Una escena que se dio en un consultorio generó diversas reacciones en redes sociales, una médica reunió a sus pacientes en la sala de espera, les explicó la situación del PAMI y se quebró. No es un hecho aislado: resume el momento que atraviesa la obra social más grande del país bajo el Gobierno de Javier Milei, con un sistema tensionado al límite.
«Doctora, ¿con cuáles de estos medicamentos puedo seguir viviendo?», le planteó un paciente, mostrando sus cajas. No es una metáfora, sino una decisión forzada: no puede pagar todo. La respuesta —que todos son imprescindibles— expone una realidad que el ajuste no logra ocultar.
Lo que se está viviendo en el PAMI es desesperante.
💔 “Llegan pacientes con sus cartoncitos pegados y me dicen ‘¿Con cuáles de todos medicamentos puedo seguir viviendo? Porque todos no puedo pagar’”
Marisol De La Rivera, médica de cabecera de PAMI. pic.twitter.com/onvmh3vS8n
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Un recorte con impacto directo
El Gobierno nacional avanzó con un plan de reducción del gasto que tiene al PAMI como uno de sus ejes. Bajo la premisa de «ordenar» y «auditar», las medidas ya impactan en prestaciones, insumos y honorarios. La obra social acumula una deuda cercana a los $500 mil millones con prestadores, con pagos demorados por meses. A la par, el nuevo esquema redujo los ingresos de los médicos de cabecera, en algunos casos a la mitad. El resultado es inmediato: menos profesionales disponibles y menor capacidad de atención.
El paro de médicos, la suspensión de cirugías y la saturación de turnos marcan un sistema en crisis. Pacientes con patologías graves ven postergadas intervenciones por falta de insumos, en un contexto donde el problema de fondo es la falta de pago a proveedores. Las demoras ya no son excepciones: forman parte del funcionamiento cotidiano.
Cuando la crisis baja a tierra
El impacto más profundo se percibe en la vida diaria de los afiliados. La misma médica relató el caso de una paciente que, tras recibir indicaciones para mejorar su dieta, encontró una alternativa: recolecta alimentos descartados por una verdulería, los desinfecta y cocina. La paciente lo cuenta como un logro. La médica, otra vez, no puede evitar llorar. La escena sintetiza el deterioro: jubilados que deben elegir entre alimentarse o medicarse, en un contexto donde la cobertura se reduce.
Mientras la Nación recorta prestaciones, la demanda se traslada a hospitales públicos y provincias, que ya advierten una presión creciente. En los hechos, se configura una transferencia de responsabilidades sin financiamiento. Con menos cupos, menos turnos y menor cobertura, el PAMI empieza a perder capacidad de respuesta. El debate ya no es solo sobre la necesidad de ordenar el sistema, sino sobre el costo de hacerlo en estas condiciones.
El gobierno de Javier Milei sostiene que el recorte es inevitable para equilibrar las cuentas. Sin embargo, en el caso del PAMI, la reducción del gasto impacta de forma directa en el acceso a la salud. Cuando un paciente debe elegir qué medicamento comprar, cuando una cirugía se posterga o cuando la alimentación depende de descartes, la discusión deja de ser exclusivamente económica. Pasa a ser, inevitablemente, sanitaria y social.
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