Una de las principales promesas cuando el Gobierno de Javier Milei impulsó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) fue que la llegada de capitales extranjeros iba a traer crecimiento económico y miles de puestos de trabajo. Con la ley aprobada y todo, el panorama 2 años más tarde es muy distinto. El empleo registrado cae, la industria se achica y 6 de cada 10 jóvenes son trabajadores informales. Pero no contentos con esto, el oficialismo ya está impulsando el Súper RIGI, por lo que inevitablemente surge la pregunta: si el primer RIGI no logró convertirse en una máquina de generar trabajo, ¿por qué un esquema que tiene aún menos exigencias hacia las empresas sí lo haría?
En Argentina, 6 de cada 10 jóvenes de entre 18 y 24 años trabajan en condiciones de informalidad. No tienen aportes jubilatorios, obra social, vacaciones pagas ni estabilidad laboral. Hoy en día, ingresar al mercado de trabajo significa aceptar empleos precarios en comercios, gastronomía, plataformas digitales o trabajos temporales. Esta situación también condiciona el futuro. Sin aportes previsionales, sin experiencia registrada y sin acceso al crédito formal, una generación completa comienza su vida laboral con menos derechos y menos oportunidades.
Además, las mujeres jóvenes se enfrentan a mayores dificultades todavía. La informalidad golpea especialmente en actividades vinculadas al cuidado, el trabajo doméstico y los servicios personales, sectores históricamente precarizados. Mientras tanto, el empleo privado registrado tampoco muestra señales positivas. Desde noviembre de 2023 cerraron más de 26.000 empresas empleadoras y se perdieron más de 216.000 puestos de trabajo registrados.
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El RIGI prometía inversiones, pero no empleo
En los anuncios oficiales del plan RIGI aparecían cifras millonarias y la expectativa de transformar la matriz productiva del país. Pero dato mata relato. Aunque existen más de 40 proyectos presentados por unos 141.000 millones de dólares, apenas una parte obtuvo aprobación y la inversión efectivamente ejecutada representa menos de 1.000 millones de dólares. Además, todos los proyectos se concentran en minería, petróleo, gas, energía y siderurgia, sectores intensivos en capital pero con baja capacidad para generar empleo masivo.
El problema no reside únicamente en los beneficios fiscales que reciben las empresas, sino la ausencia de obligaciones que también tienen. El RIGI garantiza estabilidad tributaria durante 30 años, reduce significativamente impuestos y permite la libre disponibilidad de divisas provenientes de las exportaciones. A cambio, prácticamente no exige compromisos verificables en materia de empleo, transferencia tecnológica o desarrollo de proveedores nacionales. La cláusula que establece un supuesto piso del 20% de proveedores locales incluye una excepción que termina vaciándola de contenido: solo debe cumplirse «siempre que existan condiciones de mercado». En otras palabras, si una empresa considera más conveniente importar, puede hacerlo.
El ejemplo más ilustrativo fue el del proyecto minero Vicuña, en San Juan, considerado el emprendimiento de cobre más grande de la historia argentina. El campamento modular destinado a alojar a miles de trabajadores terminó siendo adjudicado a un consorcio chino que fabricará todos los módulos en China. La diferencia económica respecto de la oferta presentada por una empresa argentina representaba apenas una fracción mínima de la inversión total del proyecto. Sin embargo, la decisión implicó resignar cientos de puestos de trabajo industriales que podrían haberse generado en el país. OSea que atraer inversiones no garantiza que los beneficios económicos se distribuyan en la economía local si no existen condiciones que incentiven la producción nacional.
Ahora llega el Súper RIGI
Pero lejos de preocuparse por esas debilidades legales, el Gobierno Nacional decidió profundizar el modelo mediante el ahora llamado Súper RIGI. La nueva iniciativa apunta a sectores tecnológicos como inteligencia artificial, biotecnología, infraestructura digital y semiconductores, actividades que podrían representar una oportunidad estratégica para diversificar la economía argentina. Sin embargo, el texto del proyecto amplía todavía más las exenciones impositivas mientras mantiene extremadamente débiles las exigencias sobre empleo local. Entre otros beneficios, las empresas podrían tributar una alícuota de apenas el 15% en Ganancias, pagar menos impuestos sobre dividendos, acceder a fuertes reducciones en contribuciones patronales y quedar exentas de derechos de exportación desde el inicio de sus proyectos.
Según estimaciones de la ONG iCiudad, el costo fiscal podría alcanzar el equivalente al 1,27% del PBI, una cifra suficiente para absorber el superávit primario proyectado por el propio Gobierno para 2026. Más llamativo todavía resulta el tratamiento que recibe el empleo dentro del proyecto. El texto únicamente obliga a las empresas a presentar una estimación de los puestos de trabajo que eventualmente generarían. No existe un piso mínimo obligatorio, ni metas de contratación local, ni sanciones si esos empleos finalmente no aparecen.
Incluso la obligación de contratar proveedores argentinos conserva una redacción similar a la del RIGI original: deberá cumplirse únicamente cuando los proveedores locales resulten competitivos en precio y calidad, una condición especialmente difícil en un contexto donde el atraso cambiario favorece la importación de bienes terminados. Así, una empresa podría instalar infraestructura en Argentina utilizando tecnología desarrollada en el exterior, contratar servicios desde otros países e importar buena parte de sus insumos sin incumplir la ley.
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El desempleo subió al 7,8% en el primer trimestre y crece la presión sobre el mercado laboral
El empleo privado volvió a caer y ya se perdieron más de 300 mil puestos formales desde 2023
