Desde el 28 de abril Colombia se encuentra sumida en una crisis social: después de que el gobierno anunciara un proyecto de reforma tributaria, miles de personas salieron a las calles en decenas de ciudades de Colombia para manifestarse contra la medida.
Días después, el gobierno retiró la propuesta pero las manifestaciones continuaron por motivos que incluyen la desigualdad económica, la violencia policial, el desempleo y la falta de servicios públicos adecuados.
Tras reiteradas denuncias de violencia policial y estatal, el país ha recibido distintas comisiones internacionales con el objetivo de observar el proceder del gobierno colombiano.
#Bogotá Se vive una tensa situación en la Calle 26 con carrera 100 por enfrentamientos entre agentes de fuerza disponible y manifestantes #VocesySonidos pic.twitter.com/9dcCm4uHcv
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 9, 2021
Human Rights Watch
El informe de Human Rights Watch sobre el conflicto en Colombia exige una “una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes”.
“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas”, José Miguel Vivanco, Dir. Para las Américas de HRW
Según la organización, “en reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales”. La comisión documentó numerosas muertes cometidas directamente por policías durante la crisis social, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes.
Para confeccionar el informe, HRW entrevistó a más de 150 personas ubicadas en 25 ciudades de Colombia, incluidas víctimas, sus familiares y abogados, testigos presenciales, funcionarios judiciales, funcionarios de la Defensoría del Pueblo y defensores de derechos humanos.
Como resultado, la organización declaró haber recibido denuncias sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones, y confirmó 31 muertes civiles, 20 de las cuales a manos de policías.

La Misión Argentina
Una delegación argentina que integra la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos viajó el 25 de mayo con el objetivo de «acreditar, relevar y visibilizar la situación» que atraviesa Colombia «en el mismo territorio«.
Una semana después, tras recolectar información en más de 15 ciudades, presentaron un informe manifestando que el Estado colombiano habría incurrido en “desaparición forzada de persona, delitos contra la vida (homicidios, lesiones), delitos contra la integridad moral (torturas) y delitos contra la integridad sexual (abuso sexual)”.
El informe revela el funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata (CAI) y las Unidades de Reacción Inmediata (URI) en el contexto del estallido social. “Lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en donde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, explica el documento.
La delegación la integraron miembros de organismos de derechos humanos como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La comisión perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA) visitó Colombia durante cuatro días y, si bien aún se desconocen los resultados concretos de su visita, existen expectativas de que podrían implementar un mecanismo propio para el seguimiento de las recomendaciones que presente al gobierno durante la crisis social.
Durante su estadía, se reunieron con representantes de las partes involucradas y escucharon cientos de testimonios de víctimas de violencia: la delegación recibió informes sobre casos de desapariciones, sobre muertes y violaciones o abusos sexuales, sobre ataques a la prensa y acusaciones sobre el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía, desde el inicio el 28 de abril.
En el último día de la visita a #Colombia, representantes de la minga indígena #Misak y de organizaciones de jóvenes recibieron a la Pdta. de #CIDH, @totonia68, quien se desplazó hasta el Estadio Metropolitano Techo para escuchar y recibir información en terreno. #CIDHEnColombia pic.twitter.com/3xD5XqO4W2
— CIDH – IACHR (@CIDH) June 11, 2021
Entre los posibles pasos a seguir está la conformación de un grupo interdisciplinario de expertos independientes a cargo de las investigaciones, que informe sobre los hallazgos y entregue medidas para evitar una repetición de violaciones a los derechos humanos, tanto por parte de las autoridades como de los manifestantes.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Conocé las estrategias de los países de la región ante la tercera ola de COVID-19