La Justicia federal hizo lugar este martes a un amparo colectivo y frenó la eliminación del programa Volver al Trabajo, dispuesto hace un mes por decisión del Ministerio de Capital. La medida obliga al Gobierno Nacional a mantener la vigencia del beneficio que abonaba $78.000 a unos 900 mil trabajadores informales que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos. Debe recordarse que el Ministerio de Capital Humano pretendía que las sumas se abonen directamente a empresas para brindar formación laboral, que en muchos casos no se dictaban en los lugares donde se ubicaban los beneficiarios.
«Hacer lugar a la medida cautelar impetrada por la parte actora y ordenar al Estado Nacional-Ministerio de Capital Humano que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva, debiendo acompañar en autos las constancias de su cumplimiento bajo apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de retardo», dice el fallo dictado por el Juzgado Federal de Campana.
Con su resolución, el juez Adrián González Charvay argumentó que su eliminación fue un «corte abrupto» y que la cartera de la Ministra Sandra Pettovello no previó ni implementó «medidas efectivas» para reemplazar una suma que morigieraba la «condición de vulnerabilidad» de los beneficiarios.
«La asignación mensual monetaria prevista en la norma en trato se manifiesta como una previsión con profundo contenido social y, los cambios abruptos en sus circunstancias pueden hacer que, en lo inmediato, la solución legal correcta en su comienzo se torne ahora con su culminación, arbitraria e irrazonable«, agrega la resolución.
Además, el Juzgado cuestionó que la única política implementada por el Gobierno para compensar esta eliminación sea el programa de vouchers educativos, los cuales no son «equivalentes» al beneficio de casi $80 mil perdido unas 900.000 personas.
«La referencia genérica de vouchers de capacitación, no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían», añade la resolución.
Con información de El Destape
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