El 3 de junio se cumplieron 11 años de la primera movilización de Ni Una Menos, pero la violencia extrema contra mujeres y diversidades sigue siendo una realidad cotidiana en Argentina. El Observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó 3.144 femicidios desde el 3 de junio de 2015 hasta el 24 de mayo de 2026. Los datos muestran que hace más de una década el fenómeno conserva características estables, por ejemplo, en el 85% de los casos el agresor pertenecía al círculo íntimo de la víctima, ya sea como pareja, expareja, familiar o conocido.
📣📊Desde el Observatorio de las Violencias de género “Ahora Que Sí Nos Ven”, en colaboración con @undeldelta presentamos el informe con los datos de víctimas letales de violencia de género ocurridos en Argentina a 11 años de la histórica movilización del #NiUnaMenos. 💜 pic.twitter.com/DwWmbKEI7W
— AHORA QUE SÍ NOS VEN ⚡️ (@ahoraquesinosv4) May 29, 2026
Los femicidios del 2026
Entre el 1 de enero y el 24 de mayo de 2026 se registraron 99 muertes vinculadas a la violencia de género: 83 femicidios directos, 8 femicidios vinculados, 4 casos de instigación al suicidio y 4 travesticidios/transfemicidios. Las organizaciones advierten que este escenario sucede a la par del retroceso de las políticas públicas destinadas a prevenir y atender las violencias por motivos de género. Desde la asunción de Javier Milei, el Gobierno Nacional avanzó con recortes en áreas consideradas estratégicas para la asistencia y protección de mujeres y diversidades, al tiempo que promovió discursos cuestionados por organismos y colectivos feministas por relativizar la problemática.
Entre las medidas más señaladas se encuentra el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la eliminación o reducción de programas de acompañamiento y asistencia, como el Programa Acompañar. Según distintos espacios de derechos humanos y organizaciones sociales, estas decisiones impactan especialmente en mujeres y personas LGBTIQ+, que encuentran menos herramientas estatales para enfrentar situaciones de violencia. A esto se suma el deterioro económico que afecta de manera particular a las mujeres, quienes continúan concentrando mayores niveles de precarización laboral y pobreza.
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El lugar más peligroso sigue siendo el hogar y las denuncias no evitaron los asesinatos
Los registros acumulados durante estos 11 años muestran que el 63% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el hogar compartido con el agresor. Si se suman los casos ocurridos en la casa del victimario, el porcentaje asciende al 67%. Es decir que el principal riesgo para muchas mujeres no está en la calle sino adentro de sus propios hogares. La dependencia económica, las dificultades para acceder a una vivienda propia y la ausencia de redes de contención aparecen frecuentemente como factores que dificultan la salida de situaciones de violencia, pero uno de los aspectos más preocupantes del informe está relacionado con el acceso a la justicia.
Entre 2015 y 2026 apenas el 17% de las víctimas había realizado denuncias previas. Además, 1 de cada 10 contaba con medidas judiciales de protección que terminaron siendo insuficientes para evitar el femicidio. La misma situación se repite en numerosos casos registrados durante 2026. Para dar unos ejemplos, María Leonor Godoy, asesinada en Entre Ríos, había denunciado a su pareja y existía una restricción vigente. Jessica Verónica Mercado, en La Rioja, había denunciado al menos 10 veces a su expareja por violencia de género. Para las organizaciones que trabajan la problemática, estas historias son el ejemplo de que la violencia extrema no suele aparecer de manera repentina sino como la etapa final de procesos que ya habían sido advertidos.
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La justicia, los datos y las fuerzas de seguridad
Desde el año 2020 se registraron 90 femicidas policías y 14 militares. El año 2025 fue el de mayor cantidad de casos protagonizados por integrantes de fuerzas de seguridad. Los especialistas advierten que el acceso a armas reglamentarias incrementa significativamente el riesgo para las víctimas. A eso se suman dificultades adicionales para denunciar cuando el agresor pertenece a una institución armada. El caso de Graciela Mabel López, asesinada en Chaco por un policía de Puerto Vilelas, se convirtió en uno de los ejemplos del 2026. Familiares denunciaron antecedentes de violencia y señalaron que la pertenencia del agresor a la fuerza policial generaba temor y obstáculos para denunciar. Pero además de las fuerzas armadas, el debate incluyó también a los jueces. Según el Registro Nacional de Femicidios de la Corte Suprema, se contabilizaron 200 víctimas directas frente a las 228 registradas en 2024, una caída del 12,3%
Para especialistas y organizaciones feministas, el dato requiere una lectura más compleja. La Corte trabaja exclusivamente sobre causas judiciales caratuladas como femicidio, y como ya hemos visto con el caso de Agostina, muchas veces la justicia duda de catalogar un crimen como femicidio, prefiriendo catalogarlo como un homicidio. Es por eso que para la Corte Suprema puede haber disminuidos los casos, mientras que otros observatorios incorporan femicidios territoriales, transfemicidios, crímenes en contextos de narcotráfico y otros casos atravesados por violencia de género. Así lo explicó Claudia Acuña, Directora del Observatorio Lucía Pérez, que sostiene que la diferencia responde en parte a cambios en las carátulas judiciales y a dificultades crecientes para relevar información. Pero más allá de las diferencias metodológicas, los distintos registros coinciden en algo: los femicidios continúan ocurriendo.
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