La Cámara de Diputados del Chaco aprobó una ley para reglamentar la actividad rentada de personas condenadas privadas de su libertad, al establecer un sistema de capacitación y, definir que los internos condenados no podrán cobrar un salario menor a los $20.000 por el trabajo que realicen.
El proyecto fue presentado por el Ejecutivo provincial y, a pesar de que no menciona que es el Estado quien aportará los fondos, cosechó críticas por parte de la oposición respecto al pago del salario de los presos. “Si nosotros no somos capaces de transformar a las personas detenidas, podemos tener peores consecuencias”, afirmó el Gobernador Jorge Capitanich.
La normativa fue sancionada con 14 votos afirmativos y dispone que el trabajo de los presos se regirá por los siguientes principios: no se impondrá como castigo, no será aflictivo, denigrante, infamante ni forzado, y propenderá a la formación y el mejoramiento de los hábitos laborales.
Asimismo, establece que los internos podrán capacitarse en oficios para desarrollar actividades rentadas. En ese sentido, uno de los puntos más polémicos de la norma es la reglamentación de una remuneración que no podrá ser inferior al salario mínimo vital y móvil – 20.588 pesos- respetando la legislación laboral y de seguridad social vigente.
Aquellos presos y/o tutelados del Centro de Liberados que tengan buen concepto y buena conducta, con el debido control por parte de la autoridad, podrán comercializar el producto de su trabajo de forma libre, otorgando un 20% de la ganancia a la autoridad de aplicación a los fines de la compra de insumos materiales y/o herramientas.
En ningún caso el salario de los presos podrá ser inferior a un salario mínimo vital y móvil y en los casos de que la organización del trabajo esté a cargo de una empresa mixta o privada la remuneración será equivalente al de cualquier trabajador en libertad correspondiente a la categoría laboral de que se trate.
La nueva ley dispone que el Servicio Penitenciario Provincial y el Centro de Liberados serán los organismos que promuevan los medios necesarios para el desarrollo de actividades rentadas de las presas y los presos, mientras que el Gobierno proporcionará herramientas para la creación de oficios dentro de los centros de detención.
Por otra parte, la norma anticipa un acuerdo con la Administración Tributaria Provincial para determinar los programas que promuevan beneficios impositivos para los empleadores que contraten a las personas presas.
En tanto el trabajo de los presos no será obligatorio y estará organizado siguiendo criterios pedagógicos y psicotécnicos; y dentro de las posibilidades existentes, el interno podrá manifestar su preferencia por el trabajo que desee realizar.
En lo referido al salario de los presos, deducidos los aportes de la seguridad social, la autoridad carcelaria destinará hasta el 15% para indemnizar los daños y perjuicios causados por el delito, conforme lo disponga la sentencia, un 35% para la prestación de alimentos, según el Código Civil y Comercial.
Asimismo, un 25% para formar un fondo propio que se le entregará al salir del establecimiento, y el 15% para a Centro de Liberados a los fines de adquirir herramientas, maquinaria y demás elementos necesarios para promover oficios, trabajos y mircroemprendimientos.
Voces a favor y en contra
Tras la aprobación de la ley, los diputados de la oposición manifestaron su desacuerdo: “Vamos a darle un oficio, y vamos a pagarle más de $20.000, o sea le vamos a pagar a quien violó derechos humanos, le vamos a pagar a quien atentó contra el Estado, a quien violó las leyes, yo creo que está bien que le enseñemos un oficio pero por qué hay que pagarle”, aseguró el diputado Carim Peche de la UCR.
En diálogo con NEA HOY, el diputado provincial Juan Manuel Pedrini explicó que para avanzar con esta norma se tuvieron en cuenta las opiniones de aquellos que trabajan con los presos y del Comité de Prevención contra la Tortura, quienes determinaron como “beneficioso” que los presos realicen actividades y se capaciten.
“Si una persona privada de su libertad trabaja y no le pagás, eso se llama esclavitud, y en el país hace tiempo se abolió la esclavitud. Un esclavo es una persona que no tiene libertad y que no recibe una paga por su trabajo. No es cierto que vamos a darle una asignación ni nada parecido, cada interno va a cobrar por un trabajo”, aclaró.
Juan Manuel Pedrini lamentó las argumentaciones de los legisladores de la oposición y aseguró que esta ley promueve cárceles sanas y limpias, para rehabilitación y no para la reincidencia de delitos. “La única pena que se le puede poner a un condenado es la pérdida de la libertad, pero no pierde la categoría de ciudadano y por lo tanto puede trabajar, votar y hasta tener hijos”, indicó el diputado.
Trabajo y personas privadas de la libertad: Mienten algunos diputados radicales. Estás personas no cobrarán más que jubilados y maestros. Ni van a tener “sueldos estatales”. El Estado gastará menos gracias a los aportes al SP. Reinserción social. Basta de pensamiento fascista. pic.twitter.com/kqqBBq4Xp3
— Juan Manuel Pedrini (@jmpedrini) December 10, 2020
“Tiene que permitirse el trabajo porque es la posibilidad que tiene una mujer o un hombre de tener la opción de lograr conocer un oficio, todos sabemos que uno de los graves problemas que tenemos es la reincidencia. Debemos hacer por lo menos una apuesta a la formación de estas personas”, agregó.
La norma fue bien recibida por sectores que defienden los derechos de los presos. Mientras que el Gobernador, Jorge Capitanich, celebró que la “ley promueva la sustentabilidad de las personas detenidas a merced de su propio sustento y trabajo para que el Estado gaste menos, no más”.
Ahora resta que el Ejecutivo Provincial promulgue la ley para que el Centro de Liberados y el Servicio Penitenciario Provincial comiencen con la adquisición de herramientas y materiales para realizar las capacitaciones que permitan a los detenidos iniciar con su actividad laboral.
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