El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó esta semana un nuevo proyecto de Ley de Inocencia Fiscal apenas seis meses después de que el Congreso aprobara la versión original, el 27 de diciembre de 2025. La norma vigente desde febrero tuvo una adhesión que el propio Palacio de Hacienda calificó de insuficiente: apenas 330.000 personas se anotaron en el Régimen Simplificado de Ganancias y solo 170.115 llegaron a presentar la declaración jurada. Un fracaso relativo frente a la meta original, que era destrabar buena parte de los US$170.000 millones que, según el Banco Central, los argentinos guardan fuera del sistema financiero, cuatro veces más que los US$40.000 millones depositados en los bancos.
¿Qué se modifica?
La reforma que ahora llegó a la Cámara baja mantiene el espíritu de la norma anterior —bancarizar los «dólares del colchón» sin obligar a explicar su origen— pero profundiza los beneficios para los contribuyentes. El cambio más relevante es la eliminación de los topes de ingresos ($1.000 millones anuales) y patrimonio ($10.000 millones) que dejaban afuera a los grandes patrimonios. Con la reforma, el régimen queda abierto a todas las personas humanas y sucesiones indivisas, y hasta los Grandes Contribuyentes de ARCA podrán sumarse, aunque sin acceder a la presunción de exactitud ni a los beneficios liberatorios completos.
El proyecto de Inocencia Fiscal 2 desmantela los controles contra el lavado de dinero.
No podemos aceptar que actividades ilícitas como el narcotráfico puedan blanquear fondos con la presentación de una declaración jurada, amparados en que ni el fisco ni los bancos les van a… pic.twitter.com/PVLFWca7WG
— Guillermo Michel (@MichelGuilleOK) July 27, 2026
El proyecto también redefine la llamada «discrepancia significativa», el mecanismo que le permitía a ARCA abrir inspecciones sobre períodos fiscales completos ante cualquier inconsistencia. Ahora el organismo solo podrá cuestionar a un contribuyente si detecta una diferencia superior al 15% y, además, esa diferencia supera los $5 millones, el piso que fija la Ley Penal Tributaria. Si el monto no llega a ese umbral, alcanza con corregir la declaración; si lo supera, el contribuyente tiene 15 días hábiles para regularizar sin perder los beneficios del régimen.
Otro punto central es la inversión de la carga de la prueba: el fisco ya no podrá basarse en presunciones propias —como el incremento patrimonial no justificado o los depósitos bancarios— para cuestionar el origen de los fondos, sino que deberá apoyarse exclusivamente en información declarada por el propio contribuyente o aportada por terceros. En Bienes Personales, además, se introduce una ficción legal por la cual el dinero usado para comprar un inmueble o un auto se considera generado en el año de esa operación, lo que impide a ARCA reclamar diferencias de períodos anteriores. Todo el esquema tiene fecha de vencimiento: podrá usarse hasta el 31 de diciembre de 2027.
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Un dato que generó polémica es que el proyecto no excluye a funcionarios ni a sus familiares. La lista de dirigentes que ya se habían acogido a la primera versión incluyó al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro Federico Sturzenegger, al titular de ARCA Andrés Vázquez y al ex diputado José Luis Espert, entre otros. Bloques como Unión por la Patria y Provincias Unidas ya adelantaron proyectos para impedir esa posibilidad, mientras el oficialismo, que solo reúne 95 de los 129 votos necesarios para el quórum, negociará en agosto con el radicalismo, el PRO e Innovación Federal.
¿Por qué siguen buscando debajo de los colchones?
Más allá de la letra fina, el relanzamiento habla por sí solo. Si una ley tuvo que reescribirse a los seis meses de sancionada porque casi nadie la usó, es porque el diagnóstico original estaba equivocado o porque el problema de fondo nunca fue exclusivamente tributario. Especialistas consultados por distintos medios coinciden en que la principal traba no pasa por Ganancias ni por Bienes Personales, sino por los controles antilavado: un banco o un escribano puede seguir pidiendo explicar el origen de los fondos más allá de lo que diga la ley impositiva, y Argentina está sujeta a las evaluaciones periódicas del GAFI, lo que limita cuánto puede relajar esas exigencias sin poner en riesgo su acceso al sistema financiero internacional.
A eso se suma un contexto económico que no ayuda: la actividad cayó 0,5% en mayo respecto de abril, segundo retroceso mensual consecutivo, y los depósitos en dólares crecieron apenas US$48 millones en marzo, el menor incremento desde mayo de 2025. Los índices de confianza de las universidades Di Tella y San Andrés también muestran deterioro, con el 65% de los encuestados insatisfechos con la marcha del país.
Que el propio Gobierno tenga que ampliar beneficios, bajar exigencias y extender protecciones para tentar a los ahorristas es, en el fondo, una confesión: si hiciera falta insistir tanto para que la gente saque los dólares de abajo del colchón, es porque esa gente todavía no confía en que las reglas del juego se mantengan estables. Y esa desconfianza no se resuelve solo con una ley, sino con series de decisiones sostenidas en el tiempo, algo que el propio equipo económico reconoce como su verdadero desafío pendiente.
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