El crimen de Agostina no solo conmocionó al país. También se convirtió en un punto de inflexión para medir la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de prevenir y responder ante la violencia de género. Un relevamiento nacional de Zuban Córdoba reveló que el impacto del caso trascendió el hecho policial y expuso un diagnóstico contundente: la ciudadanía percibe un Estado ausente, una Justicia desacreditada y reclama respuestas más eficaces frente a una problemática que continúa atravesando a millones de mujeres.
El dato más elocuente del informe es que el 82,2% de los consultados considera que el Estado no respondió con seriedad ni profesionalismo al caso. A ello se suma que el 75,9% califica como irresponsable el tratamiento estatal. La evaluación representa un fuerte cuestionamiento a la capacidad institucional para actuar en situaciones de extrema gravedad y refleja un deterioro de la confianza pública.
La crítica no se limita al Poder Ejecutivo. La Justicia aparece como el eslabón más cuestionado del sistema: el 80,4% manifiesta desconfianza en el accionar de fiscalías y tribunales ante casos de violencia de género, mientras que el 71,2% considera que jueces y fiscales no cuentan con la formación adecuada en perspectiva de género. En otras palabras, la sociedad no percibe únicamente fallas coyunturales, sino deficiencias estructurales que comprometen la capacidad del sistema judicial para proteger a las víctimas.
Un problema que atraviesa la vida cotidiana
El informe también confirma que la violencia de género continúa siendo una realidad cotidiana para gran parte de las mujeres argentinas. Los datos muestran diferencias contundentes entre hombres y mujeres. Mientras el 53,7% de los varones afirma no haber sufrido ninguna situación de inseguridad en espacios públicos durante el último año, ese porcentaje cae al 29,2% entre las mujeres. El acoso verbal, el contacto físico no deseado y el manoseo aparecen con una incidencia significativamente mayor en la población femenina.
La misma tendencia se replica en los ámbitos laborales. El 23,4% de las mujeres declara haber sufrido acoso verbal en su lugar de trabajo, exactamente el doble que entre los hombres. En el ámbito doméstico también persisten diferencias relevantes: amenazas, humillaciones, manipulación económica y aislamiento afectan con mayor frecuencia a las mujeres, lo que evidencia que la violencia adopta múltiples formas más allá de las agresiones físicas.
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Estos resultados refuerzan una conclusión que el debate público suele tensionar: la violencia de género continúa siendo un fenómeno con impacto diferencial sobre las mujeres y mantiene altos niveles de prevalencia en distintos espacios de la vida cotidiana.
La encuesta también pone el foco sobre uno de los principales obstáculos para combatir estos delitos: el temor a las consecuencias de denunciar. El 69,7% de los argentinos considera que las víctimas enfrentan estigmatización y desconfianza social cuando deciden denunciar situaciones de violencia. Entre las mujeres esa percepción asciende al 78,8%, mientras que entre los hombres alcanza el 60,2%.
Uno de los hallazgos más significativos del estudio es que el descrédito institucional no deriva en un rechazo al rol estatal. Por el contrario, cuando se consulta quién debería asumir la principal responsabilidad en la prevención de la violencia de género, el Estado encabeza las respuestas con el 26,9%, seguido por la Justicia con el 22,8% y las familias con el 20,6%.
El dato resulta relevante porque muestra que la pérdida de confianza no implica una demanda de retirada del Estado, sino una exigencia de mayor eficacia. La sociedad continúa esperando que las instituciones públicas lideren las políticas de prevención, investigación y protección de las víctimas.
Un consenso transversal
En un escenario político marcado por profundas divisiones, el informe identifica un punto de acuerdo prácticamente unánime. El 84,5% de los encuestados considera que la Alerta Sofía debe activarse de manera inmediata ante la desaparición de un niño o adolescente, porcentaje que supera el 91% entre las mujeres. Se trata de una de las pocas políticas públicas que genera un respaldo social prácticamente transversal.
La investigación también revela que el conocimiento sobre el caso Agostina fue casi absoluto: el 99,9% de los consultados afirmó haber escuchado o leído sobre el tema. Esa masividad convirtió al caso en una prueba de evaluación pública para todas las instituciones involucradas.
A once años de la primera movilización de Ni Una Menos, el informe sugiere que la violencia de género continúa ocupando un lugar prioritario en la agenda social, incluso en un contexto de fuerte polarización política. Los resultados muestran que la ciudadanía distingue entre las discusiones ideológicas y la necesidad de contar con instituciones capaces de prevenir la violencia, proteger a las víctimas y garantizar investigaciones eficaces.
La principal conclusión del estudio es que el caso Agostina no solo profundizó la desconfianza hacia el Estado y la Justicia, sino que dejó en evidencia una demanda social concreta: fortalecer las políticas públicas y reformar instituciones que, para una amplia mayoría de los argentinos, todavía no logran estar a la altura de una problemática que sigue cobrando víctimas.
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