La directora gerente del Fondo Monetario Internacional visitará Buenos Aires y Vaca Muerta el 27, 28 y 29 de julio en lo que el Gobierno de Javier Milei presenta como un espaldarazo político. Pero detrás de la escenografía diplomática, especialistas, exfuncionarios y organizaciones sociales advierten sobre el costo social del programa, el incumplimiento de metas y las dudas sobre la sostenibilidad de una deuda que ya convirtió a la Argentina en el principal deudor del organismo.
Por primera vez desde que asumió la conducción del FMI en 2019, Kristalina Georgieva pisará suelo argentino. Su agenda combina reuniones con Javier Milei y el equipo económico, una conferencia junto a Luis Caputo y un recorrido por Vaca Muerta, la formación neuquina que el organismo mira como fuente de dólares genuinos. El propio Gobierno la describe como reconocimiento a la «excelente relación» con el Fondo. Sin embargo, distintas voces consultadas por otros medios ponen en duda esa lectura oficialista.
El exrepresentante argentino ante el FMI, Héctor Torres, explicó que los directores gerentes del organismo no suelen viajar para supervisar el cumplimiento técnico de un programa, sino para dar visibilidad política a un gobierno. Según su análisis, la visita se asemeja a la que realizó el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, cuando el Ejecutivo flexibilizó parcialmente el cepo cambiario: un gesto de respaldo más que una auditoría. Otro exfuncionario que negoció con el organismo fue más escéptico y planteó que lo inusual del viaje despierta más interrogantes que certezas sobre sus verdaderos motivos.
Metas incumplidas y «perdones» del organismo
Detrás del discurso de éxito compartido, el vínculo entre Buenos Aires y Washington estuvo marcado por sucesivos incumplimientos. El Banco Central llegó a acumular un déficit de reservas netas que en un momento rondó los 15.000 millones de dólares por debajo de lo pactado. Ante ese panorama, el FMI optó por reducir en 11.800 millones de dólares la meta de reservas para 2026 y bajar también el objetivo de superávit fiscal, de 8,46 a 6,86 billones de pesos. La maniobra permitió transformar un escenario de incumplimiento en uno de aparente sobrecumplimiento, una dinámica que se repite en buena parte de los 23 programas que la Argentina firmó históricamente con el organismo.
El economista Horacio Rovelli, al analizar la segunda revisión del acuerdo, señaló que el esquema impulsado por el Fondo favorece el endeudamiento estatal y la fuga de capitales, sin que se apliquen controles cambiarios efectivos. De acuerdo con su lectura de los datos del Banco Central, entre enero de 2024 y febrero de 2026 las personas humanas compraron cerca de 49.000 millones de dólares, en paralelo a un ajuste fiscal severo. Rovelli también apunta que el resultado financiero de la administración nacional es en realidad deficitario si se contabilizan los intereses capitalizados y no pagados, lo que relativiza el discurso de superávit sostenido por el equipo económico.
Alerta social y ambiental
Un informe elaborado en abril de este año por organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, junto a otros espacios de la sociedad civil, describe un cuadro de deterioro social sostenido bajo el programa vigente. El documento menciona una informalidad laboral que llegó al 43%, el nivel más alto de la última década, y la pérdida de 65.000 empleos públicos desde diciembre de 2023. También cuestiona la reforma laboral aprobada en febrero de 2026, en particular el mecanismo del Fondo de Asistencia Laboral, que según el reporte funciona como un incentivo indirecto al despido y desfinancia al sistema previsional.
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El mismo informe advierte sobre el retroceso presupuestario en áreas sensibles: la inversión en universidades cayó más del 45% en términos reales, y los fondos destinados al combate de incendios forestales se redujeron cerca de un 69% respecto de 2023, en momentos en que Chubut sufría este año una ola de incendios de gran magnitud. Las organizaciones firmantes remarcan además que el acuerdo de 2025 nunca fue tratado por el Congreso, pese a que una ley vigente desde 2021 lo exige, y fue aprobado en cambio mediante un decreto cuya validez constitucional también se cuestiona.
El propio staff del Fondo, con reservas
Incluso dentro del organismo existen matices. Un documento elevado en mayo por el equipo técnico liderado por Luis Cubeddu advierte que la incertidumbre política de cara a las elecciones de 2027 podría frenar las reformas si la población no percibe mejoras concretas en el empleo y los ingresos. El mismo texto reconoce que el sistema previsional argentino es fiscalmente insostenible y que las reformas tributaria y jubilatoria avanzan con lentitud, mientras crecen las desigualdades entre generaciones y la segmentación del mercado laboral.
En ese contexto llega Georgieva: con un país que, según el economista Fernando Marull, comenzará por primera vez en casi ocho años a pagarle capital al Fondo, y con un programa que sus propios técnicos reconocen frágil si no logra traducirse en bienestar concreto para la mayoría de la población.
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