Hay una contradicción que el oficialismo no logra resolver. Manuel Adorni lleva semanas repitiendo que es inocente, que tiene todo en orden, que la Justicia lo va a demostrar. Pero al mismo tiempo, el entorno presidencial hace todo lo posible para que los testigos que podrían acreditar o desmentir esa inocencia no hablen con libertad. Un gobierno que proclama su transparencia y su superioridad moral sobre «la casta» terminó construyendo un operativo de presión sobre declarantes que recuerda los peores capítulos de la política argentina.
El caso del contratista Matías Tabar es el más elocuente. El arquitecto que remodeló la vivienda de Adorni en el country Indio Cuá declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que la obra tuvo un costo total de 245.000 dólares, abonados íntegramente en efectivo y sin respaldo documental. Según su testimonio, el jefe de Gabinete entregó primero 55.000 dólares durante 2024 y luego otros 190.000 dólares en 2025.
Datos que difícilmente se concilian con un salario que, según surge de los registros públicos, permaneció congelado en 3.500.000 pesos durante buena parte del período analizado. Lo que ocurrió después de esa declaración revela la lógica del poder cuando se siente acorralado.
El operativo contra el testigo
Minutos antes de que Tabar prestara declaración, el propio Adorni lo contactó mediante mensajes temporales de WhatsApp y mantuvieron una conversación telefónica de cerca de diez minutos. Durante ese intercambio, el funcionario le manifestó lo incómodo que resultaba atravesar una causa judicial y le ofreció el apoyo de su equipo y de un abogado.
El contratista inicialmente evaluó aceptar esa asistencia, pero finalmente la rechazó tras recibir asesoramiento que le indicó cortar todo contacto entre ambos. La diputada Marcela Pagano, denunciante en la causa, interpretó esa maniobra como una interferencia concreta sobre un testigo clave y solicitó la detención del funcionario ante el juez Ariel Lijo.
Pero el contacto directo fue apenas el comienzo. Una vez conocida la declaración de Tabar, se activó un circuito de desprestigio que involucró cuentas de redes sociales vinculadas al entorno oficialista, figuras mediáticas cercanas al Presidente y, finalmente, al propio Javier Milei.
Tristeza, Angustia, dolor en el corazon, escuchar al Presidente de la nacion @JMilei @KarinaMileiOk cuando aposte por un pais distinto cada vez que tuve oportunidad, con @mauriciomacri y con @LLibertadAvanza, catalogarme de militante K y de Prontuario dudoso. VIVA LA PATRIA!
— Matias Tabar (@TabarMatias) May 7, 2026
El tuitero conocido como «Traductor te ama» comenzó a instalar que Tabar tenía vínculos con el kirchnerismo y contratos con el municipio de Exaltación de la Cruz. La primera afirmación se desmintió con rapidez: el perfil del contratista en redes sociales está plagado de críticas a Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández y Sergio Massa, además de mensajes de apoyo explícito tanto a Mauricio Macri como al propio Milei. La segunda —tener trabajo con un municipio— no constituye ningún delito ni evidencia de parcialidad.
Luego llegó el turno de la abogada Florencia Arieto, quien publicó una serie de mensajes amenazantes disfrazados de preguntas. Insinuó que Tabar podría enfrentar hasta diez años de cárcel por falso testimonio —una lectura técnicamente incorrecta, ya que la pena prevista es de uno a diez años— y planteó una serie de dudas sobre su familia y sus contratos, sin afirmar nada concreto pero instalando sospechas.
El remate fue Milei reposteando esos mensajes desde su cuenta oficial: el Presidente de la Nación amplificando la presión sobre un testigo en una causa donde su jefe de Gabinete está imputado. «Esto es para que esté claro que si declarás contra Adorni, vas a ser objeto de persecución«, resumió con crudeza quien fuera uno de los primeros en señalar el operativo.
El escudo y sus razones
Milei prometió públicamente que no «ejecutará» a Adorni. Lo repite con una convicción que contrasta con el malestar generalizado dentro del propio gabinete, donde ministros y legisladores aliados admiten en privado que el caso daña severamente a la gestión. Patricia Bullrich fue más allá y lo dijo en televisión: el jefe de Gabinete debe presentar sus pruebas de manera inmediata. La respuesta fue la furia de Karina Milei y una defensa presidencial visiblemente forzada.
¿Por qué ese blindaje? Pagano ofrece una explicación que circula con fuerza entre quienes siguen la causa de cerca: Adorni habría funcionado como eslabón en una cadena de acceso al poder, cobrando por gestionar entrevistas con ministros y con el propio Presidente. Si esa lógica es correcta, su salida no sería solo la caída de un funcionario, sino la exposición de un sistema que involucra a otros.
La hipótesis encaja con otro elemento que el gobierno tampoco logra despejar: la negativa sistemática a responder si existen sobresueldos. En la conferencia de prensa del miércoles, la pregunta quedó flotando sin una negativa directa.
Mientras tanto, Adorni dilata la presentación de su declaración jurada —ahora con fecha límite el 31 de julio— trabajando con contadores y abogados para justificar gastos que, como mínimo, suman 800.000 dólares. Alega que hablar públicamente podría «obstruir a la Justicia«. Pero no existe ningún impedimento legal para dar explicaciones. La pregunta de Pagano es simple y todavía no tiene respuesta: si tiene todos los papeles en orden, ¿por qué espera tanto?
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El listado de las refacciones que hizo Adorni en la casa de Indio Cua
