En sintonía con los tiempos que corren, en el Congreso de la Nación avanza un proyecto de ley que pretende endurecer las penas por “falsas denuncias”. Lejos de querer fortalecer la protección de las víctimas, esta normativa busca instalar sospechas y temor en quienes realizan las denuncias. Desde diversas organizaciones feministas y de derechos humanos ya se está señalando que su aprobación implicaría un retroceso institucional grave y una amenaza directa a los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Ya de por si el punto de partida del proyecto es por demás problemático: no existen estadísticas oficiales que indiquen que las falsas denuncias constituyan un fenómeno extendido que justifique una reforma penal de este tipo. Pero si hay datos disponibles que muestran que las denuncias falsas se tratan de una excepción. A nivel internacional, representan alrededor del 1%, mientras que en Argentina no superarían el 3% del total de denuncias penales. Incluso esos porcentajes incluyen todo tipo de delitos, no solo los vinculados a violencia de género o abuso sexual. Sin embargo, el proyecto impulsado por la Senadora Carolina Losada propone agravar las penas cuando las denuncias involucren precisamente estos delitos, elevándolas a entre 3 y 6 años de prisión.
Cuando la falta de prueba se convierte en “falsedad”
Según MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) la iniciativa presenta una confusión, deliberada, entre falta de prueba y la falsedad de la denuncia. Esta distinción no es menor ya que en los delitos de violencia de género y abuso sexual, los hechos que ocurren son, en su enorme mayoría, en la intimidad, sin testigos, atravesados por relaciones de poder asimétricas y por el impacto del trauma. Es decir que es muy difícil que haya una prueba tangible.
Cuando se observan los datos, sólo 1 de cada 4 casos de violencia de género llega a ser denunciado. En el caso de delitos sexuales, apenas el 12,5% de las víctimas acude a la justicia. Al final del día, el problema estructural no se trata de un exceso de denuncias falsas sino la enorme cantidad de violencia que no es denunciada. Sabiendo esto, equiparar el archivo de una causa o la imposibilidad de probar un hecho con una denuncia falsa implica o desconocer cómo funciona el sistema judicial en estos casos o directamente malicia. También supone trasladar la responsabilidad del fracaso investigativo, como la falta de recursos, de formación o de perspectiva de género, a las propias víctimas.
👎🏾RECHAZAMOS EL PROYECTO DE LEY SOBRE «FALSAS DENUNCIAS, su aprobación sería un grave retroceso institucional y una amenaza directa a los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes en Argentina.
LA PRIORIDAD DEBE SER LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS pic.twitter.com/dw68KItFR6— MuMaLá (@MuMaLaNacional) April 14, 2026
El efecto disciplinador
Una ley de este calibre puede tener un objetivo más preocupante que las sanciones en sí mismas y es justamente lo que implica. Al introducir la amenaza de sanciones penales contra denunciantes, testigos y peritos, el proyecto instala el efecto disciplinador de desalentar la denuncia. Denunciar violencia de género o abuso sexual ya implica atravesar un laberinto de obstáculos. Miedo, dependencia económica, presiones familiares, revictimización institucional, incompatibilidad con horarios laborales, exposición pública. A ese recorrido se sumaría ahora el riesgo adicional de ser sancionado penalmente si la justicia no logra probar los hechos.
El resultado previsible es una caída aún mayor en las denuncias y, por supuesto, un incremento de la impunidad.
En 2025, se registraron 266 asesinatos por motivos de género en Argentina, uno cada 33 horas. Solo el 15% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor. Es decir, incluso en los casos más extremos, la intervención estatal llega tarde o no llega. Si ahora, además, le sumamos la penalización de la denuncia el escenario pasa de regresivo a peligroso.
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El regreso de un estereotipo histórico
El proyecto también reactualiza un imaginario profundamente arraigado: el de la mujer como “mentirosa”, “fabuladora” o “manipuladora”. Este estereotipo fue históricamente utilizado para desacreditar denuncias de violencia, traduciéndose en prácticas judiciales que ponen en duda la palabra de las víctimas desde el inicio. Desde el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) advirtieron que la iniciativa refuerza estos prejuicios al focalizar exclusivamente en las denuncias vinculadas a género, en lugar de abordar el problema de manera general.
Este tipo de construcciones impacta directamente en las decisiones judiciales, en la disposición de testigos a declarar y en el trabajo de profesionales que intervienen en estos casos. Bajo la amenaza de ser acusados por “falsas denuncias”, peritos, docentes o trabajadores sociales podrían optar por no intervenir ante situaciones de sospecha, debilitando las redes de protección.
No es el primero ni va a ser el último caso (tristísimo) en que una mujer se da cuenta que van a intentar matarla y no le creen. Y la matan. Por eso es un asco lo que hacen Carolina Losada y sus secuaces de instalar que las mujeres mienten al denunciar. https://t.co/cXZSxpjdqs
— Ana Correa (@anaecorrea) April 21, 2026
Infancias en riesgo
Pero además de las mujeres, el proyecto afecta particularmente a las niñas, niños y adolescentes. En los casos de abuso sexual infantil, más del 80% ocurre en el ámbito intrafamiliar, es decir, en contextos donde la denuncia depende muchas veces de madres protectoras o de adultos cercanos.
Introducir la posibilidad de sancionar penalmente a quienes denuncian en estos casos implica, en los hechos, elevar el umbral de silencio. ¿Quién se va a animar a denunciar si existe el riesgo de terminar imputado? ¿Qué va a pasar con los profesionales obligados por ley a reportar situaciones de vulneración de derechos?. Lejos de proteger a las infancias, la iniciativa podría dejarlas en una situación de mayor desamparo.
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