Los sistemas de salud provinciales enfrentarán una situación crítica que podría derivar en un colapso generalizado en todo el país. Así lo denunció el Defensor del Pueblo de Formosa, Leonardo Gialluca, quien advirtió que el Gobierno de Javier Milei pretende dejar de priorizar servicios básicos de manera unilateral.
En este contexto, el funcionario alertó sobre el vaciamiento del programa Remediar, que dejaría sin atención farmacológica a 19 millones de personas. Según sostuvo, esta medida, sumada a otras decisiones nacionales, configura un escenario de “colapso sanitario”, ya que la Nación se estaría desligando de responsabilidades en la atención de la población.
Frente a esta situación, los Defensores del Pueblo de todo el país exigieron precisiones sobre los mecanismos previstos para garantizar la continuidad de tratamientos en curso. También solicitaron información sobre la cobertura farmacológica que brindará el programa Remediar entre mayo y agosto de 2026, los criterios técnicos y sanitarios utilizados para priorizar ciertas patologías y excluir otras, así como los instrumentos previstos para transferir responsabilidades a las provincias y la eventual asignación de fondos.
Vaciamiento del Remediar y un reclamo federal a Lugones
En su carácter de Vicepresidente de la Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA), Gialluca, junto a otros representantes, reclamó al Gobierno nacional la presentación urgente de un plan de contingencia que garantice la provisión ininterrumpida de medicamentos esenciales en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de todo el país.
A través de una carta enviada al Ministro de Salud, Mario Lugones, solicitaron información detallada sobre los alcances del recorte al programa Remediar, su cronograma y el impacto de la reestructuración anunciada. Esta modificación implicaría cambios en el vademécum vigente, concentrando la cobertura en un conjunto reducido de patologías crónicas y trasladando a las provincias la provisión de medicamentos de bajo costo y de venta libre que hasta ahora integraban los botiquines de los CAPS.
Gialluca advirtió que el programa ya venía siendo desfinanciado y que la entrega de medicamentos a las provincias se redujo en un 55%. “Las Defensorías integrantes de ADPRA han recibido, en las últimas semanas, consultas y reclamos de ciudadanos que manifiestan dificultades para acceder a medicamentos esenciales en sus centros de salud, en un contexto de creciente demanda sobre el sistema público”, señala el documento enviado al ministro.
Colapso sanitario a la vista: personas sin medicamentos, recorte en la cobertura de las obras sociales y provincias con menos fondos
Actualmente, Remediar cubre el 85% de los medicamentos requeridos en consultas ambulatorias de 7.800 Centros de Atención Primaria de la Salud distribuidos en todo el país. “La interrupción de estos tratamientos deriva en descompensaciones, agravamiento de cuadros clínicos e internaciones evitables, lo que incrementa la presión sobre las guardias hospitalarias del sector público en cada provincia”, se advirtió.
En este escenario, Gialluca sostuvo que el posible colapso sanitario no se explica solo por el recorte al Remediar. También mencionó la modificación de la Ley de Discapacidad, que —según indicó— apunta a reducir significativamente la cantidad de beneficiarios, limitando el acceso a pensiones y tratamientos. “Se pretende que con una pensión que ronda los $300 mil los beneficiarios puedan sobrevivir”, cuestionó.
Además, señaló el desmantelamiento en el envío de anticonceptivos y preservativos y los cambios propuestos en la Ley Nacional de Salud Mental, en un contexto donde aún no se cumple con la asignación del 10% del gasto total de salud establecida por ley para este sector. Según advirtió, estas medidas implican un retroceso, ya que podrían facilitar prácticas de encierro y profundizar la estigmatización de los pacientes.
Todo este conjunto de decisiones, remarcó, trasladará a las provincias la responsabilidad de atender a una población cada vez más demandante. Esta situación se agrava por la pérdida de cobertura de obras sociales y prepagas, lo que incrementa la presión sobre los sistemas públicos provinciales, al mismo tiempo que se les retiran herramientas clave como la provisión de medicamentos. “La transferencia de responsabilidades a las provincias no puede funcionar como un mecanismo encubierto de reducción de la cobertura efectiva”, advirtió.
A la par, los distritos también enfrentan una caída en los recursos que reciben. El Diputado nacional Guillermo Michel estimó que, solo en concepto de coparticipación, las provincias perdieron $1,1 billones en el primer trimestre de 2026. En este contexto, surgen interrogantes sobre cómo podrán sostener la creciente demanda en hospitales y centros de salud.
La incertidumbre, por ahora, domina el escenario para quienes atraviesan enfermedades, discapacidades u otras situaciones de alta vulnerabilidad.
ADEMÁS EN NEA HOY:
PAMI en terapia intensiva: el ajuste de Javier Milei que se paga con la salud de los jubilados
Disolución de Misio-Pharma: el Gobierno de Misiones formalizó el cierre de la sociedad estatal
La salida de la OMS y el precio de romper la cooperación global
