A 32 años del atentado terrorista que voló la sede de la mutual judía en Buenos Aires, el reclamo de memoria, verdad y justicia volvió a resonar este 18 de julio. El acto oficial contó con la presencia del presidente Javier Milei, quien asistió para mostrar su alineamiento y compromiso con la comunidad. Sin embargo, la jornada conmemorativa dejó una postal que generó profunda incomodidad y contradicciones puertas adentro: la presencia en el lugar del juez Carlos Mahiques.
Mahiques no es un magistrado más en el laberinto judicial del caso AMIA. Como integrante de la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, fue uno de los artífices del polémico fallo dictado en abril de 2024 que consagró una sensible reducción de penas para los responsables del encubrimiento y el desvío de la investigación original.
La presencia del juez en el acto, compartiendo el mismo espacio institucional que el Jefe de Estado y los familiares de las víctimas, expone una dolorosa paradoja. Fue Mahiques quien firmó la resolución que le bajó la condena al exjuez de la causa, Juan José Galeano (de 6 a 4 años), y al extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy (de 4 años y medio a 2 años y medio), además de dictar sobreseimientos y justificar el accionar de los exfuncionarios menemistas amparándose en su supuesta «inexperiencia» y «falta de recursos».
Agrupaciones de familiares de víctimas vienen denunciando sistemáticamente que aquel fallo operó como un mecanismo de impunidad para la «conexión local», utilizando el alineamiento geopolítico contra Teherán como una cortina de humo para perdonar a los encubridores locales.
El aval de la Casa Rosada y la continuidad en Casación
La coincidencia de Milei y Mahiques, quien es padre del ministro de Justicia nacional, en el homenaje no es un simple cruce protocolar. Detrás de la foto subyace un guiño político de fondo: el respaldo de la administración libertaria para garantizarle al magistrado su continuidad en el estratégico sillón de la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país por debajo de la Corte Suprema.
Lejos de tomar distancia del juez que benefició a quienes entorpecieron la búsqueda de la verdad durante décadas, el Gobierno de La Libertad Avanza le ha dado continuidad y sustento político en los tribunales de Comodoro Py. Este aval institucional choca de frente con el discurso oficial de combate a la impunidad y esclarecimiento definitivo del atentado.
Para las familias que llevan más de tres décadas exigiendo respuestas, las señales son contradictorias. Por un lado, se asiste a los homenajes y se prometen reformas; por el otro, se sostiene en el poder y se comparte espacio con los despachos judiciales que terminaron alivianando el castigo de quienes, desde el propio Estado, decidieron que la verdad no saliera a la luz.
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