Hace días ocurrió un accidente fatal en la Ruta Nacional 34, en Santa Fe, a la altura de la Cañada Rosquín. Pero más que accidente se le podría decir siniestro, ya que tuvo una causa evitable y esa es: el estado de las rutas nacionales y la paralización de obras públicas bajo la gestión de Javier Milei. Las autoridades locales, provinciales y sectores productivos advierten que la situación es crítica y no para de empeorar.
El siniestro santafesino es solamente uno de los tantos ejemplos, pero el estado de las rutas es un problema nacional. En distintas regiones del país, gobernadores, intendentes y legisladores vienen señalando cómo afectan la falta de mantenimiento en las rutas nacionales. La Ruta 34, en particular, es una de las más transitadas del país, ya que conecta el Noroeste Argentino con el centro, y concentra gran parte de los camiones que cargan con productos agrícolas y citrícolas.
La combinación entre deterioro de la calzada, ausencia de obras y aumento del tránsito pesado es un factor de riesgo creciente. Datos del Observatorio de Seguridad Vial indican que en 2024 se registraron 36 víctimas fatales en esa traza, mientras que en lo que va de 2026 ya se contabilizan 13 muertes solamente en el departamento santafesino de San Martín.
El deterioro en todo el país
La reducción de la inversión pública desde diciembre de 2023 logró que la red vial nacional alcanzara un deterioro cercano al 70%, según informes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional. Pero además de la seguridad vial, el freno de las obras también paraliza el empleo. Por ejemplo, la paralización de trabajos en la Ruta 34 a la altura de San Pedro podría derivar en unos 200 despidos en el sector de la construcción, según advirtió la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
Varios de los gobiernos provinciales avanzaron con reclamos formales por el estado de rutas nacionales. En el caso de la Ruta Nacional 3, en el partido bonaerense de Azul, incluso se presentaron denuncias judiciales. Y es que el estado de las rutas nacionales también afectan a la logística y la producción nacional porque el deterioro de la infraestructura genera mayores costos de transporte y demoras en la circulación de mercancías.
El impuesto al combustible y los fondos no ejecutados
Uno de los ejes centrales de los reclamos apunta al destino de los recursos provenientes del impuesto a los combustibles. Este tributo, que se aplica sobre cada litro de nafta y gasoil, tiene asignaciones específicas establecidas por la Ley 23.966. De acuerdo con esa normativa, el 28,58% de lo recaudado debe destinarse al sistema vial, a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Sin embargo, distintos informes y cálculos legislativos señalan que una parte significativa de esos fondos no fue transferida para obras.
Entre 2023 y 2024, la recaudación de ese impuesto se disparó un 378%, lo que implicaba transferir al sistema vial unos $354.835 millones netos. Sin embargo, al año siguiente el tributo volvió a crecer, esta vez un 92%, y el monto retenido por el Ministerio de Economía alcanzó los $688.126 millones. En tanto, durante los dos primeros meses de 2026 se registró un nuevo incremento: se recaudaron $122.530 millones que, según lo establecido por la ley 23.966, debían haber sido girados a las provincias.
Este desfasaje fue señalado por gobernadores e intendentes, que reclaman que los recursos se utilicen conforme a lo establecido por ley. En una reunión reciente en Buenos Aires, más de 150 intendentes coordinaron una estrategia común para exigir respuestas al Gobierno Nacional. Desde las provincias también advierten que el problema se agrava a la par de la caída de la coparticipación federal, lo que limita la capacidad de los distritos para compensar con recursos propios la falta de inversión nacional.
Delegación de rutas y nuevo esquema de gestión
Frente a este escenario, el Gobierno nacional avanzó con un decreto que habilita la delegación de la gestión de rutas nacionales a provincias. La medida incluye a 9 provincias, entre ellas Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y Neuquén que podrán asumir funciones de mantenimiento, administración y eventual ampliación de corredores viales. El nuevo esquema permite que las provincias otorguen concesiones de obra pública para financiar intervenciones mediante el cobro de peajes, mientras que el Estado nacional mantiene la titularidad de las rutas y funciones de supervisión a través de Vialidad Nacional.
El decreto establece plazos concretos para la implementación: las provincias tendrán un año para lanzar licitaciones y 90 días para adjudicar contratos. En caso de incumplimiento, la Nación podrá retomar el control de los tramos delegados. La iniciativa se presentó como una forma de descentralizar la gestión y acelerar obras sin depender exclusivamente del presupuesto nacional, adelantando fondos de coparticipación. Sin embargo, no transfiere los ATN que los gobernadores reclaman así que parecería que Milei solamente está financiando a algunos aliados, con plata de todas las provincias. Mientras tanto, continúan los reclamos por la falta de obras urgentes en rutas que presentan un alto nivel de deterioro.
ADEMÁS EN NEA HOY:
SanCor pidió su propia quiebra y profundiza la crisis en la industria láctea
Desregulación de la yerba mate: productores postergan la cosecha por no poder cubrir los costos
