Un fenómeno que crece silenciosamente entre los trabajadores estatales de Misiones amenaza con convertirse en una crisis social de proporciones: miles de docentes, policías, empleados judiciales y agentes de la administración pública están viendo cómo sus sueldos quedan reducidos a centavos, tras los descuentos automáticos que aplican mutuales y financieras para cobrar cuotas de créditos personales.
El caso que destapó la problemática ocurrió en diciembre pasado, cuando el diputado provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Cristian Castro, revisó el recibo de un colega docente a pedido de este, convencido de que había un error de liquidación. Lo que encontró fue otra cosa: al agente le habían descontado la totalidad del sueldo, dejándole apenas cinco pesos disponibles. Al indagar, Castro descubrió que tanto un banco como una mutual tenían débitos automáticos pendientes que, al no poder concretarse a principio de mes, se ejecutaron de golpe cuando la provincia depositó el aguinaldo.
A partir de ese hallazgo, el legislador comenzó a recibir consultas similares desde distintos sectores: enfermería, personal judicial, empleados de cámara y fuerzas de seguridad, entre otros. Según pudo reconstruir, el problema atraviesa a los tres poderes del Estado provincial y afecta tanto a trabajadores activos como a jubilados.
Una trampa legal con tres mutuales
De acuerdo con la investigación de Castro, existe una normativa provincial —un decreto de 2019— que fija en el 39% del salario el tope de descuento que puede aplicar cada entidad financiera con código de débito automático. El problema, según explicó, es que tres mutuales que operan en la provincia —La Chacra, Presta Fácil e IPLYC Comfort— habrían aplicado ese porcentaje de manera individual, aun tratándose en la práctica de un mismo sistema de créditos. El resultado es que, sumados los tres descuentos, se llegaría a comprometer el sueldo en su totalidad, incluso alcanzando conceptos que deberían ser intangibles, como las asignaciones familiares.
Castro también señaló que buena parte de los empleados que recurren a estas mutuales ya tienen comprometido hasta un 30% de su salario con préstamos bancarios, por lo que la sumatoria de compromisos financieros terminaría por absorber ingresos que deberían destinarse a la subsistencia familiar. El diputado calculó que, según cifras oficiales, alrededor del 14% de los cien mil empleados públicos provinciales —entre activos y pasivos— estarían atravesando esta situación, mientras que la mora general rondaría el 35 por ciento.
El legislador denunció además modalidades de otorgamiento de crédito con escaso control de identidad, mencionando un caso ocurrido en Jardín América donde una empleada habría utilizado el teléfono de tres compañeras, cedido para gestionar un trámite administrativo, para tramitar créditos a nombre de ellas sin su consentimiento. Las afectadas iniciaron una causa judicial que, según indicó Castro, continúa en trámite.
El reclamo por una intervención estatal
Frente a este panorama, Castro presentó un proyecto para que el Estado provincial se haga cargo del saneamiento de estas deudas y prohíba, hacia adelante, los códigos de descuento directo por financiamiento privado a empleados públicos. El diputado sostiene que, sin esa herramienta de cobro garantizado, las mutuales y financieras deberían recurrir a la vía judicial para ejecutar los créditos, quedando sujetas a los límites que marca la Ley de Contrato de Trabajo.
Además, el legislador impulsó otra iniciativa: la creación de una billetera virtual denominada «Andresito», que permitiría al Poder Ejecutivo otorgar líneas de crédito de hasta 150.000 pesos por doce meses para el pago de servicios públicos e impuestos, en articulación con cooperativas y municipios. Castro fundamentó la propuesta en la brecha que existe entre el crecimiento salarial y el aumento de los servicios básicos en la provincia, que según sus cálculos treparon muy por encima de la inflación general en los últimos meses.
La respuesta del Gobierno provincial
Por su parte, el Ministerio de Hacienda de Misiones lanzó en los últimos meses distintas operatorias junto al Banco Macro para refinanciar deudas de trabajadores estatales, municipales y jubilados. El ministro Adolfo Safrán explicó que el objetivo es aliviar a quienes tomaron créditos durante los meses de tasas más altas del año pasado, cuando llegaron a superar el 100% anual. El esquema contempla una tasa bonificada del 10% para quienes acrediten un nivel de endeudamiento elevado en relación a sus ingresos y mora con la entidad bancaria.
El gobernador Hugo Passalacqua confirmó posteriormente la extensión de ese programa, ampliando los requisitos de acceso e incorporando a jubilados de ANSES, con vigencia anunciada hasta fines de julio. Sin embargo, estas operatorias se limitan a la deuda contraída con el Banco Macro, sin abordar de manera directa la situación de quienes están endeudados con las mutuales que aplican los descuentos automáticos denunciados por Castro.
La discusión, de este modo, queda planteada entre dos enfoques que por ahora no logran converger: mientras el Gobierno provincial apuesta a aliviar la carga financiera mediante refinanciación bancaria, desde la oposición reclaman una intervención más profunda que ataque de raíz el mecanismo de descuentos que, según denuncian, convirtió al salario estatal en garantía de un negocio financiero.
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