A 50 años del golpe de estado, se siguen encontrando pruebas sobre cómo funcionaba el aparato represivo. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar restos óseos de 12 personas desaparecidas en el ex centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba. Estos descubrimientos permiten avanzar en la identificación de víctimas, pero también refuerzan la reconstrucción de las condiciones en las que operaron los centros clandestinos. Gracias a estas y otras investigaciones, junto con los testimonios judiciales, hoy en día podemos establecer que la violencia de género fue una práctica sistemática dentro del dispositivo represivo.
La Perla funcionó bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército y fue uno de los principales centros clandestinos del interior del país. Se estima que entre 2.200 y 2.500 personas pasaron por ese lugar, la mayoría de las cuales permanece desaparecida. El predio, de aproximadamente 14.000 hectáreas, presenta dificultades para las tareas de búsqueda debido a su extensión. Sin embargo, el EAAF trabaja a conciencia basados en los testimonios de los sobrevivientes y la documentación histórica, cosa que les ha permitido localizar fosas comunes e individuales. La identificación reciente de restos humanos se suma a otros avances previos, aunque aún existen limitaciones debido al estado fragmentario de los materiales recuperados y a la falta de muestras genéticas en algunos casos.
Violencia sexual como práctica represiva
En los juicios por delitos de lesa humanidad, particularmente en la Megacausa La Perla/La Ribera, se ha documentado la existencia de violencia sexual ejercida contra las personas detenidas. Según lo expuesto por los fiscales Facundo Trotta y Virginia Miguel Carmona, los represores aplicaron un trato diferenciado en función del género de las víctimas. De acuerdo con los alegatos judiciales, además de la detención ilegal y las condiciones de extrema vulnerabilidad, estaba la la violencia sexual que incluyó prácticas como desnudez forzada, abusos, violaciones y otras formas de sometimiento. Los testimonios incorporados en las causas judiciales describen situaciones en las que las víctimas fueron sometidas a agresiones sexuales durante interrogatorios o como forma de castigo. En algunos casos, estas prácticas se realizaban en presencia de otros agentes, lo que refuerza la hipótesis de su carácter sistemático.
La evidencia reunida en distintos procesos judiciales indica que la violencia de género no fue exclusiva de La Perla, sino que se repitió en diversos centros clandestinos de detención en el país. Según el Informe Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), el 33% de las personas desaparecidas eran mujeres, y aproximadamente el 10% de ellas estaba embarazada al momento de su secuestro. En muchos casos, las detenidas fueron sometidas a condiciones específicas vinculadas a su género. Entre las prácticas documentadas se encuentran la desnudez obligatoria, la falta de acceso a condiciones básicas de higiene, abusos sexuales, y en el caso de mujeres embarazadas, partos en cautiverio. También se registraron casos de apropiación de niños.
Durante una conferencia de prensa el Juzgado Federal N°3 de Córdoba dio a conocer los nombres de las personas desaparecidas halladas en La Perla e identificadas genéticamente el laboratorio del @EAAFoficial. pic.twitter.com/N14Zh0TrSZ
— Equipo Argentino de Antropología Forense (@eaafoficial) March 18, 2026
Invisibilización y dificultades
Durante los primeros procesos judiciales tras el retorno de la democracia, los tribunales no trataron las denuncias por violencia sexual de manera autónoma. En el Juicio a las Juntas de 1985, los jueces consideraron estos hechos dentro de la categoría general de tormentos. Recién a partir de los años 2000, y especialmente desde 2010, la justicia argentina comenzó a reconocer estos delitos como crímenes de lesa humanidad independientes. Sin embargo, de las más de 300 sentencias dictadas en el país, solo en una parte se incluyó esta perspectiva. Especialistas señalan que la baja cantidad de denuncias se vincula con factores como el estigma social, el impacto psicológico en las víctimas y las dificultades para testimoniar sobre este tipo de hechos.
Pero también hay un porqué. Diversas investigaciones coinciden en que la violencia ejercida contra las mujeres durante la dictadura tuvo una doble dimensión: por un lado, como parte del plan represivo general; por otro, como mecanismo de control sobre los cuerpos y las identidades.
En el contexto de las décadas de 1960 y 1970, el aumento de la participación de las mujeres en ámbitos políticos, sindicales y educativos generó tensiones con los modelos tradicionales de género. Este proceso fue percibido por el aparato represivo como una forma de transgresión. En ese marco, la violencia de género operó también como una herramienta de disciplinamiento, orientada a reforzar roles tradicionales y a castigar a quienes se apartaban de ellos.
Avances judiciales y memoria
En los últimos años, los juicios por delitos de lesa humanidad han incorporado de manera progresiva la perspectiva de género. En Córdoba, la Megacausa La Perla/La Ribera incluyó condenas por delitos sexuales considerados como crímenes de lesa humanidad.
A nivel nacional, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad registra más de 300 sentencias dictadas entre 2006 y 2023. No obstante, el reconocimiento específico de la violencia sexual como parte del plan sistemático aún presenta limitaciones. Los hallazgos recientes en La Perla refuerzan la necesidad de continuar las investigaciones, tanto en el plano judicial como en el de la reconstrucción histórica.
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