada por la ley 1055, sino que tiene una acusación penal de lavado de dinero.
Hasta ayer había 19 personas detenidas por “aplaudir sanciones” contra el Gobierno sandinista. Este fin de semana se sumó el arresto del exdiputado Pedro Chamorro Barrios, hijo mayor de la exmandataria.
La polémica Ley 1055
El 21 de diciembre del 2020 el Congreso nicaraguense presentó y aprobó en menos de 24 horas la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
El documento de solo 220 palabras estableció que “quienes encabecen o financien un golpe de Estado, alteren el orden constitucional, fomenten actos terroristas, realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía y la autodeterminación, inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos o pidan intervenciones militares serán considerados traidores a la Patria”.
Bajo este fundamento, el Gobierno de Ortega realizó las detenciones a periodistas o referentes de la oposición que manifestaron abiertamente el rechazo a sus políticas, convocaron manifestaciones populares o pidieron la presencia de organismos internacionales.
“Los derechos humanos tienen prioridad por encima de cualquier norma -sea local o internacional- y por encima de cualquier ideal” Comunicado se los detenidos
Reclamo de familiares de los detenidos
Familiares de los detenidos se pronunciaron en un comunicado para exigir respeto a la integridad física de los arrestados.
“No sabemos exactamente dónde ni cómo están. A pesar preguntar por ellos, la policía no brinda información. Ya que no tenemos ninguna notificación oficial, se deben seguir considerando como personas desaparecidas”, advierte el comunicado publicado por el sitio La Prensa de Managua.
“No estamos juzgando a precandidatos, sino a criminales que han atentado contra el país, que están buscando cómo organizar otro 18 de abril.”, Daniel Ortega.
Condena internacional
El Consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Unión Europea (UE) y varias organizaciones de Derechos Humanos, entre ellas Amnistía Internacional y HRW se manifestaron contra la represión y por la libertad de los opositores.
Nicaragua: Represión de críticos de cara a las elecciones https://t.co/c6PlBbviEu
— Human Rights Watch (@hrw_espanol) June 22, 2021
Además, la CIDH pidió “la liberación inmediata de los precandidatos” y le pidió al Estado que adopte de forma inmediata medidas necesarias para proteger eficazmente sus libertades personales.
La posición argentina
Después de abstenerse junto a México a la condena en el Consejo Permanente de la OEA, el Gobierno argentino convocó a consulta a su embajador Mateo Capitanich.
Mediante un comunicado conjunto, ambos países expresaron su preocupación ante el “reciente deterioro de la situación política en el Gobierno” y pidieron por la liberación de todos los presos políticos.
A su vez, se mostraron en desacuerdo “con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”.
A su vez, el Gobierno argentino acompañó el pedido de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que en el marco del 47vo período de sesiones del Consejo que preside, ratificó el pedido para que pueda ingresar a Nicaragua la Oficina de DDHH de la ONU.
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