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Otro aserradero correntino en problemas: salarios atrasados y estado de alerta de los empleados

Se trata de la firma Jauregui ubicada en la localidad correntina de Virasoro. Los trabajadores denunciaron también la falta de pago del medio aguinaldo.
Foto: Hoy Día

Medios de la localidad de Gobernador Virasoro informaron este martes que la empresa Jáuregui incumplió el acuerdo alcanzado con sus trabajadores respecto del pago de los haberes. Según indicaron fuentes cercanas a los obreros, la firma abonó salarios por debajo de lo establecido y, hasta el momento, tampoco efectuó el pago del Sueldo Anual Complementario (SAC).

El convenio firmado permitía a la empresa modificar la composición de las sumas remunerativas y no remunerativas de los salarios. Sin embargo, establecía como condición que los trabajadores percibieran al menos el 90% de los haberes fijados por el convenio colectivo de trabajo. De acuerdo con la denuncia de los empleados, ese compromiso no fue respetado, por lo que el reclamo avanzará a una nueva instancia administrativa.

La localidad correntina ya tiene como antecedente reciente el concurso preventivo del aserradero Tapebicuá.

La situación de Forestadora Tapebicuá

El conflicto laboral se da en un contexto complejo para la actividad forestal en Virasoro. En agosto de 2025 cerró Forestadora Tapebicuá, empresa que empleaba a unos 460 trabajadores y cuya paralización impactó de manera significativa en la economía local.

Actualmente, la firma se encuentra bajo intervención judicial y sus anteriores administradores fueron desplazados. Durante una inspección realizada este martes, la interventora designada por la Justicia constató un panorama de abandono en las instalaciones, con un marcado deterioro edilicio y daños provocados por actos de vandalismo y saqueos, situación que atribuyó al estado de negligencia y desidia en el que permaneció la planta tras el cese de sus actividades.

En ese marco, los trabajadores solicitaron que se evalúe la posibilidad de reactivar la planta en el corto plazo para recuperar las fuentes laborales. El planteo será analizado por la intervención judicial y la sindicatura, que deberán determinar la viabilidad de una eventual puesta en funcionamiento de la empresa.

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