Cada Mundial tiene sus rituales. Las calles se vacían cuando juega la Selección, las conversaciones giran alrededor de los partidos y las redes sociales se llenan de análisis tácticos, memes y discusiones futboleras. Osea, es terreno fértil para otra tradición: pasar medidas polémicas que en otro momento ocuparían la plena atención cívica. En lo que va de la Copa del Mundo 2026, el Gobierno de Javier Milei ya oficializó unas cuantas cuestiones controversiales que afectan desde la Justicia hasta la infraestructura nacional.
Algunas fueron anunciadas discretamente, otras quedaron relegadas a las páginas interiores de los diarios, pero todas modifican aspectos sensibles de la vida institucional y económica argentina. Desde los cambios en el procedimiento para designar jueces de la Corte Suprema hasta un préstamo millonario, pasando por el avance del llamado Súper RIGI y la privatización de la Hidrovía, el Mundial se convirtió en el escenario ideal para que el Gobierno haga pasar varios de sus elefantes.

Préstamo, otro préstamo
Aprovechando el partido de Argentina de ayer, el Gobierno Nacional habilitó una nueva toma de deuda por hasta 5.000 millones de dólares. A través del Decreto 478/2026, autorizó operaciones de crédito con entidades financieras internacionales e incluyó la posibilidad de someter eventuales litigios a tribunales de Nueva York, una cláusula habitual en los mercados financieros pero que vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el creciente endeudamiento externo. La administración de Javier Milei sostiene que estos fondos permitirán reducir el costo de financiamiento del Tesoro y que contarán con garantías parciales de organismos multilaterales.
Sin embargo, esto llega mientras el Gobierno Nacional sigue dependiendo del ingreso de dólares para sostener su programa económico y mientras crecen las dudas sobre su capacidad de generar algún tipo de divisa genuina. Aunque el decreto aclara que activos estratégicos como las reservas del Banco Central, los bienes públicos, la infraestructura esencial y los bienes militares quedan protegidos frente a eventuales reclamos, la medida implica abrir la puerta a un nuevo ciclo de endeudamiento externo por una suma equivalente a varios presupuestos provinciales.

Menos controles para elegir a los jueces de la Corte
La primera de las medidas y la que hizo más ruido entre los que saben de derecho fue la modificación del decreto 222/2003, impulsado durante el Gobierno de Néstor Kirchner para transparentar el proceso de designación de jueces de la Corte Suprema. A través del Decreto 467/2026, Milei eliminó instancias de participación ciudadana que permitían a universidades, organizaciones sociales, colegios profesionales y ciudadanos presentar observaciones o impugnaciones antes de que el Poder Ejecutivo enviara un pliego al Senado.
Hasta ahora, cuando un presidente proponía un candidato para la Corte, se abría un período de 15 días hábiles para que la sociedad pudiera expresar apoyos u objeciones. Esa instancia desapareció. También fue eliminado el mecanismo mediante el cual el Ministerio de Justicia podía solicitar opiniones a entidades académicas y profesionales sobre los postulantes. La decisión llega después del fracaso de las candidaturas de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, que no consiguieron reunir los consensos necesarios en el Senado.
El Súper RIGI y la Argentina para las corporaciones
Si el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) ya había demostrado ser un problema que le daba absolutamente todos los beneficios a las grandes empresas y nada al país, el Súper RIGI es aún peor. Los especialistas ya advirtieron que el nuevo esquema profundiza un modelo de economía de enclave y le otorga ventajas extraordinarias a sectores que ni siquiera están claramente definidos en la ley. Entre otras cosas, el proyecto reduce la alícuota de Ganancias del 25% al 15%, elimina derechos de exportación desde el primer día, amplía exenciones a las importaciones y establece beneficios patronales que no existían en el régimen original.
Pero lo más fuerte gira alrededor de las garantías otorgadas a los proyectos aprobados. El texto establece que podrán operar durante 30 años sin interrupciones, salvo por orden judicial, cosa que podría generar desabastecimiento energético a nivel nacional, especialmente si los futuros beneficiarios son grandes centros de procesamiento de datos para desarrollar inteligencia artificial.

La Hidrovía y la mayor privatización de la era Milei
Quizás el elefante más grande de todos sea la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, más conocida como Hidrovía. Se trata del corredor por donde circula cerca del 80% del volumen exportador argentino y que conecta, entre otras, a las provincias del NEA con el comercio internacional. Finalmente, el Gobierno adjudicó la concesión al consorcio integrado por Jan De Nul y Servimagnus, que tendrá a su cargo durante los próximos 25 años el dragado, mantenimiento y señalización del sistema. Es decir que se entregó el control de una infraestructura estratégica a operadores privados por un cuarto de siglo.
Ninguna de estas medidas fue anunciada durante un partido de la Selección. Tampoco aparecieron escondidas en un rincón del Boletín Oficial. Sin embargo, el contexto ayuda. La pregunta es si, cuando termine el Mundial, los argentinos van a ver los elefantes que cruzaron la cancha mientras todos seguían la pelota.
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