El Gobierno nacional completó la adjudicación de la Vía Navegable Troncal con la selección de la firma Jan de Nul-Servimagnus como ganadora de la licitación pública, en el último paso del proceso de privatización de la estratégica vía por la que circula el 80% del comercio exterior argentino. La adjudicación quedó formalizada mediante la Resolución 2026-36-APN-ANPYN#MEC de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación. Jan de Nul y Servimagnus operarán la Hidrovía por los próximos 25 años.
La firma del contrato está prevista para dentro de un plazo máximo de 30 días y, de acuerdo con lo informado oficialmente, activará una reducción del 13,5% en los costos logísticos.
Según informó el Gobierno, la empresa adjudicataria presentó la mejor oferta y el cierre del procedimiento no registró impugnaciones por parte de las compañías participantes, que convalidaron los dictámenes técnicos emitidos por la Comisión Evaluadora durante las distintas etapas de la licitación. Esta histórica decisión cierra definitivamente la etapa estatal en la administración directa de la ruta, devolviendo la gestión operativa al sector privado.
En términos geográficos, el proyecto engloba el dragado y balizamiento desde el kilómetro 1238 del Río Paraná, a la altura de la zona conocida como Confluencia, hasta el kilómetro 239,1 del canal Punta Indio, alcanzando las profundidades naturales del Océano Atlántico. Las futuras obras permitirán que los buques oceánicos carguen a tope en sus puertos de origen.
Junto a los operadores de la vía navegable también compitieron la experimentada firma belga Dredging, Environmental & Marine Engineering NV (DEME NV) y la empresa brasileña DTA Engenharia Ltda.
El rechazo a las quejas de la competencia
El camino hacia la decisión final tuvo sus tropiezos administrativos. La primera en quedar afuera de la carrera fue DTA Engenharia Ltda: la empresa brasileña fue descalificada rápido por la Comisión Evaluadora porque falló en un requisito básico y excluyente: no presentó bien la garantía para mantener su oferta.
Por su lado, la firma belga DEME NV intentó «embarrar la cancha» para frenar la movida. Presentó recursos acusando a la Comisión de no medir sus antecedentes técnicos con la misma vara que al resto. Pero la jugada quedó en la nada: omitieron pagar la garantía obligatoria para poder quejarse, lo que dejó su reclamo sin ninguna validez legal.
El punto final a la novela lo puso el Ministerio de Economía con la Resolución 844, que le cerró la puerta a las apelaciones de la empresa belga. Con el aval de la Procuración del Tesoro, el Gobierno concluyó que no hubo ninguna arbitrariedad ni trato injusto, el consorcio europeo simplemente no entregó los papeles que pedía el pliego.
Fuente: Perfil
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