El financiamiento de las universidades públicas atraviesa uno de sus momentos más críticos en décadas. Un informe reciente del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la evolución presupuestaria y salarial durante la gestión de Javier Milei expone un escenario marcado por fuertes recortes, pérdida de poder adquisitivo y una creciente precarización del sistema universitario.
El eje gira en torno a la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria, sancionada por el Congreso en agosto de 2025. La norma fue vetada por el Poder Ejecutivo, pero ratificada por ambas Cámaras en octubre. Sin embargo, el Gobierno decidió suspender su aplicación mediante el Decreto 759/2025, argumentando que no estaban definidos los recursos para financiarla.
La decisión fue judicializada y, en diciembre de 2025, un juzgado federal ordenó aplicar la ley. Aun así, en febrero de 2026 el Ejecutivo envió un proyecto para modificarla, lo que en los hechos implica evitar su implementación.
Un recorte profundo y sostenido
Los datos del informe muestran que el ajuste sobre las universidades nacionales es significativo. Entre 2023 y 2025, el presupuesto registró una caída real del 28,7%. Si se toma como referencia el presupuesto vigente proyectado para 2026, la reducción alcanza el 45,6% respecto de 2023.
De haberse aplicado la ley sancionada por el Congreso, el financiamiento universitario habría alcanzado niveles cercanos a los previos al ajuste. En cambio, el proyecto del Gobierno consolida el recorte: el presupuesto previsto para 2026 sería 38,8% inferior al de 2023 y 36,5% menor al que hubiera correspondido con la ley vigente.
El impacto es especialmente grave porque el 86,9% del presupuesto universitario se destina a salarios. En este contexto, el ajuste recae directamente sobre docentes y no docentes. Entre 2023 y 2026, el gasto salarial se redujo 43,2% en términos reales.
A esto se suma un fuerte recorte en los gastos de funcionamiento, que cayeron 57,1%. Las partidas más afectadas son las vinculadas al desarrollo universitario, la investigación y la ciencia. Además, varias políticas clave para el desarrollo universitario prácticamente desaparecieron del presupuesto. Entre 2023 y 2026, las partidas vinculadas a programas estratégicos registraron recortes drásticos:
- Acciones Universitarias para el Desarrollo Regional (FUNDAR): -89,7%
- Fortalecimiento de Ciencia y Técnica en Universidades: -77%
- Desarrollo de Proyectos Especiales: -91,6%
- Institutos Tecnológicos de Formación Profesional: -71,6%
- Promoción de Carreras Estratégicas: -77,4%
Salarios en caída y por debajo de la pobreza
El deterioro presupuestario se traduce en una pérdida sostenida del poder adquisitivo. Desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, los salarios reales de docentes y no docentes universitarios cayeron 34%. La mayor caída ocurrió en los primeros meses de gestión: entre diciembre de 2023 y julio de 2024, la inflación acumulada fue de 134,6%, mientras que los salarios aumentaron 80,4%, generando una pérdida superior al 23%. Lejos de revertirse, la tendencia continuó durante 2025 y principios de 2026.
El resultado es un escenario crítico: en enero de 2026, solo los docentes titulares con dedicación exclusiva y los cargos más altos del personal no docente logran superar la línea de pobreza. El resto de los trabajadores universitarios percibe ingresos por debajo de ese umbral. En los casos más extremos, particularmente entre docentes con dedicación simple o semi exclusiva, los salarios se ubican incluso por debajo de la línea de indigencia.
La diferencia entre la ley sancionada por el Congreso y el proyecto del Gobierno es sustancial. La norma aprobada establecía una recomposición salarial que recuperara la pérdida acumulada desde diciembre de 2023, con un aumento cercano al 44%. De haberse aplicado, los salarios habrían quedado prácticamente al nivel previo al inicio de la actual gestión.
El proyecto oficial, en cambio, propone aumentos del 4,1% en tres tramos durante 2026, totalizando 12,3%. Este esquema resulta insuficiente frente a la inflación proyectada, que superaría el 20% hacia septiembre. En términos reales, esto implica que los salarios volverán a caer durante 2026, profundizando el deterioro.
Un deterioro que se profundiza
La pérdida de ingresos también se evidencia en el largo plazo. Un Jefe de Trabajos Prácticos con dedicación semi exclusiva cobraba el equivalente a más de $1,15 millones en 2015 (a valores actuales). En enero de 2026, ese ingreso se redujo a poco más de $570 mil, lo que implica una caída real superior al 50%.
Con la ley aprobada por el Congreso, esa pérdida se habría reducido significativamente. Bajo el esquema del Gobierno, en cambio, se proyecta una mayor caída del poder adquisitivo hacia 2026.
El escenario que describen los datos es claro: el proyecto oficial no busca recomponer el sistema universitario, sino consolidar el ajuste aplicado desde 2024. La combinación de recortes presupuestarios, salarios en caída y desfinanciamiento de áreas estratégicas configura un cambio estructural en el funcionamiento de las universidades públicas.
En un país donde la educación superior cumple un rol clave en la movilidad social, la producción de conocimiento y el desarrollo regional, el deterioro del sistema universitario no solo impacta en sus trabajadores, sino en el futuro del conjunto de la sociedad.
Fuente: El Centro de Economía Política Argentina (CEPA)
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