El sistema sanitario está sufriendo la motosierra en carne propia. Los recortes del Gobierno de Javier Milei en el área de salud están afectando a trabajadores, instituciones, programas y hasta el acceso a medicamentos. Un relevamiento de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RFPI) en distintas provincias del país muestra que los recortes en medicamentos e insumos sanitarios oscilan entre el 38% y el 100%.
También organizaciones, como la Alianza Argentina de Pacientes advirtieron que en los últimos meses se multiplicaron las denuncias por falta de insumos, interrupciones en tratamientos, despidos de profesionales y desarticulación de áreas clave. A esto se le suma la transferencia de responsabilidades hacia las provincias, que deben cubrir con fondos propios lo que antes garantizaba Nación.
RemediAR y la merma de medicamentos
El mes pasado el Director Nacional de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, Luis Gorostordoy, anunció que se iba a avanzar en una nueva etapa del Plan Remediar para redefinir la entrega de medicamentos en el primer nivel de atención y “garantizar una mayor eficiencia”. Sin embargo, varias provincias denunciaron que esta era una excusa para vaciar el programa.
RemediAR fue creado en 2002 para garantizar el acceso gratuito a medicamentos esenciales en centros de salud, el programa muestra una caída sostenida en la distribución de tratamientos. En Santa Fe y Córdoba, la reducción supera el 50% respecto a 2023. En Tierra del Fuego, los tratamientos entregados pasaron de más de 140.000 en 2023 a poco menos de 43.000 en 2025. En la provincia de Buenos Aires, la caída fue del 41% y se redujo significativamente la cantidad de centros de salud abastecidos.
Funcionarios denunciaron que estos cambios obligaron a los municipios y sistemas provinciales a absorber la demanda, que genera el efecto en cadena de saturación en hospitales y aumento de consultas en niveles de mayor complejidad. Además, la falta de medicamentos en el primer nivel de atención implica que enfermedades crónicas, que podrían ser controladas con tratamientos básicos, escalan hacia cuadros más graves. En términos sanitarios, esto termina siendo una política más costosa y menos efectiva.
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Oncología, VIH y salud sexual
El ajuste también alcanza áreas tan críticas como la oncología. En Santa Fe, los rechazos a pedidos de medicación oncológica aumentaron un 84% entre 2024 y 2025. En Córdoba, se registraron demoras, tratamientos aprobados sin proveedor y otros pendientes de auditoría. Frente a esto, las provincias destinan millones para sostener tratamientos que antes cubría el Estado nacional. Los médicos advirtieron que esta situación obliga a los pacientes a optar por terapias menos efectivas o a interrumpir tratamientos ya iniciados. En paralelo, crecen las historias de pacientes que recurren a colectas para acceder a medicamentos de alto costo.
En el campo de las enfermedades infecciosas, la situación no es mucho mejor. Varias provincias denunciaron una disminución en la entrega de reactivos para testear VIH y tuberculosis, lo que evita que se pueda hacer un diagnóstico temprano. A esto se suma la interrupción en la distribución de preservativos y anticonceptivos a las provincias, en detrimento de la ley que obliga al Estado Nacional a hacerlo. También hubo una gran caída en anticonceptivos, por ejemplo, en Santa Fe los anticonceptivos orales pasaron de 1,8 millones de unidades en 2023 a cero en 2025.
El PAMI entre deudas y recortes
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, conocido como PAMI, atraviesa uno de sus peores momentos. Con más de 5.000.000 de afiliados, el organismo enfrenta una deuda cercana a los 500.000 millones de pesos con prestadores.
Mientras las autoridades aseguran que la situación está en proceso de ordenamiento, el propio Ministerio de Salud reconoció la existencia de una crisis. Mientras tanto, se multiplican los casos de afiliados que no pueden acceder a tratamientos o tienen que afrontar demoras críticas.
Salud mental y vacunación: el ajuste también es estructural
El recorte no se limita a lo visible. En el campo de la salud mental, el presupuesto para programas comunitarios se redujo en más del 90%, según advierte la especialista Celeste Romero. La discusión sobre la reforma de la ley vigente se da, además, en medio de un desfinanciamiento brutal que pone en riesgo el modelo de atención basado en derechos humanos. En paralelo, la caída en la cobertura de vacunación infantil abre otro frente de preocupación. Con niveles por debajo del 95% necesario para garantizar la inmunidad colectiva, el país enfrenta el resurgimiento de enfermedades prevenibles. En las primeras semanas de 2026, los casos de tos convulsa aumentaron un 147% respecto al año anterior.
El sistema de salud argentino, históricamente fragmentado entre Nación, provincias y sector privado, hoy enfrenta una presión adicional en el contexto económico actual. La reducción del rol del Estado nacional implica una mayor carga para las jurisdicciones provinciales, que tienen que reorganizar recursos y prioridades para sostener prestaciones básicas. Ante esto, varias provincias incrementaron sus partidas destinadas a salud para cubrir faltantes, mientras que otras reportan dificultades para hacerlo de manera sostenida. Pero lejos de un superávit, el resultado de toda esta debacle es un sistema más vulnerable y una población más expuesta.
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