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«Todos somos Adorni»: escándalos, embargos y privilegios en las filas libertarias

El escándalo de Manuel Adorni, quien subió a su pareja a la comitiva presidencial para ahorrarse pasajes, no fue una excepción. Un repaso por los casos de diputados y funcionarios libertarios en todo el país que protagonizan polémicas por corrupción, vínculos con el narcotráfico, usufructo de fondos públicos y falta de transparencia.
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Fue el propio Javier Milei quien instaló la palabra «casta» como el gran enemigo a vencer. La usó para definir a todo aquello que, según su diagnóstico, pudría la política argentina: los privilegios, el dinero público usado para fines personales, la opacidad en el manejo de los fondos del Estado. Con esa bandera llegaron al poder. Con esa bandera eligieron a sus candidatos. Pero a poco más de un año de gestión, los hechos que se van acumulando dibujan un panorama incómodo: varios de los propios están protagonizando exactamente los escándalos que juraron erradicar.

El efecto Adorni

El caso del vocero presidencial Manuel Adorni fue, quizás, el primero en agrietar el relato. Adorni incluyó a su pareja en viajes oficiales al exterior —entre ellos, Miami y Nueva York— aprovechando el cupo que el Estado le otorga a los funcionarios. La defensa fue previsible: no es ilegal. Técnicamente, cierto. Políticamente, una contradicción en el corazón del discurso libertario.

Lo que nadie esperaba era que esa lógica del «no es delito» se convirtiera en una especie de manual de conducta para toda una camada de legisladores. El caso más reciente que sigue ese guion al pie de la letra protagonizado por Gabriela Flores, diputada nacional por Salta.

Flores y los pasajes del hijo

Flores llegó al Congreso en diciembre pasado luego de encabezar la lista de La Libertad Avanza en Salta, presentándose como periodista de investigación y prometiendo combatir los privilegios de la política. A cuatro meses de haber asumido, se supo que usó pasajes del Congreso para que su hijo, estudiante de abogacía en Buenos Aires, viajara periódicamente entre la capital y su provincia natal.

Cuando la periodista Paula Poma la confrontó al respecto, Flores no negó los hechos: «En alguna oportunidad puede haber viajado con pasajes del Congreso. Eso no es delito«, respondió con una naturalidad que generó repercusión nacional. La revista Noticias lo sintetizó con precisión: «Las viejas prácticas de la política tradicional parecen haber encontrado un refugio bajo las nuevas banderas«.

El dato que termina de redondear el cuadro: en septiembre de 2025, Flores registraba consumos por casi 12 millones de pesos en tarjeta de crédito. No es una persona que no pueda costear los pasajes de su hijo.

Stekler y el alquiler al Estado

En Misiones, el caso de la diputada provincial Bárbara Samantha Stekler también genera preguntas sin respuesta. Stekler, conocida por su encendida retórica sobre el achicamiento del Estado, figura como locadora del inmueble donde funcionó durante tres años el Programa de Asistencia Solidaria (PAS) dependiente de la Vicegobernación de Misiones. El contrato abarcó desde marzo de 2021 hasta febrero de 2024, y el monto total del alquiler, actualizado por inflación acumulada según datos oficiales del INDEC, supera los 42 millones de pesos.

En el boletín oficial figuran los pagos de alquiler de la provincia a la diputada libertaria.

Consultada por el medio Caíco Periodismo, Stekler no respondió. Su pareja, el abogado Martín Ayala, reconoció a medios misioneros que es una propiedad familiar pero dijo no recordar quién figura como locador en los contratos. Lo que sí adelantó es que están en gestiones para renovar el alquiler con dependencias del Estado provincial. El PAS, de hecho, sigue funcionando en ese domicilio.

Gallardo, LLA Corrientes y las cuentas que no cierran

En Corrientes, la Justicia Federal impuso una multa al partido La Libertad Avanza equivalente al 20% de sus aportes públicos y ordenó la suspensión cautelar de las transferencias de fondos estatales. El motivo: el distrito no presentó en tiempo y forma el balance final de campaña correspondiente a las últimas elecciones legislativas, en las que Virginia Gallardo —modelo y panelista televisiva— encabezó la lista.

Las irregularidades no terminan ahí. Se investiga si Gallardo utilizó como domicilio electoral un terreno baldío, una maniobra que le habría permitido cumplir ficticiamente con el requisito de residencia para ser candidata por Corrientes mientras vivía en Buenos Aires.

Villaverde y el expediente que no para de crecer

El caso más explosivo es el de Lorena Villaverde, diputada nacional por Río Negro. Su historial judicial incluye una detención en Florida en 2002 por porte de cocaína, causas por estafas inmobiliarias en Las Grutas, embargos por decenas de millones de pesos y vínculos con Claudio Ciccarelli, primo de Federico Machado, empresario extraditado a Estados Unidos por narcotráfico y lavado de activos.

Pese a ese prontuario, Villaverde presidió la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados hasta ser desplazada esta semana, cuando al reconstituirse la comisión el oficialismo propuso directamente a otro nombre sin siquiera mencionar a la saliente. También se reveló que el Banco Nación le otorgó un crédito hipotecario luego de que fuera rechazado en la sucursal de Cipolletti —precisamente por estar embargada y procesada— y que alguien desde la central del banco habría intervenido para revertir esa decisión.

El relato y la realidad

Ninguno de estos casos, tomado por separado, es idéntico al siguiente. Algunos involucran presunta corrupción grave; otros, un usufructo de recursos públicos que roza lo ético sin cruzar (necesariamente) lo legal. Pero todos comparten algo: sus protagonistas llegaron al poder prometiendo exactamente lo contrario de lo que hoy se les critica.

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