La Fundación Interactiva para la Cultura del Agua (FIPCA) y el Grupo por la Soberanía (GPS) presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal de La Plata contra el gobierno nacional, cuestionando dos acuerdos militares con Estados Unidos, uno de ellos en la Hidrovía Paraná Paraguay.
El expediente 8307/24, caratulado: FIPCA Y OTRO C/ PEN S/ AMPARO, fue presentado por los abogados Eduardo Barcesat, Miguel Rodriguez Villafañe y Daniel Valmagia, tramita ante el Juzgado en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Federal de la Plata N° 2, subrogado por el juez Alberto Recondo.
Uno de los temas que se plantean ante el tribunal es el convenio que permitiría el ingreso de ingenieros militares estadounidenses para realizar tareas de mantenimiento de la Hidrovía Paraná Paraguay, denominado Memorándum de Entendimiento.
El acta lleva las firmas del interventor de la Administración General de Puertos (AGP), Gastón Benvenuto y el secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Mauricio González Botto, en representación del gobierno argentino. Por el país del norte, lo hicieron el embajador Marc Stanley y el representante del Cuerpo de Ingenieros, Adrien McConnell.
Base en la Patagonia
El segundo se refiere al acuerdo de integración militar anunciado por el Presidente Milei el 11 de abril en Ushuaia, que prevé la construcción de una base naval conjunta en la Patagonia, en oportunidad de la visita de la Jefa del Comando Sur del ejército de los EEUU, generala Laura Richardson.
La presentación solicita que se anulen ambos convenios por ser inconstitucionales y atentar contra la soberanía nacional al ceder control político y militar a EEUU, país aliado del Reino Unido en el conflicto por Malvinas. Además, las organizaciones piden una medida cautelar para que los acuerdos queden sin efecto de inmediato y se ordene la salida de las tropas extranjeras mientras se sustancia la causa judicial.
El escrito sostiene que ambos acuerdos “afectan de manera grosera y ostentosa la Soberanía Nacional en todo el territorio argentino”. Señalan particularmente “el corredor del río Paraná, la Patagonia, el mar Argentino, la Antártida y el canal bioceánico de Magallanes”.
Puntualizan que “EEUU forma parte de la OTAN, socia del Reino Unido que tiene usurpadas nuestras Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur y una gran porción de nuestro mar continental. Por lo tanto, ambos acuerdos implican ceder el control político y militar de nuestra Patria y de nuestros recursos naturales a los EEUU y Gran Bretaña”.
Hidrovía: los puntos del Memorándum de Entendimiento firmado con Estados Unidos que publicó El Destape
Luego de la firma del MOU llegó la rúbrica del Acta de inicio de dicho acuerdo, concretado el pasado 7 de marzo. El documento con que marcó el punto de partida del Memorándum de Entendimiento contiene las firmas de Adriel McConnell, director de proyectos del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos; Marc Stanley, embajador norteamericano en Argentina y Benvenuto como interventor de la AGP.
“Recuperación de tierras; diseño de políticas públicas hídricas, investigación y desarrollo en temas vinculados a la navegación y dragado; visitas e intercambio de personas o equipos de personas en las áreas técnicas relacionadas con el Memorándum”, son algunos de los lineamientos expresados en el texto firmado por ambos países como caballo de troya de una mayor injerencia norteamericana sobre los recursos naturales del país.
“Todos los datos, documentos e información obtenidos para la ejecución del presente MOU así como los análisis, informes o programas generados durante el mismo, que se hallen protegidos legalmente o sean considerados como información no divulgable, no podrán ser divulgados ni total ni parcialmente”, puede leerse en el texto.
La AGP y el Gobierno de los Estados Unidos poseen total discrecionalidad sobre lo firmado. Bajo el paraguas del intercambio de información técnica, Estados Unidos avanza en su estrategia de control sobre los recursos del país.
Fuente: Ser Industria / El Destape
ADEMÁS EN NEA HOY:
Segundo paro general: repercusiones en las provincias y respuesta del gobierno