Hoy en día Argentina atraviesa un ajuste brutal a la par de un desfinanciamiento del sistema sanitario por obra y voluntad del Gobierno de Javier Milei, el mismo que ahora insiste con impulsar cambios en la Ley Nacional de Salud Mental. Desde NEA HOY, dialogamos con la licenciada en terapia ocupacional y especialista en salud mental comunitaria, Celeste Romero, quien no solo formó parte del proceso que dio origen a la normativa en 2010, sino que también hoy se posiciona como una de sus defensoras más críticas ante los cambios propuestos.
Romero fue parte del movimiento que impulsó la sanción de la ley 26.657, la normativa que buscó dejar atrás el modelo manicomial para avanzar hacia un enfoque comunitario, interdisciplinario y respetuoso de los derechos humanos.
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Reforma en medio del ajuste: “viene solamente a seguir desfinanciando”
La discusión actual no puede separarse del contexto económico. Mientras el Gobierno Nacional impulsa modificaciones en la ley, prácticamente no hay recursos para el área. “Es muy preocupante lo presupuestario, el único programa nacional que se encarga de salud mental en la comunidad, o sea, de crear nuevos institutos de atención domiciliaria, de casas de convivencia y de otros apoyos, ya se redujo el 91,6%, de lo que se presupuesto, del año pasado a este.” Y es que el presupuesto total para el país entero preocupa. “Para hablar de números, en ese punto solo se destinan 46 millones de pesos para crear nuevos dispositivos de acompañamiento a las personas y sus familias”, subraya.
Además, la especialista advierte que el proyecto de reforma apunta a “volver un poco al sistema que todos sabemos que quedó obsoleto”, en referencia al modelo manicomial. Este sistema, cuestionado incluso por la Organización Mundial de la Salud, se basa en el encierro prolongado en instituciones psiquiátricas, muchas veces sin controles adecuados. Romero detalla algunos de los cambios que se buscan introducir: “Vuelve la presencia del psiquiatra, reducen al equipo interdisciplinario, vuelven a la idea del hospital especializado con la idea de internación sin tantos controles”.
Frente a esto, recuerda que la ley vigente ya contempla internaciones, pero bajo criterios estrictos: “Prevé que esas internaciones sean cuidadas y que también se puede internar en hospitales generales”. Pero para la especialista, el problema de fondo no es la ley actual, sino su incumplimiento: “Vienen solamente a seguir desfinanciando y desprotegiendo a las personas más vulnerables a través de un discurso que pareciera elegante, pero sabemos que detrás de eso hay más desfinanciación, menos derechos”.
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Intereses en juego y desigualdad territorial
La intención de reformar la ley no es nueva. Según Romero, “se veía venir” desde el Gobierno de Mauricio Macri y el inicio del actual gobierno. “Cuando arrancó el Gobierno de Milei lo pusieron expresamente”, recuerda, en referencia a los intentos incluidos en la Ley Bases y otros proyectos presentados en el Congreso. Pero detrás de la discusión técnica, también aparecen intereses económicos. “El de las empresas privadas, sobre todo de clínicas de internación, se quedaban sin su razón de existir”, explica, al señalar que el modelo comunitario reduce la necesidad de internaciones prolongadas, muchas veces lucrativas para el sector privado.
Al mismo tiempo, la especialista se centra en las desigualdades estructurales: “Sabemos que las realidades del interior son otras, que muchas veces no está la presencia ni del servicio público ni de algún servicio privado”. Esto se traduce en una falta de acceso y equidad que agrava la situación en provincias alejadas de los grandes centros urbanos. En un país donde la salud mental es considerada por organismos internacionales como una problemática creciente, Romero insiste en que el camino no puede ser el retroceso: “Tenemos que seguir discutiendo cómo trabajamos para construir más y mejor salud mental en los territorios y no solamente posibilidad de encierro”.
Créditos hipotecarios y prioridades: “plata hay, hay que ver a dónde va”
Frente al argumento oficial de que “no hay plata”, Romero aporta datos que abren otra discusión: la de las prioridades. “Nosotros sacamos la cuenta de cuántos presupuestos de salud mental les dieron a los funcionarios del gobierno en modo de préstamos del Banco Nación”, explica. Y los números impactan.
“Federico Sharif Menem le pidió 357 millones de pesos en un crédito del Banco Nación, lo que equivale a 7,4 presupuestos de salud mental”, detalla. A esto se suma que “a Federico Furiase se le otorgó un crédito hipotecario por 367 millones, equivale a 5,8 presupuestos nacionales de salud mental”. Y agrega: “a Lorena Villaverde se le otorgó un crédito hipotecario por el equivalente a 5 presupuestos de salud mental”. “Plata hay. El tema es ver a dónde está direccionada toda esa plata”, sostiene Romero.
Frente a este panorama, la especialista plantea que no hay que reformar la ley, sino cumplirla. “El pedido es que realmente se aplique la ley con todos sus artículos, que realmente el 10% del presupuesto de salud vaya a salud mental, que es lo que nunca se logró”. También llama a la organización colectiva: “Deberíamos trabajadores, familiares y organizaciones juntarnos y hacer una gran movilización para pedir que esta ley no se trate”.
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