La pérdida de empleo formal en la Argentina suma señales de alarma y comienza a consolidarse como uno de los principales focos de preocupación económica y social. Un informe del Grupo Atenas advierte que la caída de la actividad industrial ya habría provocado la destrucción de más de 100.000 puestos de trabajo, entre empleos directos e indirectos, en un contexto donde no aparecen sectores capaces de absorber esa mano de obra.
Según el relevamiento, la industria manufacturera perdió alrededor de 73.000 empleos registrados, a los que se suman otros 30.000 puestos indirectos vinculados a cadenas de valor como proveedores, logística, comercio y construcción. En total, la merma asciende a unos 104.000 trabajadores afectados por el retroceso productivo.
«El impacto de la industria va mucho más allá del empleo directo: cada puesto genera un efecto multiplicador sobre otras actividades», sostuvieron los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli, autores del informe. En ese sentido, remarcan que el sector industrial funciona como un «nodo central» dentro de la estructura económica, por lo que su deterioro arrastra a múltiples rubros.
La caída no es homogénea, pero sí extendida: más de la mitad de los departamentos del país registraron pérdidas de empleo industrial, tanto en el conurbano bonaerense como en distintas regiones del interior productivo. «Cuando una fábrica cierra, no lo hace sola: afecta a toda una red económica que depende de su funcionamiento», explicó Pollera.
Uno de los puntos más críticos es la falta de compensación en otros sectores. El informe señala que el agro apenas generó unos 10.000 nuevos puestos de trabajo, mientras que áreas como energía y minería registraron incluso balances negativos. En paralelo, una parte significativa de los trabajadores despedidos terminó en la informalidad, con menores ingresos y sin acceso a derechos laborales.
Solo en la provincia de Buenos Aires se perdieron 46.000 empleos formales, un dato que refleja la magnitud del fenómeno y su impacto territorial. La transición hacia trabajos informales aparece como una de las principales consecuencias, profundizando la precarización laboral.
Además del impacto inmediato, el estudio advierte sobre efectos estructurales de largo plazo. El proceso de desindustrialización implica la pérdida de capacidades productivas, el deterioro del capital humano técnico y un clima adverso para nuevas inversiones. A esto se suma la inestabilidad macroeconómica y los cambios en las reglas de juego, que desalientan la planificación empresarial.
En este escenario, la crisis industrial comienza a trasladarse al terreno político. Distintos estudios de opinión reflejan un aumento en la preocupación social por la pérdida de empleo y la caída del poder adquisitivo. En esa línea, una encuesta del consultor Hugo Haime revela que el 56% de los argentinos considera que el próximo gobierno debería priorizar la estabilidad económica con un fuerte impulso a la industria nacional y la generación de empleo.
En contraposición, solo un 23% respalda la continuidad del actual modelo económico, mientras que un 18% propone un mayor protagonismo del Estado en la regulación de ingresos y el mercado laboral. Los datos reflejan un cambio de clima en la opinión pública, donde el deterioro del entramado productivo empieza a pesar tanto como la inflación en las demandas sociales.
Con una industria en retroceso, empleo formal en caída y sin motores claros de recuperación en el corto plazo, el debate sobre el rumbo económico suma un nuevo eje: cómo reconstruir el tejido productivo sin profundizar la crisis social.
Con información de Ámbito
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