Lo que empezó como una serie de despidos en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) —el organismo que desde 1950 investiga usos pacíficos de la energía nuclear, produce radioisótopos para tratamientos oncológicos y desarrolla proyectos como el reactor modular CAREM— hoy se revela como una pieza más de un plan mucho más amplio. Ese plan combina el achicamiento del Estado en ciencia y tecnología con la apertura de sectores estratégicos a capitales privados, muchos de ellos extranjeros.
Los números del ajuste son contundentes. Según cifras oficiales del INDEC, la CNEA perdió cerca de 390 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y mediados de 2026, mientras que organizaciones sindicales y centros de investigación independientes elevan esa cifra a casi 500 si se contabiliza también la migración de profesionales hacia el sector privado, atraídos por salarios varias veces superiores a los que ofrece el Estado. El presupuesto del organismo, en tanto, cayó alrededor de un 45% en términos reales desde el inicio de la actual gestión, golpeando especialmente áreas sensibles como la seguridad nuclear y las aplicaciones tecnológicas no vinculadas a la medicina nuclear, uno de los pocos rubros que creció.
En simultáneo, el Gobierno confirmó que avanzará con la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal que opera las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse y que, a diferencia de buena parte del universo de firmas públicas, genera superávit. La operación contempla la venta del 44% del paquete accionario mediante una licitación nacional e internacional, reteniendo el Estado apenas la mayoría accionaria.
El gobierno de Milei despidió intempestivamente al 20% del personal contratado de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Son profesionales, técnicos y administrativos altamente capacitados cuyo trabajo es fundamental para sostener nuestras instalaciones nucleares y garantizar…
— Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) June 30, 2026
A esa apertura se suma otro capítulo: desde este año, empresas privadas nacionales e internacionales pueden recorrer instalaciones de la CNEA para evaluar activos de interés, en el marco de un procedimiento que también pone en agenda al uranio, recurso que el país prácticamente dejó de explotar desde fines de los años noventa. Estados Unidos ya expresó públicamente su interés en el potencial uranífero argentino, en el marco de acuerdos de cooperación sobre minerales considerados críticos para la industria de defensa y de inteligencia artificial.
La Patagonia como polo
Es justamente la inteligencia artificial la que traza el vínculo más llamativo entre el ajuste nuclear y la geopolítica tecnológica. El Gobierno impulsó la idea de convertir a la Patagonia en un polo mundial de centros de datos, apoyándose en su clima frío, la disponibilidad de grandes extensiones de tierra y una tradición tecnológica que incluye a la propia CNEA, INVAP y el Instituto Balseiro.
El instrumento pensado para viabilizar esas inversiones es el Súper RIGI, que ya obtuvo media sanción en Diputados y ofrece estabilidad fiscal, cambiaria y jurídica por treinta años a proyectos superiores a los mil millones de dólares. Pero el debate no se agota en si el régimen atrae o no capitales: distintos análisis económicos cuestionan cuánto de esa inversión efectivamente queda en el país.
Mientras se habla de inteligencia artificial, centros de datos y nuevas tecnologías, se avanza en un modelo que necesita enormes cantidades de energía, agua e infraestructura para funcionar.
El Super RIGI no sólo profundiza el extractivismo sobre los recursos naturales: también… pic.twitter.com/VOTETcDURS
— Claudio R. Lozano (@Lozano_Claudio) July 16, 2026
Un informe de la organización Fundar señaló que el esquema profundiza las concesiones del RIGI original: baja el Impuesto a las Ganancias al 15%, reduce las contribuciones patronales al 10% y libera de forma acelerada la obligación de liquidar divisas, hasta llegar al 100% de libre disponibilidad en el tercer año. A eso se suma la eliminación del compromiso mínimo de integración local que existía en la versión anterior del régimen: el propio texto prohíbe al Estado exigir que los inversores compren insumos nacionales cuando haya una alternativa importada más barata.
La conclusión de ese informe es directa: la ecuación posible es una inversión que no deje impuestos relevantes, no aporte dólares al mercado local y tampoco genere una cadena de proveedores argentinos, porque el paquete de beneficios se otorga sin ninguna contrapartida productiva. Incluso el IERAL, de la Fundación Mediterránea —de matriz liberal y en general favorable a este tipo de regímenes—, coincidió en que la multiplicación de excepciones fiscales aumenta los riesgos de discrecionalidad y lobby, y advirtió que ningún régimen especial reemplaza una política de desarrollo con reglas parejas para toda la economía.
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Nacional o extranjera
Ese contraste es el que atraviesa, en el fondo, la discusión sobre la CNEA. Mientras el organismo pierde personal calificado, presupuesto y proyectos, el país renuncia a capitalizar siete décadas de desarrollo nuclear propio —desde el diseño de reactores hasta el manejo del ciclo de combustible— para en cambio ofrecer condiciones extraordinarias a empresas extranjeras que ni siquiera se comprometen a transferir tecnología ni a integrar proveedores locales. Especialistas como la exdiputada y expresidenta de la CNEA, Adriana Serquis, cuestionan al Súper RIGI por otorgar derechos asimilables a la propiedad privada y habilitar arbitrajes internacionales que colocan a la Justicia local en un segundo plano.
El resultado, sostienen los análisis críticos, es una arquitectura en la que el desmantelamiento de capacidades públicas convive con la cesión de activos estratégicos —uranio, reactores, infraestructura energética y de datos— a cambio de una promesa de inversión cuyo impacto real en divisas, recaudación y desarrollo de proveedores todavía nadie puede garantizar.
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