Cuando en junio de 2023 desapareció y fue asesinada Cecilia Strzyzowski, el impacto social del caso generó una fuerte presión sobre el Poder Judicial chaqueño. En aquel momento, el procurador general del Chaco, Jorge Canteros, aseguró que la investigación marcaría «un antes y un después» en la respuesta institucional frente a la violencia de género. Sin embargo, tres años más tarde, los números muestran una realidad muy distinta.
Una investigación realizada por el medio LITIGIO relevó el estado de las causas por muertes violentas de mujeres ocurridas en la provincia durante los años 2024 y 2025. El resultado expone demoras judiciales, escasa transparencia y un bajo nivel de resolución de los expedientes. De las 27 investigaciones abiertas durante ese período, apenas siete llegaron a una condena. En contraste, doce continúan abiertas y en etapa de investigación, mientras que otras ocho fueron archivadas o concluyeron por distintos motivos.
Solo una de las tres fiscalías especializadas aportó información
El trabajo periodístico comenzó en marzo de este año con pedidos formales de información dirigidos a las fiscalías y cámaras del crimen de la provincia. Sin embargo, de las tres Fiscalías Especializadas en Violencia de Género del Chaco, únicamente la Fiscalía N.º 11, a cargo de la fiscal María Noel Benítez, respondió los requerimientos.
Las fiscalías N.º 4 y N.º 9, encabezadas por Jorge Cáceres Olivera y Fernanda Abraham respectivamente, no brindaron datos oficiales sobre las investigaciones bajo su órbita. La falta de respuestas obligó a reconstruir gran parte de la información a través de fuentes extraoficiales y documentación obtenida por otras vías.
Según el relevamiento, de las siete causas que llegaron a sentencia, seis cuentan con información oficial. Todas terminaron con condenas a prisión perpetua por tratarse de hechos agravados por el vínculo y cometidos en contextos de violencia de género.
Dos de esas sentencias fueron producto de juicios por jurados, mientras que cuatro se resolvieron mediante juicios abreviados, mecanismo que permite reducir los tiempos procesales cuando el acusado reconoce su responsabilidad. El informe advierte que los expedientes que alcanzaron una resolución más rápida fueron justamente aquellos en los que los imputados aceptaron su culpabilidad o los casos en los que el acusado se suicidó antes de enfrentar el proceso judicial.
El dato más preocupante es que casi la mitad de los expedientes continúan sin resolución. Actualmente existen doce investigaciones en trámite por muertes violentas de mujeres registradas entre 2024 y 2025. En muchos de esos casos resulta imposible conocer el grado de avance de las pesquisas debido a la ausencia de información oficial.
La situación genera interrogantes sobre la capacidad del sistema judicial para dar respuestas rápidas y eficaces a hechos de extrema gravedad, especialmente después de las promesas de reformas realizadas tras el caso Cecilia.
La falta de transparencia, bajo cuestionamiento
Uno de los aspectos más críticos señalados por la investigación es la dificultad para acceder a información pública. La Ley Provincial 1774-B establece la obligación de los organismos estatales de brindar información completa y precisa. Sin embargo, varias dependencias judiciales omitieron responder consultas clave o entregaron datos parciales.
Entre las irregularidades detectadas aparecen respuestas incompletas sobre la participación de querellantes particulares y omisiones respecto de causas que permanecen abiertas desde 2023. Uno de los ejemplos mencionados es la investigación por la desaparición y presunto femicidio de María Luz Herrera Leaño, que continúa tramitándose en la Fiscalía N.º 4 de Presidencia Roque Sáenz Peña, pese a que algunas dependencias informaron no tener causas pendientes de ese año.
¿Realmente hubo un «antes y después»?
El informe concluye que, ante la falta de datos oficiales y la resistencia de algunas áreas judiciales a rendir cuentas, resulta difícil comprobar si el impacto generado por el caso Cecilia produjo cambios profundos en la investigación de la violencia de género en Chaco.
La promesa de una transformación institucional todavía parece lejana frente a un escenario donde la mayoría de las causas continúa abierta y donde el acceso a la información pública sigue siendo una deuda pendiente.
Mientras tanto, familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos continúan reclamando mayor transparencia, celeridad judicial y respuestas concretas ante una problemática que sigue golpeando a la sociedad chaqueña.
Fuente: Litigio Periodismo Judicial
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