Las universidades públicas nacionales lograron un acuerdo salarial y presupuestario con el gobierno de Javier Milei, tras meses de reclamos por la pérdida de recursos y el deterioro de las condiciones de funcionamiento. Sin embargo, el entendimiento no puso fin al conflicto: las casas de estudio ratificaron que continuarán con la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario.
El acuerdo fue alcanzado entre el Gobierno nacional, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y las organizaciones gremiales del sector. La negociación permitió destrabar una discusión que se había convertido en uno de los principales focos de tensión entre la administración libertaria y el sistema universitario.
Aunque el entendimiento contempla mejoras salariales y nuevas partidas presupuestarias, desde las universidades remarcaron que la medida solo representa una respuesta parcial frente a una crisis que, según sostienen, se profundizó por el ajuste aplicado sobre la educación superior, la investigación científica y los programas de asistencia estudiantil.
Acuerdo salarial: cómo serán los aumentos
Con la participación de la representación del CIN, todas las entidades gremiales legalmente reconocidas y el aval mayoritario de los sindicatos, la actualización salarial quedó ratificada en reunión paritaria. El acuerdo establece un incremento de la masa salarial del 24,33% para docentes y no docentes de las universidades nacionales.
La recomposición se aplicará en dos tramos. El primero contempla un aumento del 21,33% en junio, calculado sobre los salarios básicos vigentes a mayo de 2026. El segundo tramo prevé un incremento adicional del 3% en octubre, tomando como referencia los básicos de septiembre.
Además, las partes acordaron reabrir la discusión salarial el 15 de septiembre. A partir de entonces, la mesa paritaria deberá reunirse cada tres meses como máximo. El objetivo será evaluar la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC y avanzar en la continuidad de la recomposición por el atraso salarial acumulado desde 2024.

Más presupuesto para universidades, becas y hospitales
El entendimiento también incluyó una actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades nacionales. En ese marco, se dispuso un incremento del 20% para los gastos de funcionamiento, una de las principales demandas planteadas por rectores y autoridades académicas durante los últimos meses.
Otro de los puntos destacados es el aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano, un programa destinado a estudiantes de carreras estratégicas. Desde el ámbito universitario venían advirtiendo que la pérdida de poder adquisitivo de las becas afectaba la permanencia de miles de jóvenes en el sistema educativo.
Asimismo, el acuerdo contempla una partida adicional para los hospitales universitarios, por encima de los recursos previstos inicialmente en el Presupuesto 2026. Las universidades habían señalado que estos centros de salud enfrentaban crecientes dificultades para sostener prestaciones médicas, equipamiento y personal especializado.

El reclamo por la Ley de Financiamiento sigue vigente
Pese a los avances alcanzados en la negociación, las universidades dejaron en claro que la discusión de fondo continúa abierta. Desde el Consejo Interuniversitario Nacional sostienen que la mejora salarial y presupuestaria no resuelve el problema estructural del financiamiento universitario.
«Esta actualización salarial y presupuestaria es un paso importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente», expresaron desde el organismo que reúne a las universidades públicas del país.
La posición del CIN apunta a que el Gobierno implemente plenamente la Ley de Financiamiento Universitario, una norma impulsada para garantizar recursos previsibles y sostenibles para el sistema de educación superior. Según los rectores, la aplicación efectiva de esa ley es indispensable para asegurar el funcionamiento de las universidades, la continuidad de las investigaciones científicas, el sostenimiento de las becas y la atención en los hospitales universitarios.

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