El proyecto de reforma a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que impulsa el Gobierno nacional volvió a instalar el debate sobre qué rol debe cumplir la entidad monetaria en la economía del país. NEA HOY dialogó en exclusiva con dos economistas para desmenuzar los alcances de la iniciativa: Pedro Serruya, coordinador e investigador de la Escuela de Gobierno de la Provincia del Chaco, y Dante Moreno, especializado en macroeconomía.
Ambos coinciden en un punto central: la prohibición rígida del financiamiento monetario, sumada a un mandato único centrado en la estabilidad de la moneda, le quita al Estado herramientas clave para responder ante emergencias. Serruya lo graficó con el antecedente de la pandemia, cuando el Banco Central debió salir a emitir para sostener el Ingreso Familiar de Emergencia, la Asignación Universal por Hijo y créditos productivos para distintos sectores. «Deja menos herramientas para enfrentar crisis profundas«, advirtió, y sumó otro escenario posible: una corrida cambiaria frente a la cual la entidad quedaría con las manos atadas.
Para el economista chaqueño, detrás de la discusión técnica sobre el financiamiento monetario del déficit fiscal hay una definición política de fondo. «El gasto público mal llamado gasto público» es, en rigor, inversión pública: educación, salud, vivienda, seguridad, empleo. Si el Banco Central deja de financiar esa inversión, las alternativas que quedan son solo dos, dijo: más deuda o más ajuste. Serruya remarcó además que la base monetaria en la actualidad no dejó de crecer, solo que ahora la emisión se destina a pagar intereses de deuda y no a políticas de inversión pública o mejoras salariales.
Moreno, por su parte, puso el foco en otra consecuencia poco difundida: el impacto sobre las provincias. La prohibición de adelantos transitorios y otros préstamos del Banco Central alcanza no solo a la Nación sino también a las provincias, la Ciudad de Buenos Aires y los municipios. «¿Qué pasaría si las provincias están en una situación financiera angustiante y el Central no las puede ayudar?«, se preguntó, y recordó episodios previos en los que, ante la falta de asistencia, distintas jurisdicciones recurrieron a la emisión de cuasimonedas.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto, señalado por ambos entrevistados, es la estabilidad del directorio actual. La iniciativa establece que su titular solo podría ser removido con aprobación del Congreso, lo que en los hechos blinda la continuidad de Santiago Bausili más allá del signo político del gobierno de turno. Serruya vinculó esa cláusula con exigencias del Fondo Monetario Internacional, que además de sostener la compra de dólares por parte del Central reclama avanzar con una reforma previsional y una reforma tributaria. «¿A quién favorece cuando juega de forma independiente el Banco Central? Va a jugar a favor de los organismos internacionales«, sostuvo, y alertó sobre el riesgo de quedar atados a un ciclo permanente de endeudamiento externo.
Moreno coincidió en la sospecha: recordó la relación personal y laboral entre Bausili y el ministro de Economía, y planteó que el esquema busca garantizar continuidad institucional a la actual conducción económica, incluso ante un eventual cambio de signo político. «Esto de actuar deliberadamente para tratar de maniatar a un posible gobierno que no sea de la línea de Milei es una complicación presente y futura«, afirmó.
Respecto del argumento oficial de que la reforma es indispensable para combatir la inflación, ambos economistas relativizaron la lectura estrictamente monetaria del fenómeno. Serruya remarcó que la historia económica argentina muestra procesos inflacionarios ligados también a devaluaciones, restricción externa, shocks de precios relativos y expectativas especulativas, no solo a la emisión.
Moreno, en tanto, describió el escenario actual como una «plaza seca de pesos» que logra contener la inflación a costa de una fuerte recesión, y advirtió que esa estrategia tiene un límite social y psicológico difícil de sostener en el tiempo. También mencionó que distintos analistas señalan cierta «contabilidad creativa» en las cuentas del Central para mostrar déficit cero, mientras los intereses de la deuda emitida quedan contabilizados por fuera, lo que representa un problema fiscal a futuro.
Sobre el objetivo final de la reforma, Moreno fue claro: busca dar una señal de previsibilidad a los inversores internacionales, que hasta ahora no llegaron al país en la magnitud esperada por el Gobierno. «Da la sensación de que esto que está planteando Milei es para dar un mensaje hacia afuera de que el modelo se va a mantener en el tiempo, independientemente de quién esté en el sillón de arriba«, explicó. Sin embargo, consideró que una reforma de este alcance debería quedar en manos del próximo gobierno y discutirse con amplitud en el Congreso, con la participación de los distintos bloques políticos. «Si hay una discusión seria en la legislatura, no pasaría este proyecto«, opinó.
Ambos economistas coinciden, desde distintos ángulos, en que la discusión sobre la Carta Orgánica del Banco Central excede lo técnico: define qué tipo de Estado y qué margen de maniobra económica tendrán los gobiernos, presentes y futuros, frente a las crisis.
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